Derechos Humanos / Human Rights

 Harare, Oct.1 (DP.net).– The United Nations Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and association, Clement Voule, ended his 10-day visit to Zimbabwe on September 27, 2019, and issued a statement calling for the government to do more to reduce the recent series of attacks on civil society activists and to encourage dialog between political leaders and activists. Voule’s trip was the first official visit by a UN human rights expert to Zimbabwe, providing a unique opportunity for international engagement in a long closed-off country. 

Voule urged the government to do more to investigate and prevent abuses committed by government forces. He remarked that “to foster impunity is to foster distrust among the population, alienating them from the government, and quashing their hopes of meaningful change in the future.”

Three days before Voule’s arrival, Dr. Peter Magombeyi, the leader of an ongoing strike by Zimbabwe’s union of doctors and nurses, was abducted by what Douglas Coltart of the Zimbabwe Lawyers for Human Rights believes were government affiliated forces. During Voule’s visit, Dr. Magombeyi was released, but since he had been poisoned during this capture he needed to be flown out of the country for medical treatment, thus preventing him from participating in the Rapporteur’s visit. Voule noted the seriousness of this incident and other issues in his report:

• ¿Qué parentesco tienen las organizaciones criminales con la destrucción del Amazonas? Esa pregunta fue la que orientó una incisiva investigación realizada por Human Rights Watch.
   
• La organización presentó un extenso informe en el que revela la existencia de mafias a las que responsabiliza de las amenazas de muerte y los asesinatos de ambientalistas, la tala indiscriminada de árboles y los incendios que se extienden en la región. 
  

San Pablo, Sept.17.– El informe publicado por Human Rights Watch este miércoles en San Pablo, es contundente. Revela, entre otros datos, la extremada violencia ejercida por los grupos delictivos contra agentes de fiscalización, las comunidades indígenas y los ambientalistas: "Esas bandas delictivas asesinan impunemente a quiénes defienden la floresta, mientras que el gobierno fracasa en protegerla" describe

A lo largo de 169 páginas, el dossier describe el modus operandi de esas gavillas: "Estas redes criminales tienen la capacidad logística para coordinar todas las etapas, desde la extracción en gran escala de madera hasta su procesamiento y entrega a los mercados doméstico y extranjero".

La Habana, Sept.14.– La Asociación pro Libertad de Prensa (APLP)** ha distribuido este jueves 12 de septiembre una denuncia sobre la represión que ejerce el régimen contra cualquier persona o institución que ose trabajar en defensa de los derechos humanos en Cuba. En este caso, el blanco de la represión es Odalina Guerrero Lara, pastora de la Iglesia Apostólica Corbán, situada en Alquízar, una población al oeste de La Habana, por su labor como Asesora Jurídica en los casos de violaciones de los derechos humanos.

La APLP nos ha hecho llegar la denunica del caso que trasmitimos en su totalidad a continuación:

Someteran a juicio en el Tribunal Municipal de Guantánamo al periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces este miércoles 7 de agosto.

Quiñones Haces está acusado de desacato y desobediencia tras la golpiza que sufrió a manos de policías uniformados el 22 de abril último.

El periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces será sometido a juicio este miércoles en el Tribunal Municipal de la ciudad de Guantánamo, oriente del país, por los delitos de “Desobediencia” y “Desacato”. El comienzo de la vista está previsto para las nueve de la mañana.

Por cada uno de esos “delitos” Quiñones Haces puede ser condenado a tres años de prisión.

El 22 de abril último, mientras se encontraba en las afueras de ese propio tribunal, el periodista fue arrestado y golpeado de manera cruel dentro del auto policial. Entre otras consecuencias sufrió afectación en el tímpano del oído derecho y fractura del dedo meñique de la mano izquierda. Fue mantenido en arresto durante seis días.

Los dos policías autores de esa agresión física, acusados de oficio, fueron declarados sin responsabilidad penal por la Fiscalía Militar de Guantánamo.