Columnistas invitados/Guest columnists

Hace unos días el prestigiado economista español, Santiago Niño Becerra, hace unas declaraciones que han cimbrado a los gobiernos de Europa cuando afirma: "El Estado de bienestar ha concluido, ya no es posible ni sostenible." Al mismo tiempo el gobierno de Holanda anuncia una serie de cambios en sus programas de apoyo porque los actuales, afirma el Rey Guillermo (foto), ya no son sostenibles. Es la primera vez que un jefe de estado, de forma oficial, ante un parlamento y su gobierno, lanza la afirmación, no sugerencia, de que el modelo de protección social que hemos conocido no puede seguir existiendo tal y como lo hemos conocido, porque no es sostenible ya que no puede financiarse.

Hace unos días el conocido periodista John Stossel (foto), hizo la presentación de un programa de televisión que bautizó: "John Stossel va a Washington." En él, Stossel hace una denuncia de la ineptitud y la perversidad del gobierno americano en todas las áreas en las que se ha involucrado, desde su vigilancia sobre la moneda, hasta su administración de los bienes de la nación, pero muy particularmente en las que a nuestro presidente tanto le preocupaba; sus intervenciones para asegurar el reparto justo del desarrollo. Esta no es la primera denuncia de esa naturaleza, pero si la más seria y bien documentada en muchos años.

Stossel inicia su programa con una frase de Jefferson: "El proceso natural de las cosas es el que los gobiernos se expandan, mientras que la libertad se restringe." Pasa luego a dar datos para dejar frío al más ferviente admirador de la intervención gubernamental. Desde que se iniciaron los programas de asistencia social, o de intervención para un mejor reparto—como les llamaba Fox, el gobierno americano ha "invertido" en tal cruzada más de 6 trillones de dólares, pero el porcentaje de pobreza en los EU no ha disminuido ni un solo milímetro. En estos momentos al gobierno de los EU gasta $50,000 dólares al año por familia considerada "pobre," sin embargo, siguen en la miserable pobreza.

Este martes, la noticia del día la constituyó, con toda razón, la captura en Panamá de un cargamento de cohetes, piezas de aviones y otras armas, en un barco norcoreano procedente de Cuba.  El alijo bélico, no declarado, se encontraba enmascarado en unos contenedores cubiertos por toneladas de azúcar.

Se dijo que el pretexto para la intervención de las autoridades del país istmeño fue una denuncia sobre la existencia de una supuesta carga de estupefacientes.  Una verdadera ridiculez, si tenemos en cuenta que sólo a un demente se le ocurriría traficar drogas hacia la paupérrima y conventual heredad del más joven representante de la dinastía Kim.

En el suceso no faltaron incidencias rocambolescas; esto incluyó al capitán, que primero sufrió un supuesto ataque cardiaco y después intentó suicidarse un par de veces; también la feroz resistencia de la tripulación.  No hace falta ser muy agudo para comprender que, al escenificar sus desplantes, los súbditos del veinteañero mariscal Kim Yong Un tenían muy presentes las cuentas que con toda seguridad les pasarán al arribar a la “República Popular Democrática”. ¡Así paga el Diablo a quien bien le sirve!

Pero por encima de detalles picarescos, lo fundamental es que la actuación de las autoridades panameñas demostró estar más que justificada, lo que fue puesto de manifiesto por el mismo presidente Ricardo Martinelli, quien intervino de forma personal en la presentación de los hechos ante la prensa.

En una declaración emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano, se reconoce lo esencial del asunto.  Se alega que la carga estaba compuesta “mayormente” por azúcar, pero se admite la presencia de los armamentos.  No obstante, se aduce que se trataba de equipos “obsoletos” que —supuestamente— iban a ser reparados en el país asiático.

The US Supreme Court's decision to hear arguments about the constitutionality of the federal Defense of Marriage Act (DOMA) and California's Proposition 8 guarantees that the debate over marriage will be at the forefront of American public life for the foreseeable future.

DOMA defines marriage as the legal union of one man and one woman for purposes of federal law (it says nothing about what states may or may not define as "marriage"). Prop 8 was a voter-initiated correction of the California Supreme Court's interpretation of that state's constitution as containing a "right" to same-sex "marriage."

Irrespective of whether the U.S. Supreme Court takes a narrow approach to these cases, or tries to find a "right" to same-sex "marriage" in the U.S. Constitution that would be binding on all the states, the marriage debate will continue. Indeed, if the Court preempts the political process, the marriage debate will likely intensify, just as the right-to-life argument intensified after Roe v. Wade eliminated the abortion laws of every state, 40 years ago this month.

All the more reason, then, to try and clarify some of the issues here.

Laws authorizing same-sex "marriage" have been successfully promoted as the equivalent of civil rights laws that ban racial discrimination. Indeed, that's a large part of the power of the "marriage equality" movement: it has battened onto the one available public moral reference point for Getting It Right in 21st-century American politics — the civil rights movement of the 1950s and early 1960s. For almost two centuries, equality before the law had been denied to Americans of African descent; that blatant injustice was challenged by a movement of moral persuasion and legal maneuver; the movement was ultimately vindicated by a change of hearts, minds and statutes. If then, on matters of race, why not now, on the question of who can "marry"? That's the argument; it has considerable emotive power.

But it's wrong.

En un generalizado ambiente de alborozo, la población conoció el Decreto-Ley No. 302 con las modificaciones a la Ley No. 1312, Ley de Migración del 20 de septiembre de 1976. Ninguna “actualización” había sido tan esperada como esta. Esas reacciones reflejan la aspiración de marcharse de Cuba compartida por amplios sectores, especialmente los jóvenes, al haber perdido absolutamente la confianza en el futuro del país. Opción reforzada por el fracaso de las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Raúl Castro, y el crecimiento de las dificultades existenciales de la inmensa mayoría de los cubanos.

En particular el aligeramiento de los trámites, especialmente la eliminación del permiso de salida —la llamada Tarjeta Blanca—, y de la carta de invitación, sustituidos por la adquisición del pasaporte; ha estimulado la esperanza de evasión, aunque según los Artículos 23, 24.1 y 25 su entrega estará vedada a personas comprendidas en determinados perfiles ocupacionales o “cuando razones de defensa y seguridad nacional” así lo aconsejen, concepto que abarca a disidentes tratados como rehenes. Eso deja un gran marco discrecional que permitiría utilizar estos artículos como reguladores del éxodo que podría suceder, de manera que el pasaporte serviría de sustituto de la Tarjeta Blanca.

Muchas personas se preguntan por qué ahora se toma esta medida, que incluye cambios cosméticos en los mecanismos para que los cubanos residentes en el exterior viajen a Cuba. La respuesta podría estar en el interés del Gobierno de dar una impresión de cambio a posiciones más flexibles, a fin de mejorar su imagen externa, algo que ha venido haciendo en otros aspectos como las modificaciones en los métodos de represión (detenciones cortas) y ciertos márgenes para que la intelectualidad pueda expresarse.