Desde esas protestas en 2021 se ha comprobado un total de 1,235 prisioneros políticos, algunos de los cuales han sido desterrados y otros tienen un régimen de libertad condicional.
La Habana, Julio 1.– Desde el 1 de julio de 2021 hasta el 30 de junio de 2022 han sufrido prisión política en Cuba un total de 1.235 ciudadanos cubanos. Todos ellos han sido torturados, como demostró el estudio pormenorizado de 101 casos aleatorios denunciado por Prisoners Defenders ante el Comité Contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT) y los reproches públicos del CAT tras las denuncias de la sociedad civil, que se materializaron en su informe posterior de mayo sobre la situación de la tortura en Cuba.
El Informe del Comité de los Derechos del Niño, este pasado junio, también confirmó que numerosísimos niños y niñas han sido detenidos y condenados a durísimas penas por ejercer su libertad de manifestación y “asociación”. 
En este momento concreto, con cierre de datos a fecha 30 de junio de 2022, la listae prisioneros políticos de Cuba contiene un total de 999 prisioneros políticos y de conciencia sufriendo condenas judiciales, así como también disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna, en flagrante violación de la ley internacional y el debido proceso.
A UN AÑO DEL 11 DE JULIO, ¿QUÉ FUE Y HA SUPUESTO EL #11J EN CUBA?
El 11 de julio de 2021 pasará a la historia de Cuba. Jamás desde 1959 había habido una manifestación popular de cientos de miles de personas contra el gobierno por todo el país. Fue desencadenada por la salida a las calles de cientos y más tarde miles de personas, comenzando en San Antonio de los Baños, una localidad cercana a la Ciudad de La Habana y extendiéndose como reguero de pólvora por casi todas las ciudades y pueblos importantes de Cuba.
Al verse las imágenes en las redes sociales, pronto decenas de poblaciones en toda Cuba salieron también a la calle. Cientos de miles de personas alzaban su voz pacífica por los derechos humanos más básicos. Todos se unían: familias enteras, niñas/os, madres, padres, embarazadas... Muchas personas lloraban de alegría, mientras caminaban, al ver que pueblos enteros salían del silencio y el miedo de 63 años de desgracias y privación de derechos.
Lo que ese pueblo no esperaba es que Miguel Díaz Canel, un civil, daría en televisión la orden de ir “al combate” a los miembros del partido, funcionarios, empleados públicos, y a todo el ejército y fuerzas de Seguridad del Estado, que salieron a las calles de paisano -tras cortar el Internet en la isla- con bates de béisbol, barras de hierro, de madera, y armas. Llegaban en autobuses, vestidos de civil y armados. Detuvieron a más de 5.000 personas lanzándolos a camiones, apaleándolos y esposándolos uno tras otro, hacinándolos en cuarteles inmundos en pleno Covid, insultándolos, humillándolos y obligándoles a decir “Patria o Muerte” bajo cumplidas amenazas ser golpeados. La razzia de detenciones continuó con la confiscación y revisión todos los teléfonos móviles de los manifestantes y la inspección minuciosa de las redes sociales, buscando rostros indiscriminados de manifestantes y arrestando día tras día, en total, a más de 5.000 personas pacíficas.
Por muchas horas, días o semanas, todos los detenidos desaparecieron. Naciones Unidas, tras la denuncia de Prisoners Defenders, reclamó por 187 presuntas desapariciones forzadas tan sólo al tercer día. Las madres hacían cola buscando a sus hijos en las comisarías. El régimen impuso medidas cautelares de prisión provisional o domiciliar para casi 2.000 civiles sin tutela judicial alguna y sin la defensa de abogados, que en Cuba no existen como tal, pues lo que existe es una suerte de funcionarios del Estado que dependen del Ministerio de Justicia y lógicamente son una caricatura respecto a los mínimos legales para considerarlos abogados, como ya ha sentenciado el Grupo de Trabajo para la Detención Arbitraria en sus dictámenes 63/2019 y 63/2021, refrendados por el Comité Contra la Tortura en su informe de mayo.
Enseguida llegaron los procesos judiciales sumarios por atestado directo, donde policía y juez resuelven todo en 72 horas sin presencia de abogado ni posible proposición de pruebas o principio de contradicción. También llegaron más tarde los juicios ordinarios para los castigos más graves, de hasta 30 años de prisión. Los abogados, del Estado; los fiscales y jueces, del gobierno; los testigos, todos, funcionarios y policías; los juicios, a puerta cerrada, militarizados y atestadas las salas de agentes de las fuerzas del estado, pero sin los familiares, limitados a uno de ellos -la madre o el padre, ambos en contadas ocasiones- y negando la presencia de diplomáticos u organizaciones de derechos humanos. Las penas de lustros se amañaban con testigos falsos que se equivocaban al señalar a los acusados, mientras se negaba la proposición de testigos a éstos.