Tras los resultados de las elecciones congresionales y presidenciales de este año, se redibujó el ejercicio del poder para el próximo cuatrienio y se marcó una coyuntura particular para la República Dominicana: se esfumó el clásico equilibrio de los poderes públicos. |
Tal y como se sabe, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) obtuvo el control absoluto del Poder Legislativo, por lo que el Ejecutivo no tendrá impedimentos para la aprobación de los empréstitos y las reformas que estime convenientes, incluso favorables a sus intereses partidarios.
El otro poder clásico, el Judicial, hace tiempo que da señales de que no tutela el debido proceso ni derechos fundamentales, siempre que se trate de acusaciones de corrupción imputando a la oposición política.
El Poder Ejecutivo también tendrá incidencia favorable en los denominados extrapoderes, motivo a su hegemonía en la integración de jueces de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral; los miembros de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas; así como en el Defensor del Pueblo.
La descripción de este panorama no luce halagador para impulsar valores democráticos. En democracia, el equilibrio de los poderes públicos es fundamental, porque estos cumplen con una función vital de contrapeso con la finalidad de evitar que uno se sobreponga sobre el otro, rompiendo con la esencia democrática.
Desde su fundación, en 1844, la República Dominicana adoptó el sistema de división de los poderes y, progresivamente, ha ido creando órganos para fortalecer su funcionamiento ...
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