La independencia de Cuba en 1898 fue el desenlace de una larga epopeya marcada por el ESFUERZO BÉLICO DE LOS CUBANOS, quienes durante tres guerras prolongadas demostraron que la libertad era un destino irrenunciable. Ese sacrificio sembró un precedente glorioso en la historia nacional. Sin embargo, el triunfo final no puede entenderse sin la intervención de Estados Unidos, que con la Resolución Conjunta aseguró que Cuba sería libre e independiente. De este modo, se diferenciaba claramente el destino cubano del de Puerto Rico, donde la monarquía española había intentado replicar el modelo canario de autonomía, y del de Canarias, que ya gozaba de un régimen especial dentro de España. La Corona pensó que esa fórmula podía exportarse al Caribe como solución política, pero en Cuba resultó inviable frente a la insurgencia y en Puerto Rico quedó anulada por la ocupación norteamericana.
El contexto interno explica la fragilidad de la república naciente. Cuba era un país con baja urbanización, escasa alfabetización y sin tradición de autogobierno. Los cubanos nunca habían ejercido el poder estatal y el primer mandato presidencial ya enfrentó tensiones que derivaron en un conato de guerra civil. En ese escenario, la intervención estadounidense fue decisiva en términos prácticos: evitó el colapso institucional y brindó un marco inicial de estabilidad. Pero más allá de lo militar, el aporte más duradero fue ideológico. El modelo republicano, democrático y liberal emanado de la Revolución estadounidense ofreció a los cubanos un horizonte de modernidad y pertenencia a la constelación de repúblicas americanas. Más allá de las consideraciones debatidas, la independencia se hubiera conquistado de todas formas, pero bajo el influjo del ejemplo norteamericano de progreso, libertad y bienestar.
Hoy, el escenario es sustancialmente distinto. La Cuba del presente no es la Cuba de finales del XIX. La sociedad esta urbanizada, con niveles de instrucción y experiencia en organización social, aunque bajo un régimen totalitario. Por ello, la transición hacia la democracia no puede depender exclusivamente de una intervención militar externa, sino de la lucha cívica noviolenta, capaz de formar ciudadanos conscientes y de construir instituciones legítimas desde dentro. La filosofía de la noviolencia ofrece un camino más sostenible: la democracia que nace de la acción ciudadana tiene mayor legitimidad y arraigo que la impuesta desde fuera.
Pero este nuevo proyecto nacional debe ser inclusivo, “con todos y para el bien de todos”, como lo manifestó Martí. El castrismo implantó un régimen totalitario y excluyente; nosotros tenemos que desplazarnos hacia sus antípodas, orientados a la sanación y a la restitución del tejido social descompuesto. Solo un proyecto inclusivo puede convocar a todos los sectores de la sociedad, incluso a aquellos elementos reformistas dentro del castrismo que puedan sentirse llamados a participar en la movilización prodemocrática. La democracia cubana del futuro no puede ser un sistema de exclusión, sino un espacio de reconciliación y reconstrucción.
No obstante, dada la naturaleza totalitaria y represiva del castrismo, este parto interno necesita de la ayuda y las presiones de Estados Unidos y otros actores externos. La presión internacional puede abrir espacios y debilitar al régimen, pero la legitimidad final solo se consolidará si la democracia cubana surge de la acción cívica interna.
En definitiva, la historia enseña que la independencia se conquistó gracias al ESFUERZO BÉLICO DE LOS CUBANOS, pero la democracia llegó traída desde fuera por la intervención estadounidense. La Cuba de entre siglos necesitó una partera externa; la Cuba actual necesita un parto propio, consciente, inclusivo y legítimo, acompañado por la solidaridad internacional
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