Columnistas invitados/Guest columnists

Entre los derechos más importantes que integran la Constitución de Estados Unidos figura el derecho a tener un juicio amparado por todas las garantías procesales (fair trial) cuando el acusado tiene que enfrentar cargos ante un tribunal. Esto implica que el acusado sea considerado inocente hasta que se le prueba la culpabilidad "sin lugar a dudas". Por eso, en los casos criminales, se le exige al jurado unanimidad, ya sea para declarar "culpable" o "inocente" al acusado. Cuando no se logra la unanimidad del jurado en un caso criminal, el juicio se anula y, en la mayoría de los casos, debe convocarse a otro juicio con nuevos jurados. En algunas localidades se permite que el jurado presente una lista de preguntas para que se les dé respuesta en una audiencia posterior y puedan así llegar a un veredicto antes de declarar el juicio nulo si todavía no logran la unanimidad.

Este sistema obliga a los fiscales a exigir pruebas comprobables por parte de los investigadores para proceder a llevar a juicio a un acusado. Además, las garantías procesales implican también los derechos a tener un abogado (aun si no puede sufragar su costo), a un juicio público y sin demora, a no utilizar pruebas incautadas ilegalmente (sin una apropiada orden del tribunal), a no enfrentar confesiones obtenidas ilegalmente o bajo coacción, a no exigir la autoincriminación bajo juramento (porque podría ser coaccionada), etc.

Sin embargo, estos requisitos no agotan las garantías procesales sino que un debido proceso legal requiere que los procedimientos sean justos aunque la equidad sea un concepto relativo, no absoluto, porque lo que es justo en un conjunto de circunstancias puede ser un acto de tiranía en otros. Por consiguiente, aplicadas estas consideraciones a un juicio penal, la denegación del debido proceso es el incumplimiento de esa equidad fundamental esencial para el concepto mismo de justicia. Para declarar la anulación de un juicio y dejar en libertad al acusado sin juicio, la Corte debe encontrar que la ausencia de esa equidad infectó fatalmente el proceso; es decir, los actos denunciados deben ser de tal calidad que impidan necesariamente un juicio justo. 

A longstanding legal rule tells us that because the Constitution lists the federal government’s powers, any power not on the list is denied.

"

One of the Constitution’s most important features—limits on the central government—has been the target of a propaganda campaign for many decades.

“Progressive” commentators in politics, academia, and the media claim these limits impede creative and effective solutions to social problems. Over the years, they’ve enlisted many issues to promote their cause:

“We can end poverty only through bold federal initiatives!”

“To save the planet, we need more federal regulation!”

“The path to college affordability is for the federal government to pay full tuition!”

“The way to jump-start the economy is through massive federal stimulus spending!”

Other issues on the list have included civil rights, consumer protection, inequality, K-12 education, climate change, racism, and “crumbling infrastructure.” Whatever the malady, the prescription—federal action beyond what the Constitution authorizes—is always the same.

Just for once, I’d like to hear one of the propagandists admit that, in retrospect, too much federal intervention made a problem worse. They would have a lot of examples to choose from, but I don’t ever expect to hear it.

Unfortunately, the campaign to persuade Americans that the federal government is and should be omnipotent has enjoyed great success. One reason is that public school civics education often misrepresents the Constitution’s meaning and the reasons behind that meaning. This essay helps fill the gap by explaining how the Constitution confines federal power and why it does so.

El Premio Nobel de Economía de 1970 fue un sintetizador neoclásico y un estatista adversario del libre mercado.

Paul Anthony Samuelson fue el economista y académico estadounidense más conocido e influyente durante el siglo XX. De origen judío, se le puede considerar uno de los fundadores de la escuela neokeynesiana.

Discípulo de los economistas británicos Alfred Marshall y John Maynard Keynes, pero también de Joseph Schumpeter, uno de los integrantes del jurado en la presentación de su tesis de doctorado en Harvard. En dicho centro universitario fue impactado también por las ideas de Alvin Hansen, el llamado Keynes de los Estados Unidos.

Samuelson fue uno de los últimos generalistas en el campo de las ciencias económicas en un mundo caracterizado por la especialización.

Nació en Gary, Indiana, Estados Unidos, el 15 de mayo de 1915. Sus padres fueron Frank Samuelson, un farmacéutico de ascendencia judía y Ella Lipton procedente de una familia de industriales. En fin, que creció en una condición económica acomodada. Con su esposa Marion Crawford tuvo seis hijos, incluso trillizos.

No hay que andar con medias tintas para opinar sobre el proceso electoral peruano de cara a la recta final de la segunda vuelta a celebrarse el próximo 06/06/2021, al percibir que en torno al país inca se cierne una de las mayores amenazas conocidas en la historia de América Latina, qué de triunfar, pudiera superar el apocalipsis presente del pueblo venezolano, al presentarse un candidato arropado por variantes ideológicas del estalinismo, como lo son el maoísmo y el castro guevarismo.

En efecto, tras la facha campesina redentora de Pedro Castillo se disfraza el pasado terrorista que sacudió al Perú en los últimos 20 años del siglo XX, representados en el Movimiento maoísta Sendero Luminoso de Abimael Guzmán, alias el Camarada Gonzalo, y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) de orientación castrista guevarista, liderada por el guerrillero Víctor Polay, cuyas acciones derivaron en la muerte de más de 70.000 personas, víctimas de las aventuras terroristas de ambas agrupaciones, ya que estas asesinaban a campesinos, dirigentes políticos, sindicalistas y a civiles en general al sentenciarlos como simpatizantes del gobierno constitucional de turno e igualmente destruían infraestructura nacional de servicios.

La operación se diseñó a partir de la creación de una organización fachada de Derechos Humanos, el Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF) en 2009, cuya relación directa con el fundador de Sendero Luminoso se reafirma desde 2014, a tal punto que el entorno de MOVADEF está infestado de senderistas, quienes operaron desde allí para hacerse del control del sindicato de maestros, de donde proviene el candidato presidencial de marras líder de la huelga nacional de maestros de 2017.