Venezuela / Venezuelan Affairs

Ayer y hoy los enemigos de la democracia y la libertad son el desaliento y la desunión 

Con el incidente comicial del 21N finaliza otra etapa de nuestra dramática y triste historia reciente. Preparado y ejecutado a placer por la dictadura, con el propósito de maquillarse con un toque de legitimidad y democracia, como consecuencia de su narco criminal actuación, el proceso del pasado domingo 21 fue una manipulación cantada hace ya tiempo.

Más allá del lógico y necesario estudio, una vez se conozcan las “cifras oficiales” -plenamente conscientes de la capacidad de la dictadura para retocar, manipular y falsear la voluntad popular para su ventaja- podemos adelantar a partir del resultado preliminar conocido a medianoche del domingo 21, que aún dando por exactas y buenas esas cifras, el régimen obtuvo solo el 32 % de los votos emitidos, vale decir que las opciones de la alternativa democrática obtuvieron el 68 %. El 32 % de los votos emitidos y escrutados corresponde apenas al 15 % del total de los electores, de modo pues que según las propias cifras del régimen, este solo contaría con el 15 % del respaldo popular.

No obstante, hay análisis colaterales que deben enfrentarse sin complejos, con propósito de enmienda y contrición de corazón. Sabemos que la noción de contrición (del vocablo latino contritio) alude al arrepentimiento que experimenta una persona cuando siente que actuó de manera indebida, e implica tres actos de la voluntad, no del sentimiento o de la sensibilidad: dolor del alma, aborrecimiento del pecado y propósito de enmienda, de no volver a pecar en adelante, intención que conlleva implícito el deseo de cambiar de vida y de evitar el mal realizado o el hábito malo que se ha contraído. Si no existe deseo de cambio o propósito de ser mejor en adelante, es decir conversión y cambio de vida, es señal de que no hay verdadero arrepentimiento. Hay que enfocarse en no recaer en los pecados cometidos, si es que se quiere obtener el perdón, entiéndase conquistar la democracia y la libertad.

Visto el evento del 21N desde esta óptica, la dictadura actuó según lo planificó y estipuló en su libreto, consiguiendo en primera instancia su objetivo de realizar unas elecciones con observación internacional, aunque en paralelo haya utilizado de manera desfachatada cuanto malamaña tecnológica, subterfugio o acción de fuerza tuvo a la mano, entiéndase policía, Fuerza Armada y colectivos, para doblegar al elector y proceder luego a la asignación de ganadores, de acuerdo con estratagema y logística trazada con antelación.

 La Haya, Nov.20.– El fiscal del Tribunal Penal Internacional, Karim Ahmad Khan (en la foto), así lo anunció en una reciente visita a Venezuela en la que ordenadamente notificó esa grave decisión al gobierno que hoy encabeza Nicolás Maduro.

Maduro, por su parte, aseguró que respetará esa decisión, que dijo expresamente no compartir y que colaborará con la investigación que ya se ha abierto, en busca de determinar la verdad de lo sucedido.

Los venezolanos en la diáspora tenemos pleno derecho a la “participación política” en nuestro país y al protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía, y lo vamos a ejercer. En defensa de nuestros derechos es el título que dimos al documento que 45 organizaciones de la sociedad civil venezolana, desde distintos países de las Américas y Europa, suscribimos el pasado 23 de julio, víspera de la conmemoración del Natalicio de El Libertador. Allí anunciamos que comenzaríamos a actuar ya, “tomando la decisión de organizarnos para concretar nuestra participación” en la vida política de Venezuela, en sus elecciones de carácter nacional, “en referendos, en consultas populares o en cualquier otro medio de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su soberanía”.

Hemos decidido constituir una Plataforma Internacional por Venezuela para desde ella, de manera organizada y sistemática, con participación de todas las organizaciones de la sociedad civil venezolana en la diáspora que así lo deseen, así como con la decidida actuación de personalidades comprometidas con la defensa de nuestros derechos políticos y civiles, avanzar en la puesta en marcha de una ONG con sede en el Estado de Florida, Estados Unidos, con proyección continental y mundial, para asegurar y hacer viable la participación de los venezolanos en el extranjero en el acontecer político nacional, y lograr el restablecimiento de un sistema democrático regido por los cánones de la Declaración de los Derechos Humanos.

Desde VenAmérica hemos promovido esta idea, habiendo encontrado tierra fértil en hermanos venezolanos que se encuentran por igual en la casa grande, Venezuela, o esparcidos por el mundo. Nos alegra estar coincidiendo con otros que junto con nosotros, o tal vez incluso antes, han pensado en idénticas o semejantes acciones, marchando ahora juntos en el propósito de defender nuestros derechos.

 El sueño dorado de Hugo Chávez, de cortar todas las comunicaciones con el exterior, ya es una orden del dictador Nicolás Maduro y se cumplirá en los próximos días gracias a las manipulaciones de la CANTV, Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela, cuyo irónico slogan es “trabajamos para mantenerte conectado”.

Las redes sociales van a ser las más perjudicadas en la nación bolivariana y hay temor que, al desaparecer, quede cortado todo contacto con el exterior además de la telefonía, internet, televisión, data y otros.

CHÁVEZ

CANTV, que cumplió 90 años de “servicio” fue el proyecto mimado de Hugo Chávez, quien durante su administración nacionalizó la empresa y el servicio eléctrico del país.

Chávez lanzó durante su gobierno una ley para controlar internet y las redes sociales.
Miraflores prohibió -como primera medida- la difusión de textos, sonidos e imágenes que perjudicaran al mandatario venezolano y obligó a las compañías a contar con mecanismos para las restricciones.

Los aspectos que atacó el proyecto son “aquellas informaciones que puedan constituir manipulaciones mediáticas dirigidas a fomentar zozobra en la ciudadanía o alterar el orden público. Los que estén destinados a desconocer las autoridades legítimamente constituidas, irrespetar a los poderes públicos o personas que ejerzan dichos cargos”.

El proyecto estableció que “los proveedores de servicios de internet deberán colocar mecanismos que permitan restringir, sin dilaciones, la difusión de mensajes y acceso a portales divulgados”.

Consecuencia de Wikileaks