Se han dado a conocer sobradas evidencias de que hubo manifestantes en el disturbio del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Washington DC que cometieron delitos que deben ser castigados. Se han publicado videos donde se observa a algunos rompiendo ventanas y realizando algunos otros actos de violencia contra la propiedad y 
allanamiento del recinto legislativo.
Sin embargo, los acusados debieran contar con todas las garantías procesales, sobre todo porque algunos pueden ser inocentes y otros tener circunstancias atenuantes. En todo caso, debiera habérsele aplicado a todos el recurso de habeas corpus, haberle dado a la mayoría de ellos la opción de libertad bajo palabra mediante fianza y, además, haber cumplido y seguir cumpliendo 18 meses después la obligación de una investigación imparcial a fondo de todos los aspectos de lo sucedido para desenmascarar a quienes fueron los verdaderos responsables y por qué.
Es lamentable y muy peligroso para la estabilidad de una sociedad basada en la ley y el orden que los fiscales que representan al pueblo americano ante la ley utilicen evidencias parciales contra los detenidos, ocultando otras evidencias, con el propósito de condenar a toda costa a sus acusados. Peor aún, cuando algunos jueces han permitido y siguen permitiendo esas tácticas en los tribunales que presiden.
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