- Dictó una orden de busca y captura contra cinco miembros de la nomenclatura china por delitos de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo tibetano
- Exteriores alega que la división de poderes le impide influir en los jueces
- El expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng (ambos en la foto) entre los encausados
Madrid, Nov. 22.─ Al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, le ha estallado en las manos un imprevisto e indeseado conflicto diplomático. Y precisamente con el país en el que España había puesto los ojos como un nuevo El Dorado asiático para las empresas españolas: China, la segunda potencia económica del mundo, llamada a desbancar a la primera en algunos años.
La decisión de la Audiencia Nacional de dictar una orden de busca y captura contra cinco miembros de la nomenclatura china —incluidos el expresidente Jiang Zemin y el exprimer ministro Li Peng (ambos en la foto)—, como presuntos responsables de un delito de genocidio contra el pueblo tibetano, ha hecho montar en cólera a las autoridades de Pekín. No es para menos, pues esta orden, tramitada a través de Interpol, implica que podrían ser detenidos si salen de su país.
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