Ago. 10 (DPnet).– No es cierta la historia de que Evo Morales es propietario de más de 100,000 hectáreas de plantaciones de coca, como se ha estado difundiendo últimamente en diversos medios. Lo que sí es cierto se refiere a que durante su presidencia, en marzo de 2017, aumentó por decreto presidencial de 12,000 a 22,000 las hectáreas de cultivo legal de coca.
También es cierto que ha dominado el sindicalismo cocalero (con más de 35,000 miembros) la mayor parte de este siglo. Además, según el Vicemisnisterio de Defensa Social, se calcula que hay más de 18,000 hectáreas de cultivo ilegal de coca que seguramente está orientado al narcotráfico y se concentran en las zonas de Trópico de Cochabamba (región del Chapare) y de los Yungas de La Paz.
Asimismo, preocupa a las actuales autoridades bolivianas el avance de estos sembradíos ilícitos dentro de parques nacionales y áreas protegidas del país, como el Parque Nacional Cotapata y el TIPNIS. Aunque Evo Morales no ha sido condenado ni juzgado por tener vínculos directos con el cultivo ilegal o con el narcotráfico, se reconoce que, sin embargo, su rol político y sindical lo sitúa en el centro de una persistente controversia sobre el desvío de estos cultivos hacia fines ilícitos.
Sus críticos alegan que en su capacidad como Presidente de las federaciones del Chapare puede inducirse que ha tenido relación directa con los cultivos ilegales en esa zona. El Chapare se ha convertido en el nuevo Sinaloa de Bolivia. El narcotráfico convertido en un poder paralelo, la ausencia casi total de presencia policial y la figura de Evo Morales dominan esta región sin ley. Además, durante su mandato presidencial, Morales defendió vehementemente el uso tradicional, medicinal y cultural de la hoja de coca. Bajo esta premisa, promulgó en 2017 la Ley 906 (Ley General de la Coca), la cual incrementó la superficie de cultivos legales. En cuanto a los cultivos ilegales, no hay record alguno de que los haya combatido.
El Chapare, una región en la que Evo gobierna.
El propio Morales ha reconocido públicamente en diversas ocasiones que una porción de la hoja de coca producida, especialmente en la región del Chapare —que él controla—, es desviada de los mercados legales hacia los mercados ilegales del narcotráfico. No obstante, siempre ha argumentado que la responsabilidad recae sobre los consumidores de drogas, desligando a los cultivadores de la actividad criminal y afirmando que "son campesinos pobres que necesitan esos cultivos para subsistir", pero sin reconocer que es una actividad ilegal.
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