“El dinero europeo no puede destinarse a países que no respetan el Estado de derecho”, recalca Vera Jurová, Comisaria de Justicia

La política checa defiende en una entrevista el mecanismo que vincula los fondos comunitarios a la independencia judicial

Vera Jourova Bruselas, Mayo 3.– La Unión Europea, imperio de las reglas por excelencia, dispone de procedimientos para castigar cualquier desliz fiscal de los Estados miembros. Pero si un Gobierno desmantela la independencia del sistema judicial, Bruselas tiene enormes dificultades para actuar, como ha revelado el caso del autoritarismo de Polonia. Las autoridades europeas han visto en los próximos presupuestos comunitarios la plataforma oportuna para atajar incumplimientos democráticos.

Con un poderoso elemento disuasorio: el Estado que ponga en peligro la salud de su justicia, podrá ver congelados —e incluso suspendidos— sus fondos europeos. “Queremos que los contribuyentes estén seguros de que en todos los Estados miembros existe una justicia independiente”, explica la comisaria europea del ramo, la checa Vera Jourová.

Jourová recibió este miércoles a un grupo de medios europeos, entre ellos EL PAÍS, para abundar en el elemento más controvertido de las futuras cuentas de la UE: el vínculo entre la percepción de fondos comunitarios y el cumplimiento de las reglas democráticas. La propuesta, exclusivamente limitada al ámbito judicial, plantea que un Estado pueda ver mermada parte de la financiación europea que recibe cada año (políticas de cohesión, agrícolas, becas Erasmus o partidas de investigación, entre otros) si existen “deficiencias sistémicas” en la aplicación de la justicia.

“El sistema funciona así: la Comisión inicia el proceso, recopila las evaluaciones en las que se basa y le envía su posición al Estado miembro concernido. Este responde con sus alegaciones y, si no convence a la Comisión, esta hace una propuesta para sancionar, basada en la gravedad de los hechos. Esa propuesta va a la mesa del Consejo [representa a los Estados miembros]. Y se aprueba a no ser que los países voten en contra por mayoría cualificada. Yo no quería, ni quería la mayoría en la Comisión, que la decisión final fuese nuestra. Queríamos que los Estados tuvieran una voz decisiva”, detalla la responsable de Justicia en el Ejecutivo comunitario ...

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