El pasado 07 de noviembre culminó el lapso de permanencia legal para más de 600.000 venezolanos en Norteamérica, mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de pausar indefinidamente el estatus migratorio que protege a la mayor cantidad de connacionales.

 Dicha decisión desampara a cientos de miles de familias que han mantenido a lo largo del 2025, la esperanza de mantenerse legalmente en este país, al caracterizarse la migración venezolana de ser un grupo nacional disciplinado y cuidadoso en el ingreso legal a los EEUU. Resaltando que la mala conducta de una minoría ínfima no puede desprestigiar el buen comportamiento ciudadano de la inmensa mayoría de nuestro gentilicio.

En efecto, de una población aproximada de 1.200.000 personas, el ingreso de cada ciudadano venezolano ha sido registrado a través de diferentes figuras de las leyes migratorias norteamericanas, a saber, parole humanitario, asilo político, peticiones familiares y TPS, siendo ésta ultima la modalidad que mas protegía a nuestros compatriotas.

La publicación del Migración Policy Institute (MPI) señala que desde la decisión por la administración anterior, designando a Venezuela para el Estatus de Protección Temporal (TPS), en 2021, permitiendo que un número significativo de venezolanos que ya se encontraban en Estados Unidos, recibieran autorización de trabajo y protección contra la deportación. Este estatus amplió en elegibilidad en julio de 2023.

En el contexto de la agonía del régimen chavomadurista acelerada por la victoria electoral de Edmundo González en julio 2024, el desolado acto de usurpación presidencial del poder en enero 2025, y la ofensiva desatada de la administración Trump en el Caribe contra el narcotráfico que amenaza la permanencia en el poder a Nicolás Maduro, ha sumergido a los interesados en un debate sobre el país posible que se avecina.

Como es natural cuando se trata de abordar la transición de una gestión que demolió durante el siglo XXI a la nación mas próspera de América Latina en el siglo pasado, el cruce de ideas se centra en el restablecimiento de las instituciones públicas, la libertad de expresión, la reconstrucción de la economía y de las empresas básicas: PDVSA, Guayana, Electricidad, Telecomunicaciones, entre un amplio etcétera que componen la envergadura de un país.

Entre tantas deliberaciones debe dársele especial relevancia a la importancia que merece al valor del trabajo, que constituye para los pueblos del mundo en la actividad económica que dignifica al ser humano, lo motiva y lo reproduce. En el caso venezolano durante el siglo XXI ha alcanzado el extremo de la degradación y el abaratamiento, como no lo ha conocido región alguna en el continente americano.

Según datos extraoficiales ya que la CEPAL coloca siempre un asterisco a los datos sobre la economía local, la relación entre el factor Capital y el Factor Trabajo se ubica a partir del indicador Ingreso Nacional en el orden de 90% para el Capital y el 10% para el Trabajo, que de corroborarse saltarían las alarmas al significar la extrema precariedad de los salarios y de la condición de vida de la población.