Ago. 10 (DPnet).– No es cierta la historia de que Evo Morales es propietario de más de 100,000 hectáreas de plantaciones de coca, como se ha estado difundiendo últimamente en diversos medios. Lo que sí es cierto se refiere a que durante su presidencia, en marzo de 2017, aumentó por decreto presidencial de 12,000 a 22,000 las hectáreas de cultivo legal de coca. 

También es cierto que ha dominado el sindicalismo cocalero (con más de 35,000 miembros) la mayor parte de este siglo. Además, según el Vicemisnisterio de Defensa Social, se calcula que hay más de 18,000 hectáreas de cultivo ilegal de coca que seguramente está orientado al narcotráfico y se concentran en las zonas de Trópico de Cochabamba (región del Chapare) y de los Yungas de La Paz. 

Asimismo, preocupa a las actuales autoridades bolivianas el avance de estos sembradíos ilícitos dentro de parques nacionales y áreas protegidas del país, como el Parque Nacional Cotapata y el TIPNIS. Aunque Evo Morales no ha sido condenado ni juzgado por tener vínculos directos con el cultivo ilegal o con el narcotráfico, se reconoce que, sin embargo, su rol político y sindical lo sitúa en el centro de una persistente controversia sobre el desvío de estos cultivos hacia fines ilícitos.

Rosario Murillo y Daniel Ortega han cancelado indefinidamente las elecciones en Nicaragua, en una movida antidemocrática. En respuesta, Estados Unidos, junto con otros países, ha impulsado una iniciativa crucial en un foro continental, instando a todos los cancilleres latinoamericanos a unirse para condenar el flagrante menosprecio de la dictadura nicaragüense por los principios democráticos.

Lula abraza a Ortega y lo defiende ante la OEA

Washington DC, Ago.10 (DPnet).— A excepción de Brasil, todos los miembros de la OEA se han unido para respaldar una decisión fundamental: convocar una Cumbre de ministros de Relaciones Exteriores de América Latina. Este encuentro tiene como objetivo condenar enérgicamente la suspensión injusta y definitiva de las elecciones en Nicaragua, una medida impuesta hace casi tres semanas por la dictadura liderada por Rosario Murillo y Daniel Ortega.

Esta crucial iniciativa diplomática, impulsada por Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, contó con el apoyo unánime de todos los miembros de la OEA, salvo Brasil. Tal respaldo mayoritario subraya la urgencia de la situación.