Esquilo el dramaturgo griego escribía medio milenio antes de Cristo, que la verdad es la primera víctima de las guerras, en el caso de las dictaduras además de los desaparecidos y asesinatos, el blanco preferido son las estadísticas. En el intento de presentar su versión sudamericana del estalinista Socialismo Real como el paraíso del Siglo XXI, se expande una extensa bruma que opaca o engaveta los indicadores económicos y sociales que verifican el siniestro rumbo de nuestro país.
En tal sentido los entes oficiales del régimen, el Banco Central de Venezuela (BCV), Instituto Nacional de Estadísticas (INE), el Ministerio del Trabajo (MINTRA), Ministerio de Salud, entre otros, tejen una maraña de incógnitas y cuentos de camino, para maquillar las calamidades de la población, demostrando la crueldad de una tiranía que hasta las desgracias las oculta, para así esconder las verrugas de la estafa mentada revolución bolivariana.
Uno de los datos más sensibles es el de la Población Económica Activa, ya que para 2016 última vez que presentaron datos generales, se identificaban según cifras oficiales cercanas a los 14.000.000 de trabajadores, ahora bien al mencionarse a nivel internacional la diáspora de 5.000.000 de connacionales, ¿Cuál es la distribución actual de población formal, informal y desocupada?, cuyo registro significa el éxodo despavorido de personas de todas las edades, ante la terrible realidad de una economía donde desapareció el trabajo digno, cuyo significado es salario suficiente, seguridad social integral, estabilidad en el empleo, capaz de proveer de bienes y servicios al grupo familiar.
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antipopular, hoy el gobierno está destruyendo el trabajo en Venezuela. Los venezolanos estamos sufriendo la pulverización de nuestros salarios y pensiones, el éxodo de miles de compatriotas por los sueldos miserables, la crisis de los servicios públicos, la emergencia en la salud y en la educación, la pérdida de empleos productivos por el cierre de empresas, la represión gubernamental y los despidos por defender nuestros derechos. Ésta es una realidad tanto en el sector público como en el privado. Patronos públicos y privados incumplen los reenganches con la complicidad abierta del Ministerio del Trabajo.