An attempt to depose the dictator appears to have failed. Try again!
Caracas, May 2.– April 30th, dawned promisingly in Venezuela. Juan Guaidó, acknowledged as the country’s interim president by many democracies and millions of Venezuelans, appeared outside an air-force base in Caracas flanked by national guardsmen to declare that the end of the dictatorship was imminent. By his side was a leader of the opposition, Leopoldo López, who had somehow been freed from house arrest. His presence, and that of the guards, suggested that Venezuela’s security forces were ready at last to withdraw their support for Nicolás Maduro, who has ruled his country catastrophically and brutally for the past six years.
Thus began two days of rumour, intrigue and violence (see article). As The Economist went to press the regime was still in charge and the generals were proclaiming their loyalty to it. Mr Maduro had appeared on television to declare that the “coup-mongering adventure” had failed. Yet this week’s events reveal that his hold on power is weaker than he claims. Mr Guaidó, the United States, which supports him, and the commanders of Venezuela’s security apparatus must work together to put an end to it.
Venezuela es un estado fallido controlado por un grupo criminal vinculado al narcotráfico y al terrorismo transnacional. Ese grupo ha usurpado las instituciones, desmantelado la democracia, arrebatado la soberanía al pueblo, e instaurado un régimen de terror. Comete de forma continuada crímenes de lesa humanidad, como son la tortura y el genocidio por la actual hambruna y desastre humanitario que azota a la población. La inseguridad ciudadana sumada a la represión política ha dejado en 2018 más de 24.000 muertes violentas –sin contar los miles que han muerto de desnutrición y por la falta de medicinas– equiparándose en el mismo periodo a la suma de las ocurridas en Afganistán, Siria e Irak. El éxodo de tres millones de personas es comparable al de Siria. Una catástrofe regional fabricada.
Ha entregado la independencia nacional a Cuba que ha establecido allí un modelo moderno de dominación colonial. También ha cedido territorios a grupos criminales extranjeros (FARC, ELN, Hezbollah) en los que se han instalado laboratorios para la producción de drogas. Desde Venezuela el ELN dirige su lucha armada contra el estado colombiano y planifica acciones terroristas como el reciente atentado contra la academia de policía en Bogotá. Las drogas producidas de forma masiva en esos territorios son luego traficadas a países, como Estados Unidos y algunos miembros de la Unión Europea, donde cada año mueren personas por su uso y donde las bandas distribuidoras contribuyen a elevar los índices de criminalidad. El narco estado es también responsable del éxodo masivo de más de tres millones de personas que hoy desestabiliza la región económica y socialmente, y genera el peligro de una pandemia.
La situación en Venezuela, por lo tanto, no tiene precedentes. No estamos en presencia de un estado independiente y soberano que controla el territorio nacional, protege el bienestar y seguridad de sus ciudadanos y vive en paz con sus vecinos. Las instituciones del estado han sido transformadas en ejecutoras de una empresa criminal.
¿Qué instrumentos tiene la comunidad internacional frente a esa situación?
Nueva York, Feb.28.– Estados Unidos y Rusia, enfrentados sobre Venezuela, someterán a votación en el Consejo de Seguridad de la ONU este jueves dos proyectos de resolución radicalmente diferentes: Washington reclama elecciones presidenciales y el ingreso de ayuda humanitaria, mientras Moscú se inquieta por amenazas del uso de la fuerza y urge a respetar la soberanía venezolana.
Los proyectos serán sometidos a votación a las 09H30 (15H30 GMT). El texto estadounidense obtendrá posiblemente los nueve votos necesarios -de un total de 15- para ser aprobado, pero será vetado por Rusia y China, que apoyan al gobierno de Nicolás Maduro, dijeron diplomáticos.
