Derechos Humanos / Human Rights

El máximo órgano judicial frena la decisión de Morales, que pretendía expulsar a la misión de diplomáticos que lucha contra la impunidad en el país desde 2007

Ciudad Guatemala, Ene. 9.– Una vez más, la Corte de Constitucionalidad (CC) enmendó la plana al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, y le impidió expulsar del país a la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG), un órgano de la ONU que se encarga de investigar los casos de corrupción. Tras ocho horas de deliberaciones, el Pleno de Magistrados de la CC aprobó por mayoría y con el único voto disidente de la Presidenta, Dina Ochoa, "dejar en suspenso" la decisión de Morales de dar por terminado de manera "anticipada y unilateral" el acuerdo entre la ONU y el Gobierno de Guatemala relativo al establecimiento de la CICIG.

De esta manera, la CC otorgó cinco amparos provisionales solicitados por abogados y por la Procuraduría de los Derechos Humanos en contra del Presidente de Guatemala, la ministra de Relaciones Exteriores, Sandra Jovel, y el Congreso, que pretendían expulsar a la CICIG del país bajo el argumento de que ha "vulnerado los derechos humanos" de guatemaltecos y extranjeros a través de su "Justicia selectiva".

Bruselas, Nov.30 (DP.net).– La Internacional Demócrata de Centro (IDC-CDI) aprobó el lunes 26 de noviembre una resolución basada en el proyecto presentado por el Partido Demócrata Cristiano de Cuba (PDC) y el Movimiento Cristiano Liberación (MCL), en la que denuncia el aumento de la represión en Cuba desde que Miguel Díaz-Canel asumió la presidencia y critica al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, por no reunirse con la oposición en su reciente viaje a la isla.

Según un comunicado, el texto de la resolución fue respaldado por “unanimidad” por los líderes de IDC-CDI reunidos en Sal (Cabo Verde). El comunicado agrega que el presidente de la IDC-CDI y expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, lamentaron la creciente falta de libertades en Cuba y dijo que “desde que Díaz Canel está al frente del régimen castrista ha aumentado el número de detenciones arbitrarias”, además de señalar que “sólo en el mes de octubre 200 personas fueron perseguidas por el hecho de expresar sus opiniones”.

La resolución exige, entre otras cosas, la inmediata liberación “sin condiciones” de todos los presos políticos en Cuba y “el cese de los hostigamientos a opositores y disidentes”.

Una publicación de Facebook se hizo viral cuando se mencionó el "terrible" comportamiento que están teniendo integrantes de la caravana migrante.

"Son personas que están exigiendo cosas a diestra y siniestra. Tienen una carpa con toda la ropa donada, les dieron demasiado ropa, la mayoría nueva, pero no les importa si es nueva; ellos quieren ropa de marca ...", confiesa una Asistente Social voluntaria.

 

 

Tijuana, Nov.29.– Miles de usuarios manifestaron su opinión a través de redes sociales sobre la llegada de la caravana migrante. En específico, existe una publicación de Facebook de una joven que asegura haber tenido una experiencia "terrible" cuando asistió a brindar un servicio de limpiezas dentales por parte del gobierno de la Ciudad de México.

Una mujer asistente social y dentista, escribió un post de la famosa red social y expresó la "terrible" experiencia que tuvo cuando fue enviada a brindar servicios de su carrera a integrantes de la caravana migrante.

Isa R, menciona que hay otro lado de la historia que no se menciona.

Cuba Archive has published on its website a report entitled "How many political prisoners are there in Cuba?" Following is a summary of the 4-page report (see the report for details and sources). 

Files recovered from the former Stasi, political police of the communist German Democratic Republic, indicate there were 18,000 prisoners in Cuba in 1965 and 3,300 in 1978. The Mitrokhin archives of the former Soviet KGB has at least one reference of 8,000 prisoners in Cuba in 1974. Cuban researcher Efrén Córdova reports of 19,000 political prisoners in 1967. Former prisoner of conscience Ambassador Armando Valladares that when he was imprisoned (1960 to 1982), the number of "counterrevolutionary" prisoners island-wide was, according to a blackboard at the Castillo del Príncipe prison, 82,000. According to Valladares, his fellow political prisoners estimated that there were at least 200 prisons and labor camps in Cuba.

In June 2018, the Cuban Commission for Human Rights and National Reconciliation, CCDHRN, reported 120 prisoners for political reasons as of May 31, 2018. It notes that these individuals are "held in maximum security” -96 are opponents or disaffected to the regime and 24 are prisoners accused of employing or planning to use some form of force or violence to carry out "acts against the security of the State.” The list does not include individuals held in minimum security facilities or labor camps or many thousands of Cubans who are not members of an opposition political movement but are believed to be imprisoned for underlying political reasons yet sentenced and reported otherwise.

Given the nature of the Cuban system, the definition of "political prisoner" reflects changing circumstances. Once the mass executions ceased, armed insurrections were defeated, the remaining resistance was mostly exiled, and the massive political imprisonment of the 1960s diminished, the regime was able to institutionalize terror and indoctrination to subdue the population; this considerably reduced direct confrontation with the government. Also, mass migration from the earliest days of the revolution has allowed the most disaffected Cubans to leave the country or devote their hope and energies to finding ways to do so, reducing interest and resources to oppose the regime. It is, thus, not necessary to impose patently political prison sentences.