Columnistas invitados/Guest columnists

Bruselas utiliza dos varas de medir
a la hora de analizar las políticas
de los distintos países de la UE.
¿Puede un país pobre como Hungría
ofrecer a los inmigrantes las mismas
prestaciones sociales que Luxemburgo o Suecia?

En nuestros días, los europeos del Este no están muy bien vistos en la UE. Al parecer, trastornan el consenso político en Bruselas y quieren dividir la Unión. Con sus poderosos políticos, como Viktor Orbán, jefe del Gobierno húngaro; el presidente checo, Milos Zeman, o Jaroslaw Kaczynski, capellán de Ley y Justicia, el partido que gobierna en Polonia, son los famosos aguafiestas que no se avienen al reparto de emigrantes y refugiados exigido a sus países. Además, piden a voces que se refuercen las fronteras exteriores de Europa y se ponga fin a la emigración a través del Mediterráneo.

Para que no se vuelva a repetir la oleada migratoria de 2015, Orbán ya ha levantado una valla fronteriza en el sur de Hungría. Para colmo, los partidos gobernantes de la derecha nacionalista, como la Unión Cívica Húngara de Orbán o Ley y Justicia de Karczynski, han puesto manos a la obra para adaptar el Estado de derecho a sus intereses. Se cancelan los contratos con la televisión para otorgar licencias a personajes afines al Gobierno, y se cambia la composición de los Tribunales Constitucionales para someterlos al control gubernamental. ¿Se ajusta esto a los valores de Europa? Pues, al parecer, sí, ya que mientras no concluya con éxito ningún procedimiento contra Polonia, Hungría u otro país contestatario, como Eslovaquia, por infringir los tratados, los miembros relativamente recientes tendrán que ser considerados europeos de pleno derecho, con la única diferencia de que su estilo político es diferente (más nacionalista, autoritario, crítico con la emigración) del de Bruselas, París o Berlín.

El Gobierno de los hermanos Castro ha sostenido siempre que sus logros sociales fundamentales han sido la salud y la educación “gratuitas”, al alcance de todo el pueblo, los cuales convirtió en carta de presentación internacional, para tratar de contrarrestar las críticas por sus masivas, flagrantes y sistemáticas violaciones de los derechos políticos, civiles y económicos del pueblo cubano y, de paso, buscar influencia externa y obtener beneficios económicos.

Que no han sido “gratuitas” está más que demostrado porque el régimen nunca ha podido ocultar que se apropia de los resultados de la producción de todas las empresas estatales, la mayoría del país, y despoja la mayor parte del salario a sus empleados. Todo el mundo sabe que Cuba, junto a Venezuela, tiene los más bajos salarios mínimo (10 dólares) y medio (23 dólares) de América Latina.

Hoy, si bien Cuba tiene más médicos por habitantes que cualquier otro país de la región, lo cierto es que más de 50.000, particularmente especialistas, están cumpliendo “misiones” en el extranjero; que las condiciones y los recursos técnicos de los consultorios de barrios, policlínicos y hospitales, que atienden a la población, no mantienen un servicio con buena calidad estable y que los turnos para exámenes, ingresos y operaciones quirúrgicas pueden llegar cuando la persona ya está desahuciada.

Junto con el octavo mes y el anuncio de combinación adversa para los residentes en Cuba: poca lluvia (malo) y mucho calor (peor) apareció una noticia causante de inmediata y multitudinaria reacción, en la calle para los carentes de acceso a la Red y en ésta para los cubanos en el exterior y los pocos residentes en Cuba con esa posibilidad limitada tecnológica y financieramente.

La noticia en cuestión, relacionada con la no concesión de nuevas licencias para un grupo de actividades “hasta tanto no concluya el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia” ha provocado un número infinito de interrogantes, luego de indagar –sin entrevistas formales pues el tema es tabú- con integrantes de la burocracia y de los órganos (muy cautelosamente) se pueden obtener algunos indicios sobre el controvertido tema.

Desde la aparición de Donald Trump en la esfera de la política mundial, el concepto del mercantilismo regresa a la vida para una vez mas lanzar sus coqueteos a través del mundo entero y, lo grave, muchas potenciales víctimas respondiendo a esos coqueteos. 
El término mercantilismo fue utilizado por primera vez por Adam Smith en 1776, cuando se refirió a él como “sistema comercial o mercantil”. En esa era ya estaba bajo poderosos ataques por todos los flancos, y Adam Smith lo hizo sujeto de otra carga sin compás, para darle, lo que se pensó sería, el tiro de gracia, cuando ya con gran precisión lo describiera como un sistema que gran número de países utilizaba, como la estrategia de las monarquías. El mercantilismo no se conoció como una teoría económica, sino como una serie de prácticas políticas unidas por algún beneficio oculto.

En esencia el mercantilismo es la práctica para utilizar el poder del gobierno y controlar la economía, pretendiendo incrementar la riqueza de una nación. Pero no para incrementar la riqueza de las naciones en general, sino incrementar la riqueza de una nación en particular. El modus operandi del mercantilismo siempre ha sido monopólico. Es el gobierno dedicado a crear, cultivar, aprobar y proteger monopolios para aquellos que él controla, esperando ese poder sobre las palancas económicas, se traduzca en incrementos de la riqueza del estado y de los miembros del club. El mercantilismo también es conocido como nacionalismo económico.

El mercantilismo ha sido un sistema de gobierno para regular, controlar y dirigir la economía. En aquella era no se consideraba parte de la ciencia económica—pues la economía estaba todavía en un estado rudimentario— sino una ideología y una creencia política. Inclusive, las ideas económicas que se conocían en esa era, en gran parte eran derivadas del absolutismo que prevalecía en todo el mundo. La perspectiva dominante durante los siglos 16 y 17 y la primera parte del siglo 18, había sido el absolutismo. Un ambiente en el cual se respiraba la idea que todo mundo y todo, en general, debería estar bajo el poder del gobierno, y usualmente el poder de una persona.