Ginebra, Sept. 17 (DP.net).– La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en la República Bolivariana de Venezuela, actuando bajo un mandato de Naciones Unidas, publicó este miércoles 16 de septiembre un devastador informe sobre la violación de los Derechos Humanos por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. La misión está integrada por Marta Valiñas (presidenta), de Portugal; Francisco Cox Vial, de Chile; y Paul Seils, del Reino Unido, y se estableció en virtud de la resolución 42/25, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019.
En el informe se reconoce la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, pero la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos e identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. Por tanto, el informe establece que el Estado venezolano y sus organismos judiciales deben exigir cuentas a todos los de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza.
La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior, de Justicia y Paz y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes y, según el Informe, “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.
El Informe afirma también que "las autoridades judiciales competentes deben determinar su responsabilidad penal individual, ya sea en una jurisdicción nacional, de acuerdo con sus propias legislaciones, o internacional", es decir, bajo la jurisdicción de la Corte Penal Internacional.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones a los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad,” dijo Marta Valiñas, Presidenta de la Misión.
La Misión investigó 16 casos de operaciones policiales, militares o conjuntas que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales. También examinó 2.552 incidentes adicionales en los que se produjeron 5.094 muertes por las fuerzas de seguridad.
Entre 2015 y 2017, las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP), supuestamente establecidas para combatir el crimen, dieron lugar a detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. La Misión investigó o examinó 140 operaciones, que dieron lugar a la muerte de 413 personas, en ocasiones con disparos a quemarropa. El Informe destaca también que los altos funcionarios del Gobierno elogiaron repetidamente las operaciones en las que solían participar cientos de oficiales armados que asaltaban algunas zonas, a veces utilizando vehículos blindados y helicópteros.
El informe abunda en muchos otros crímenes perpetrados por organismos del gobierno bajo las órdenes del Ejecutivo, tales como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y las Fuerzas de Acción Especial (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), los cuales fueron responsables de muertes perpetradas por las fuerzas de seguridad en el período analizado y fueron también autores de ejecuciones extrajudiciales documentadas en el informe. Los expertos desatacan que “las FAES deben ser desmanteladas y los responsables de todas las fuerzas de seguridad, así como sus cadenas de mando deben rendir cuentas ante la justicia”.
No obstante, el Informe también pone en tela de juicio al Poder Judicial venezolano que no ha controlado ni juzgado a los agentes estatales culpables de crímenes y señala la necesidad de continuar investigando “hasta qué punto la influencia política indebida ha obstaculizado la independencia judicial”.
Los detenidos solían estar fuera del sistema penitenciario oficial, en la sede de los organismos en Caracas o en “casas seguras” no oficiales y en algunos casos se acusó a las víctimas de delitos falsos, se plantaron pruebas y se burló el debido proceso, apunta el Informe. Francisco Cox, uno de los tres miembros de la Misión, explicó que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una estrategia para silenciar a la oposición.
Además, el gobierno venezolano entorpeció la visita de expertos y no ha dado respuestas a reiteradas solicitudes de los miembros de la Misión. Pese a ello, empeñaron sus esfuerzos hasta conseguir un total de 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios estatales, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional. También analizaron un gran número de documentos confidenciales.
La evidencia sobre Venezuela que ha recabado esta Misión es detallada y aterradora. Asesinatos sistemáticos, torturas, violencias sexuales, etc. Es más, hay pruebas claras de que las órdenes vinieron de lo más alto: Nicolás Maduro, sus ministros y los altos funcionarios de seguridad. Los investigadores de la ONU tienen una lista de 45 nombres que habrían estado directamente involucrados. Aunque el Consejo de Derechos Humanos de la ONU está diseñado para investigar violaciones, para asesorar sobre la defensa de los derechos humanos, pero no para sancionar, esta lista de 45 nombres es significativa; sugiere que los investigadores de la ONU creen que pueden tener un papel en la construcción de un caso para enjuiciar a los autores de estos crímenes de lesa humanidad en un tribunal penal internacional.