Venezuela / Venezuelan Affairs

El reciente anuncio del gobierno de Donald Trump revocando el Estatus de Protección Temporal (TPS) para los venezolanos que obtuvieron ese beneficio en 2023, ha generado un impacto notable en el seno de la migración venezolana residente en EEUU y a nivel planetario.

De acuerdo con la secretaria de Seguridad Nacional Kristi L. Noem, se trata de aproximadamente 350.000 venezolanos que quedarán desprotegidos ante una posible deportación de Estados Unidos 60 días después de que el gobierno publique oficialmente su suspensión, agregó ese periódico. La intención de esta medida presume que un segundo lote de connacionales de aproximadamente 250.000 amparados por el TPS desde marzo 2021, pudiera verse afectado al concluir la vigencia del ultimo lapso acordado para septiembre 2025.

Estos datos son significativos al registrarse una población migrante venezolana de aproximadamente un 1.100.000, quienes permanecen actualmente en territorio norteamericano, cifra que representa el 12% del éxodo criollo a nivel global donde resalta la presencia de 6 millones solo en Suramérica y de 9 millones a nivel mundial.

 Así también es necesario destacar que la intención de etiquetar a la población migrante venezolana con las fechorías del Tren de Aragua, es una calumnia que no se corresponde con la realidad de una diáspora calificada en forma mayoritaria por sus reconocidos niveles de profesionalismo, buena conducta y de altos valores democráticos.

En la actualidad el volumen migrante que registra nuestro país representa el mas alto a nivel global según cifras de la ACNUR, organismo especializado de la ONU para este sector de población vulnerable objeto de su atención permanente.

En nuestra historia del siglo XX se observa un criterio compartido al definir al régimen perejimenista como una dictadura, ese nivel de acuerdo todavía no se visualiza en la oposición venezolana, en torno a la caracterización del mandato madurista, a pesar de su robo a las elecciones presidenciales el pasado 28-J 2024 y del golpe de estado perpetrado el pasado 10-E 2025.

Ambos asaltos contra el estado de derecho ha sido acompañado con la detención y condena a miles de opositores, al asesinato de decenas de ciudadanos, al acoso y persecución a familias en un estilo cercano a la Sippenhaft, conocido como un concepto jurídico establecido en el Tercer Reich, según el cual un acusado de crímenes contra el Estado extendía automáticamente su responsabilidad penal en igual medida hacia sus parientes, de modo que tales familiares del acusado eran considerados igualmente culpables, arrestados y en algunos casos también condenados a muerte por el delito que cometió su pariente acusado.

Ese nivel de discrepancia ha estado presente durante el siglo XXI al convertirse en evidente la deriva dictatorial desde los inicios de la gestión madurista desde 2013, cobrando más relevancia ante la dimensión de las felonías del régimen en el último semestre cuando el país vive inmerso de facto en un estado de sitio.

 Estos desacuerdos han generado numerosos descalabros en las acciones opositoras, que conocieron victorias y luego dolorosas decepciones en la sufrida población, como en los señalados eventos de las elecciones a la Asamblea Nacional en 2015, luego con el interinato fallido de Juan Guaidó y ahora amenaza la victoria popular del 28-J.

Por todos es conocido que la oposición en nuestro país y en la diáspora identifica a las diferentes expresiones del espectro político y social nacional, quienes por primera vez en el siglo XXI lograron milagrosamente ponerse de acuerdo en 2024, en torno a un solo candidato a presidente de la república en la persona de Edmundo González Urrutia.

Para concretar ese gran acuerdo nacional de una dimensión extraordinaria se debió superar numerosas emboscadas, apartar sigilosamente la paja del trigo, para que finalmente el poder electoral y su organismo el CNE no tuviera más excusas que inscribir al candidato a la postre triunfador el pasado 28-J, aun así el régimen le dio curso a candidatos de circo y oropel identificados como opositores para confundir a la ciudadanía, que no dudó en desecharlos con el peyorativo de “alacranes” y aventarlos al muladar de la historia.

Ahora bien, todo este titánico esfuerzo liderado por María Corina Machado por años, se pretende ahora desacreditarlo al no concretarse la toma de posesión de EGU el pasado 10 de enero bajo la excusa de no haber cumplido la promesa de “Hasta el final”, como si el fin de la historia de Venezuela concluye con la tétrica toma de posesión, que en realidad fue un ejercicio de usurpación del tirano Maduro.

Desde ese día profusamente han circulado hasta el presente por las redes sociales toneladas de mensajes de corte apocalíptico, citando el supuesto "fracaso rotundo" de MCM y EGU colocándoles una lápida en el cementerio de los fracasos opositores, de los cuales conocemos suficiente a lo largo de este cuarto de nuevo siglo.

Debo manifestar que la impaciencia no es el mejor argumento para el análisis político, quienes integran a esa nueva tribu de los “te lo dije que eso pasaría” calificándose como los nuevos gurús de la política nacional, al devenir en una suerte de inquisidores de quienes han acertado en su lucha contra el régimen tiránico.

La investidura de un mandatario nacional reconoce en cualquier latitud del planeta la oportunidad para reafirmar el avance o retroceso del sistema democrático en cada país, en un mundo donde cada vez es más notoria la diferencia entre regímenes de corte dictatorial y sistemas políticos que reconocen los valores humanos de la modernidad.

En un planeta que sobrevivió en el siglo XX a dos guerras mundiales que pudieron llevar a la humanidad a la edad de piedra, que superó la estafa histórica del estalinismo en la URSS y países integrantes del Pacto de Varsovia, pensábamos que facilitaría para el siglo XXI el advenimiento de procesos civilizatorios que profundizaran las conquistas democráticas labradas en los últimos 250 años.

Pronto la realidad nos ha hecho aterrizar ante las evidencias que presenciamos en este primer cuarto de siglo, convivimos en un planeta donde conocemos como en la UE los mandatos se suceden sin complicaciones, al alternarse en el poder conservadores socialcristianos, socialdemócratas, liberales, sin el estigma de la descalificación, como sucedió en Alemania donde la CDU de Angela Merkel entregó el poder a la coalición semáforo integrada por liberales, verdes y socialistas, y fuera de la UE en Inglaterra los conservadores entregaron civilizadamente el poder a los laboristas de Starmer.

Por otro lado, conocemos la otra vertiente planetaria, la versión autoritaria del ejercicio del poder caracterizado por sostenerlo a toda costa y rechazar la alternancia como son los casos de Rusia, Irán, China, Turquía, Bielorrusia, Corea del Norte, Cuba y Nicaragua como casos más notorios.

En América Latina pasamos de un siglo XX donde el “paraíso de las dictaduras gorilas” fue superado a finales de siglo y en el siglo XXI, en un continente que ha reconocido la sucesión de gobiernos democráticos de diferente corte ideológico, como han sido las experiencias de Chile, Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, México, Panamá, entre los casos más resaltantes.