La vigilancia digital en Cuba no es un fenómeno aislado, sino una política estructural de control estatal que se ha intensificado con la expansión del acceso a Internet y las tecnologías de la información, sin que ello haya venido acompañado de garantías democráticas, marcos efectivos de protección de derechos digitales ni controles judiciales independientes. El Primer Informe Integral sobre Vigilancia Digital en Cuba, documenta, a partir de 200 declaraciones válidas recogidas entre el 28 de noviembre de 2025 y el 5 de enero de 2026, un aparato de control y coerción digital centralizado, apoyado en ETECSA (monopolio estatal de las telecomunicaciones), el uso combinado de herramientas tecnológicas y marcos legales restrictivos, y prácticas de vigilancia e intrusión que derivan en represión y autocensura, afectando tanto a las personas dentro de la isla como, de forma indirecta, a la diáspora a través de represalias contra familiares.
En Cuba no solo existe miedo a publicar, sino incluso a hablar por cualquier medio de comunicación personal. Este informe expone, con un nivel de detalle y escrutinio sin precedentes, la operativa de este sistema de vigilancia y control, a partir del análisis metódico de cientos de declaraciones y testimonios directos de ciudadanos cubanos, y examina sus implicaciones a la luz de los estándares internacionales de derechos humanos aplicables al entorno digital.
Represalias, citaciones y contenido mencionado
El informe de denuncia documenta que la casi totalidad de los declarantes/denunciantes, el 98,50% (197 de 200) ha sido o sancionado (penalmente, administrativamente o de facto), o citado o amenazado, o bien él mismo o su familia, en relación con sus publicaciones y/o comunicaciones telefónicas o digitales.
La vigilancia digital se manifiesta de manera sistemática y con una amplísima cobertura. El 88% de los declarantes/denunciantes manifiestan que las autoridades cubanas mencionaron o reprocharon sus publicaciones o mensajes digitales como causa de procesos de citación, detención e interrogatorios.
La vigilancia no se limita a contenidos públicos. Un 46,50% de los declarantes/denunciantes, 93 de 200, declara que sus comunicaciones privadas de mensajería fueron intervenidas y mencionadas por las autoridades en procesos de interrogatorio, amenazas, citaciones y detenciones, sin su conocimiento ni tutela judicial alguna
Cortes y bloqueos de conectividad
La vigilancia digital opera además en un entorno de conectividad intervenido y manipulado estructuralmente. Sólo un 5% de los declarantes/denunciantes, afirmó no haber experimentado anomalías en su conexión.
El 77,50% reportó cortes selectivos de Internet personalizados para ellos mientras otras personas seguían teniendo acceso normal, particularmente en contextos de protesta o actividad política.
Igualmente, el 63,00% reportó bloqueos selectivos de servicios diversos de mensajería y/o páginas web a las que no se puede acceder en Cuba salvo mediante servicios de VPN.
Vigilancia física posterior y represalias contra familiares
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