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Venezuela entró en una nueva etapa de sus dificultades económicas por tratar de consolidar el modelo de socialismo del siglo XXI que no es más que la clonación del fracasado modelo del socialismo soviético del siglo XX.  Después de haber desperdiciado la extraordinaria bonanza petrolera, el PIB por habitante creció menos que el promedio latinoamericano y experimentó la mayor y todavía creciente inflación de la región mientras ha brindado ayuda externa a otros países del Alba y Petrocaribe. Venezuela además se endeudó por US$56 mil millones con base en vender anticipadamente petróleo a China, de los cuales según el vicepresidente para el área económica, Rafael Ramírez, solo ha cancelado US$24 mil millones, ha colocado bonos de su deuda externa (y de PDVSA) ,y postergado (incurrido en atrasos) de las obligaciones de pagos externos del país y de PDVSA con proveedores. 

Ahora Ramírez explora prontamente vender activos de la emblemática CITGO, filial de PDVSA, que posee  tres refinerías en EEUU con una capacidad de procesar aproximadamente 750,000 barriles diarios y cuyo valor se estima entre US$10 y US$15 mil millones.  Esta venta obedecería al requerimiento de movilizar recursos para la adquisición de importaciones y cubrir atrasos pendientes, pagar la deuda externa que se vence este año y evitar el inminente riesgo de que los activos de CITGO en EEUU sean embargados por unos US$10 mil millones para cubrir las obligaciones de las deudas por las confiscaciones a CONOCO-PHILLIPS y EXXON-MOBIL. PDVSA transfirió las cuentas bancarias a China Citic Bank que utiliza para recibir el dinero de sus exportaciones de crudo y derivados.

El pasado 1ro. de julio, Dagong Global Credit, la clasificadora de créditos china, degradó la calificación de la deuda de Venezuela de BB+ a BB-.  Señaló que los graves desequilibrios macroeconómicos estructurales existentes, el deterioro de la seguridad social, así como la ineptitud del gobierno para tratarlos arrastran al país a la recesión en el corto plazo, exacerban el riesgo de malestar social y, por tanto, aumentan el riesgo de inestabilidad política.  El elevado déficit fiscal, la insuficiencia de reservas internacionales y las presiones para una significativa devaluación del bolívar contribuyen a una evidente tendencia a la disminución de la solvencia pública, tanto en moneda local como extranjera.  Por lo tanto, Dagong mantiene una perspectiva negativa para Venezuela para los próximos uno a dos años.

El economista cubano Pavel Vidal presentó el interesante ensayo Proyecciones macroeconómicas de una Cuba sin Venezuela en que estima el posible impacto (“shock”) de una reducción de la ayuda externa venezolana a la Isla (ver ejemplar #24 Desde la Isla en la página web del Cuban Study Group).[1] [2]

Principales Conclusiones

El ensayo es muy oportuno porque Venezuela se encuentra en una crisis política y económica en 2014.  En caso de que no se produzca ningún cambio político significativo, que Maduro continúe gobernando y mantenga sus políticas públicas, Venezuela enfrenta una difícil situación económica en medio de la bonanza petrolera y de la expansión del endeudamiento externo.  La crisis se caracteriza, entre otros factores, por una elevada inflación -la mayor del Hemisferio Occidental-, un aumento del desabastecimiento y el comienzo del racionamiento, la reducción del PIB real, y problemas de pagos externos con su deuda externa degradada a Caa1 por Moody´s en Dic. de 2013.   Todo lo cual más temprano que tarde afectará el monto de la ayuda externa que pueda brindar a otros países.

Vidal emplea el intercambio comercial total (exportaciones e importaciones de bienes y servicios) como proporción del PIB, a precios de 1997, como un estimador indicativo de la dependencia externa.  Considera que la dependencia cubana de Venezuela es menor que la que experimentó anteriormente de la URSS.  Por ello, juzga que cualquier disminución de ella tendría un efecto menor que la del Periodo Especial, aunque sería significativa para la economía, duraría unos cuatro años, requeriría un ”ineludible ajuste” y “generaría grandes tensiones para la economía, los ciudadanos y el propio gobierno”.  Vidal considera que la ayuda externa a Cuba se podría reducir a un ritmo del 30% anual e implicaría una reducción acumulada del PIB de aproximadamente 4.4% en cuatro años.  También presenta otro caso en que la ayuda desaparezca abruptamente, como la de la URSS, en el que la caída del PIB sería de 7.7%.

La edición de The Economist del 5 al 11 de abril del 2014 presentó dos artículos sobre Cuba.  Uno, Investment in Cuba, destaca la importancia de la nueva ley de inversión extranjera de la Isla y otro,the Cuban Embargo, apoya la eliminación inmediata del embargo de EEUU a la Isla y de la designación de Cuba como país terrorista.  La argumentación en ambos artículos es débil y confusa, por lo tanto, no es convincente; carece de los usuales estándares analíticos de la revista.  Además, es contradictoria con la de otros artículos anteriores de la revista sobre el tema de las reformas económicas en curso en la Isla a partir de mediados de 2007, y particularmente desde finales de 2010.  En este sentido los dos artículos también son desmemoriados, olvidadizos.

La nueva ley de inversión extranjera tiene pocos aspectos novedosos, entre ellos ampliará el ámbito de las inversiones a nuevos sectores y actividades, a personas naturales y jurídicas de ascendencia cubana, residentes en el exterior y eximirá o reducirá los impuestos sobre ingresos netos hasta por ocho años.  La nueva ley sólo autoriza la inversión de las personas naturales y jurídicas con capital y residencia en el extranjero, lo que incluye a los cubanos emigrados, pero excluye a los radicados en la Isla.  Así muestra la intolerancia del gobierno por mantener el sistema económico decadente vigente en vez de realizar los cambios requeridos para movilizar los esfuerzos e iniciativas de los cubanos residentes en la Isla.  Los funcionarios del Ministerio de Inversión Extranjera alegan que ni las empresas estatales ni los cubanos residentes en la Isla disponen de los recursos suficientes para lograr el crecimiento de la economía, lo cual ha probado ser falso en el caso de los paladares y otras actividades por cuenta propia.

Así la falla principal de la nueva ley es que no establece una legislación integral y coherente que autorice las pequeñas y medianas empresas a personas naturales y jurídicas residentes en la Isla y aliente su fomento, estas actividades están actualmente confinadas a cooperativas que han resultado un fracaso desde la instauración de las cooperativas agropecuarias (UPBC) para sustituir a las granjas estatales en 1993.  Es un intrascendente intento para superar la restricción presupuestaria blanda, o el problema de las empresas estatales con déficit persistentes, problemas de insuficiente producción y necesidad de subsidios.  Además, priva a las empresas extranjeras de los servicios e insumos que las pequeñas y medianas privadas podrían proveer porque las empresas estatales o las cooperativas no lo podrán hacer y, por lo tanto, las empresas extrajeras se tendrían que expandir para suplirlos internamente.

Los estudiantes venezolanos tienen una larga tradición de manifestarse sobre los asuntos nacionales, similar a la de otros países latinoamericanos.  Posiblemente Nicolás Maduro inadvirtió que el 12 de febrero se conmemora en Venezuela el Día de la Juventud por la Batalla de La Victoria de 1814 en la cual unos mil estudiantes de los colegios y los seminarios se enfrentaron y derrotaron en un desigual combate a las tropas realistas españolas.  Tal vez por ello Maduro reprimió y detuvo innecesariamente a unos estudiantes la semana anterior al pasado 12 de febrero por protestar contra la inseguridad ciudadana y el intento de violación de una estudiante.

El activismo universitario también tiene una larga tradición en América Latina que se remonta a Argentina a principios del siglo XX cuando los estudiantes de Córdoba exigieron que se  modernizara y democratizara la universidad y, con ello, la sociedad.

El actual activismo de los universitarios venezolanos es una respuesta directa a la frustración y descontento acumulados de vivir en una época de limitaciones, falta de oportunidades e inseguridad en medio de la bonanza petrolera, mientras la ciudadanía permanecía mayormente pasiva ante la ineptitud y corrupción del gobierno de Maduro.  Los estudiantes han señalado como preocupación fundamental, su presente y su futuro.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch han denunciado que, a partir del 12 de febrero, el gobierno de Maduro ha utilizado el terrorismo de estado mediante asesinatos, detenciones políticas, torturas y ruptura del estado de derecho contra los manifestantes pacíficos encabezados por los estudiantes.  El líder socialdemócrata Leopoldo López de Voluntad Popular está detenido en una cárcel militar acusado de fascista y de varios crímenes por defender el derecho a protestar públicamente contra el gobierno.