Las investigaciones en torno al juicio político contra Trump por el caso de Ucrania de 2019 han dado un vuelco en abril de 2026 hacia la revisión de presuntos fallos de procedimiento y de la implicación del «Estado profundo», impulsadas por nuevas revelaciones de la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard.
Washington DC, 24 de abril (DPnet).– El director de la CIA, John Ratcliffe, reveló la semana pasada pruebas recién desclasificadas sobre la credibilidad y el sesgo partidista del principal acusador en el juicio político de 2019. La documentación revelada demostró que el proceso de juicio político adolecía de profundas deficiencias.
«Tal como dejó claro el director Ratcliffe cuando formaba parte del equipo asesor de defensa del presidente Trump durante el juicio político de 2019, este proceso carecía por completo de base y fundamento, y fue instigado con mala fe y motivaciones políticas», declaró recientemente en un comunicado Liz Lyons, directora de Asuntos Públicos de la CIA.
«Deseo remitir información que podría constituir una posible actividad delictiva, en violación de la legislación penal federal, cometida por uno o más ex empleados de la comunidad de inteligencia», recalcó la Oficina del Director de Inteligencia Nacional en la remisión enviada al Departamento de Justicia. «La posible actividad delictiva concierne a las circunstancias descritas en las siguientes sesiones informativas ante el Congreso: "Conversación con el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia", Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, 116º Congreso (2019); "Sesión informativa a cargo del Inspector General de la Comunidad de Inteligencia", Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes, 116º Congreso (2019)», continuó el documento.
Entre las acciones recientes se incluyen remisiones penales relativas al denunciante, así como afirmaciones de que la investigación original se basó en pruebas «fabricadas». Unos memorandos desclasificados por la Directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, revelaron que el organismo de supervisión de la inteligencia estadounidense recabó pruebas desfavorables sobre el analista de la CIA, entre ellas la de que este presentó información falsa en su denuncia y solo aportó testimonios de oídas para respaldar sus alegaciones.
«No tengo conocimiento directo de comentarios o comunicaciones privadas del Presidente», admitió el presunto denunciante —quien alegó que Trump intentó presionar indebidamente al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, para que investigara a Hunter Biden— en su formulario de admisión inicial de agosto de 2019. Los documentos divulgados por Gabbard incluyen las transcripciones del testimonio a puerta cerrada que el Inspector General Michael Atkinson prestó ante el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes; dichas transcripciones fueron ocultadas al Comité Judicial de la Cámara durante el primer juicio político.
Esa sorprendente frase, referente a las limitaciones del conocimiento del denunciante, no fue incluida en la carta de nueve páginas que el entonces presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara, Adam Schiff (Demócrata por California), hizo pública a finales del verano de 2019; dicha carta desató una vorágine política que se prolongó durante meses y condujo al juicio político contra Trump —aprobado por una Cámara de Representantes de mayoría Demócrata— y a su posterior absolución en el Senado. En aquel momento, los Republicanos se quejaron de que el denunciante había contactado previamente con el personal de Adam Schiff, si bien este último restó importancia a dicho contacto. Tanto el Inspector General de la Comunidad de Inteligencia, Michael Atkinson, como el denunciante original son objeto de remisiones penales en las que se alega la existencia de un esfuerzo coordinado para manipular el desarrollo de los procedimientos de 2019.
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