Se acabó la fiesta es el título de un artículo reciente de la revista The Economist (edición de febrero 1 a 7 de 2014) que luce bastante apropiado dada las situaciones de las economías argentina y venezolana. Estos dos países han vivido por encima de sus posibilidades económicas por años por desperdiciar irresponsablemente las ganancias de un extraordinario auge de bienes primarios (Venezuela de petróleo y Argentina de soja). Ambos recurrieron a intervenciones de los bancos centrales y a controles cambiarios y de precios para evitar que las tasas sobrevaluadas y las reservas internacionales caigan y que la inflación aumente aún más. Ahora ambos enfrentan un inevitable e impostergable ajuste.
En ambos países no se difunden estadísticas confiables. En Argentina hay dudas sobre la inflación real y en Venezuela sobre la producción petrolera, la inflación y la escasez. En ambos países han ocurrido saqueos, ni los nacionales ni los extranjeros quieren moneda nacional y adoptan conductas para evitar que la inflación y la baja de la moneda nacional los perjudique, lo que agudiza dichas tendencias. Al menos Argentina ha liberado parcialmente los controles cambiarios en un vacilante paso hacia la normalidad. En Venezuela, la situación es más complicada y difícil dada la ineptitud e intransigencia del gobierno de Maduro.
En el mismo número la revista no se muestra preocupada con el probable desempeño de otros países emergentes, particularmente de las llamadas cinco economías débiles o los BIITS (Brasil, India, Indonesia, Turquía y Sudáfrica) ya que tienen políticas económicas flexibles, comenzando por el régimen cambiario, han acumulado reservas internacionales, sus deudas externas en divisas son menores y algunos (como Colombia, México, etc.) han podido emitir deudas externas en sus propias monedas y la situación fiscal es más fuerte. Sin embargo algunos pesimistas predicen que los mercados emergentes podrían repetir una crisis similar a la latinoamericana de los años 1980s, la asiática de fines de los 1990s o, peor aún, de la de los países avanzados en 2008-2009.
El detonante del fin de la fiesta está vinculado con la atenuación de la política de flexibilización cuantitativa (fc) de la Reserva Federal estadounidense que Bernanke anunció en mayo del 2013 y comenzó a ejecutar en diciembre. No es de esperar que dicha atenuación se modifique ya que la economía de EEUU está recuperándose aunque se ha visto temporalmente afectada por un crudo invierno. Asimismo, la situación desfavorable para los países emergentes se ha acentuado porque China ha comenzado a ajustar su modelo de crecimiento de la expansión de la elevada inversión al aumento del consumo con una menor expansión del PIB.
Inicialmente la fc tuvo un impacto favorable en los países emergentes al promover flujos de capitales hacia ellos en busca de mayores tasas de retorno que en EEUU. Ello se trasmitió como una apreciación de sus monedas que abarató las importaciones, aunque las nuevas exportaciones industriales y no tradicionales sufrieron, el augede sus valores bursátiles e inmobiliarios expresados en US$ y alimentó mayores precios en los bienes primarios que mejoró sus términos de intercambio. También los sistemas financieros dispusieron de mayores recursos que ampliaron los niveles de crédito, presionaron a las tasa de interés a la baja y hubo menores tasa de inflación. Ahora, con la salida de los recursos financieros de regreso hacia EEUU, la historia es a la inversa, las monedas se están depreciando, al igual que los valores bursátiles y mobiliarios expresados en US$, hay aumentos de las tasas de interés, mayores niveles inflacionarios y menores precios de los bienes primarios con las pérdidas correspondientes en los términos de intercambio.
Los problemas de Argentina y Venezuela, sin embargo, no solo están vinculados con los efectos adversos de la atenuación de la fc y no son coyunturales sino que los determinan las políticas macroeconómicas populistas y procíclicas que sobrecalentaron ambas economías, así como con los entorpecimientos a la oferta agregada mediante controles y estatizaciones que han desalentado la inversión en general, y en particular la extranjera, en esos dos ricos países con abundantes recursos naturales. Los gobiernos de ambos países han debilitado las instituciones políticas y económicas fundamentales y deterioraron las perspectivas de crecimiento a largo plazo violando normas básicas de una sana política económica y de una sólida institucionalidad. Conocidos economistas locales e internacionales han lanzado severas advertencias sobre lo que sucederá si los países persisten en esas absurdas trayectorias. Está llegando la hora de pagar por la incompetencia y los errores cometidos. (En Venezuela 48 conocidos economistas redactaron un completo análisis Crisis cambiaria, petróleo y deterioro socioeconómico sobre la difícil situación del país a fines de enero de 2014).
Ahora ambos países buscan las inversiones de China cuya experiencia en África deja mucho que desear. El historial de las empresas chinas en África no es alentador, generalmente son empresas estatales cuyas prácticas de corrupción el propio gobierno chino está tratando de controlar, entraron en una carrera abierta por controlar los recursos naturales con acuerdos obscuros sin mayor consideración por la transparencia ni la rendición de cuentas, además de ignorar la protección del medio ambiente, los derechos humanos y las libertades democráticas como sucede en China. En el caso de Venezuela los préstamos chinos, otorgados de inmediato, sin condiciones macroeconómicas para financiar gastos corrientes, sin información pública ni aprobación de la Asamblea Legislativa, son pagaderos con petróleo a corto y mediano plazo, están sujetos a la adquisición de bienes chinos, utilizando personal chino y a cambio de concesiones, entre ellas, una mina de oro.
Argentina tuvo un severa crisis financiera-económica en 2001 que redujo el 18% del PIB, aumentó su tasa de desempleo al 22%, la llevó a realizar una devaluación del 300% y a la auto condonación del 70% de su deuda externa. Sin embargo, posteriormente tuvo una rápida y sorprende recuperación. En 2012 el controversial viceministro de economía Axel Kicillof decidió la expropiación de las acciones de la empresa Repsol en el gigante petrolero YPF alegando que no hacía las inversiones requeridas para expandir la producción de gas. Al nacionalizar YPF, Argentina repitió un episodio de nacionalismo económico demasiado conocido. Ya se ha visto este espectáculo y se sabe que no termina bien. Ahora Kiciloff es el ministro de economía.
La expropiación argentina fue apoyada decididamente por Cuba y Venezuela. Por su parte, Venezuela nacionalizó varias empresas internacionales y se retiró en 2012 del Centro Internacional para Resolver Diferencias sobre Inversiones (ICSID por sus siglas en inglés) ante el abundante número de reclamos, todavía tiene 22 casos pendientes presentados desde 2010. Argentina tiene 6 casos pendientes, presentados desde 2010.
Según Moody's, la devaluación, una típica medida adoptada por los gobiernos para reducir la pérdida de reservas cuando sus monedas están bajo presión, pero es improbable que logre reducir esas presiones en Argentina porque no incluye medidas creíbles ni sustentables para reducir el déficit fiscal y moderar la inflación. Por el contrario, más que contener la ansiedad, la caótica elaboración de políticas de Argentina parece perpetuar la incertidumbre y la preocupación. Moody's prevé además un incremento de tensiones políticas debido a los intentos de los sindicatos por preservar el valor real de los salarios, y señala que es poco claro qué políticas empleará el Gobierno para combatir la huida de capitales, controlar la inflación y restaurar la confianza de los inversores.
El jefe de gabinete de Argentina, Jorge Capitanichal al igual que el presidente Nicolás Maduro y sus ministros en Venezuela, acusa a los especuladores y los fascistas como la causa de los problemas de Argentina. Así les atribuye la caída del peso que, en un afán por ganar dinero rápidamente, castigan el valor de los activos para luego comprarlos. Desafortunadamente, cuando no hay correctivos por los errores y la incompetencia, éstos proliferan y entonces se pretende desviar la culpabilidad hacia terceros, identificando las consecuencias de los problemas en vez de sus causas.