Derechos Humanos / Human Rights

La hija de Raúl Castro recibió procedente de EEUU cerca de 100 mil dólares en 2010 para la labor del Cenesex. No obstante, según altos jerarcas del régimen y su voceros, quienes se oponen a la "revolución" y su sistema unipartidista y totalitario son mercenarios que reciben dinero de Estados Unidos y pretenden la restauración capitalista en Cuba.

La Habana, Dic. 13 (DP.net).– Es evidente el doble rasero de los regímenes totalitarios donde "ellos" no pueden hacer lo que hacemos "nosotros". Desde las últimas semanas de 2020, el oficialismo cubano ha emprendido una campaña mediática contra activistas, artistas, periodistas independientes y todos aquellos cubanos que, ya sea desde la isla o fuera de ella, han alzado su voz y protagonizado acciones de manifestación y protesta contra las arbitrariedades y la naturaleza dictatorial del régimen.

Una de las que más ha arremetido contra quienes se manifiesten o pronuncien a favor de más derechos y libertades en Cuba, sean opositores declarados o no, es precisamente Mariela Castro, uno de los rostros más visibles de la segunda generación del clan o dinastía que ha regido el presente y destino de Cuba durante los últimos 62 años.

Además, artículos, posts en redes sociales, editoriales sesgados y supuestas demostraciones y análisis de voceros como Humberto López en la emisión estelar del noticiero se suceden unos a otros en la inquisición mediática oficialista, esa que no da derecho de réplica ni margen para que los atacados o presuntos culpables y “malos” puedan defenderse y esgrimir sus motivos, razones o argumentos.

Dharamshala, Dec.23.– Tibetan groups outside of China welcomed the passage of a new bill by Congress and called on other countries to follow U.S. leadership in supporting Tibetans currently being persecuted by the Chinese regime.

The Tibetan Policy and Support Act was passed on Dec. 21 as a part of the 2021 omnibus spending bill, which would set aside $1.4 trillion in spending for government agencies and $900 billion in COVID-19 aid.

The legislation, which updates the Tibetan Policy Act of 2002, would authorize the use of sanctions under the U.S. Global Magnitsky Human Rights Accountability Act to punish Chinese officials who “directly interfere with the identification and installation of the future 15th Dalai Lama,” according to the language of the bill.