Hay que tener mucho cuidado con las interpretaciones de los efectos de la inflación. Los economistas tienden a pensar que los aumentos de precios ejercen influencias negativas sobre el poder adquisitivo de salarios y pensiones, deterioran el valor real de los activos en manos de los actores económicos, distorsionan los precios relativos y la competitividad de la economía, ejercen una influencia negativa sobre el crecimiento económico provocando desempleo, y un sinfín de efectos más. Y, por delimitar el caso cubano, la inflación interanual de 2021, un 77,3% la más elevada de América Latina después de Venezuela, sienta un precedente negativo sobre el gobierno y las empresas.
Cierto que se suele afirmar que los gobiernos aprovechan las subidas de los precios para recaudar más tributos, por el simple crecimiento de las bases imponibles por el efecto de la inflación, sobre todo de los impuestos que recaen sobre el gasto. Pero acaba siendo una recaudación comprometida, porque después, el aumento de precios actúa sobre los programas del gobierno, haciendo más costosa su implementación.
Al final, no es fácil para los gobiernos convivir con la inflación, ni los democráticos ni los autoritarios. Con el tiempo surgen los problemas. Y si se acentúan, se producen cambios de gobierno en los democráticos y revueltas y estallidos sociales en los autoritarios. El final siempre es imprevisible cuando se habla de inflación.
En cuanto a las empresas, el aumento de los precios ejerce una presión sobre los márgenes de beneficio, sobre todo de las pequeñas y medianas empresas, pero en el caso de la economía cubana, parece que los grandes consorcios estatales se han visto más afectados por la inflación, de ahí que todavía haya 500 empresas en situación de grave insolvencia. Estas empresas estatales se encuentran ante la tesitura de que deben aumentar sus precios para compensar todo, o en parte, el aumento de los costes. Pero el estado que las interviene y controla, no permite subir precios y obliga a compensar el crecimiento de los costes con reducción de márgenes; ahí empiezan los problemas.
Después están las empresas que han sido capaces de aumentar sus precios, porque el estado las ha autorizado a ello, y encaraman el crecimiento de los precios a ese 77,3% inédito en la historia reciente de Cuba. Lo siguiente es que estas empresas empiezan a descubrir que sus clientes les dan la espalda, porque los precios son muy elevados, inaccesibles, y frenan la demanda. Este comportamiento se presenta de forma especialmente intensa en la economía cubana, dominada por monopolios.
En este contexto, no deja de ser una buena noticia que las pequeñas y medianas empresas que se han ido creando por autorización del régimen, hayan mostrado una relativa mayor facilidad para adaptarse a la coyuntura inflacionista de la economía cubana.
La intensa subida del IPC en Cuba durante 2021 anticipa un entorno inflacionista que puede durar más de lo esperado, y que puede acabar evolucionando de forma imprevisible, si se tiene en cuenta la inacción del régimen, que se muestra reticente a utilizar una combinación de política monetaria y fiscal capaz de controlar los desequilibrios que están detrás de la inflación. No en vano, el ministro Gil renunció a formular cualquier estimación del comportamiento de los precios durante 2022 y se limitó a constatar la preocupación de su gobierno. Sabe que una parte importante del aumento de precios que viene es importada, porque las consecuencias de la guerra de Ucrania se van a dejar sentir de forma intensa en la pequeña y abierta al exterior economía cubana. Lo peor de todo es que el ministro carece de un plan concreto de medidas para luchar contra la inflación y ello puede agravar el problema en todos los actores económicos. Además, cuando se trata de afrontar aumentos de precios, la reacción tardía supone mayores costes económicos y sociales, y este es el panorama que se vislumbra en Cuba en estos momentos.
De modo que cuidado con tomarse a broma la inflación o dar una interpretación errónea de un síntoma de enfermedades mucho más graves de las economías, que, en ocasiones, se descubren cuando se realiza la autopsia, es decir, cuando todo está perdido. En el caso cubano, se está viendo con las 500 empresas insolventes, que confirman un descenso muy significativo de sus beneficios y rentabilidad, y lo que es peor, carecen de previsiones año y medio después, para superar la crisis.
Pero, y esto es igualmente importante, no tardará el estado comunista en encontrarse ante precios que incrementan los costes de sus políticas sociales y la tesitura de tener que reducir los programas. De hecho, la señora Bolaños anticipó para el presupuesto de 2022 rebajas de gastos de un 20% con respecto al año anterior, que, de buen seguro, se van a quedar cortas para el esfuerzo de ajuste que se tendrá que realizar. Sin subsidios y con menos programas sociales, la inflación asestará un duro golpe al régimen, allí donde más le duele, y tendrá que afrontar un mayor nivel de malestar social. Anticipar estas tendencias, y prepararse para ellas, ya está siendo tarde.
Entonces, ¿Qué debería hacer el régimen para intentar no morir en el intento?
En primer lugar, ayudar a las empresas estatales próximas a la quiebra a encontrar una salida viable que impida el cierre motivado por subidas de costes que no se permiten trasladar a los precios. Estas empresas están en pérdidas como consecuencia del “modelo de negocio” impuesto por el estado comunista, pero tal vez en una economía competitiva podrían ganar dinero y ser solventes. Si estas empresas desaparecen, la economía se resentirá, habrá menos crecimiento, más desempleo y con ello, la inflación volverá a crecer por exceso de demanda. El estado comunista tiene que cambiar su “modelo de negocio” con estas empresas o asumir su quiebra en cadena. Mal asunto.
En segundo, facilitar que las empresas que han conseguido trasladar sus costes a los precios no experimenten descensos de la demanda, como consecuencia de la pérdida de poder adquisitivo que tendrán los consumidores, a resultas de la inflación. Esto se puede conseguir con subsidios directos que no alteren las condiciones de la competencia y que sirvan para recomponer los niveles de gasto. Esta política tiene la dificultad de acertar con los subsidios para compensar el incremento de los costes sobre los precios. Tiene poco que ver con los esquemas intervencionistas del régimen.
En tercer lugar, atender a la pérdida de competitividad que provoca la inflación sobre la economía nacional. Y esto nos lleva de forma directa al tipo de cambio del peso. El tipo fijo de la Tarea Ordenamiento, de 1x24, ha quedado atrás para siempre y en los mercados informales desde hace tiempo se descuenta el dólar a 100 pesos, con clara tendencia al alza desde el comienzo de la guerra. Cierto es que la economía cubana tiene un claro desajuste entre el sector externo e interno, pero la lucha contra la inflación ofrece un espacio único para tomar una decisión que nadie desea, pero que no tiene otro remedio, que es devaluar el peso y acercarlo a una cotización más realista que la oficial actual. Una decisión de estas características debería servir para modificar el saldo del comercio exterior y facilitar la obtención de divisas para atender, de una vez por todas, a la deuda externa que sigue sin ser pagada.
La cuestión aquí es que, incluso actuando en estos tres frentes y con decisión, la economía cubana no podrá escapar a las tensiones inflacionistas internacionales que van a durar y extenderse más de lo previsto. De hecho, las empresas de la mayoría de los países anuncian aumentos de precios de sus productos y servicios en los próximos meses, lo que asegura la continuidad de la inflación. Se trata de una tendencia generalizada entre las empresas, sin distinción de sectores, actividades o tamaño. Las previsiones apuntan a que la inflación va a continuar siendo un problema en los próximos meses dejando atrás la preocupación actual por la subida del precio de la energía y de algunas materias primas, para concentrarse en una amplia gama de bienes de consumo, intermedios y de equipo, que limitarán la capacidad de las empresas para producir limitando la obtención de beneficio y comprometiendo más la solvencia.
No es bueno tomarse a broma la inflación y sus secuelas. El régimen cubano puede comprobar, y bien pronto, cuán grave puede ser interpretar mal los datos y adoptar decisiones inadecuadas.