Derechos Humanos / Human Rights

Ginebra, Sept. 17 (DP.net).– La Misión Internacional Independiente de determinación de los hechos en la República Bolivariana de Venezuela, actuando bajo un mandato de Naciones Unidas, publicó este miércoles 16 de septiembre un devastador informe sobre la violación de los Derechos Humanos por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela. La misión está integrada por Marta Valiñas (presidenta), de Portugal; Francisco Cox Vial, de Chile; y Paul Seils, del Reino Unido, y se estableció en virtud de la resolución 42/25, del Consejo de Derechos Humanos de la ONU el 27 de septiembre de 2019.

En el informe se reconoce la responsabilidad del Estado de mantener el orden público, pero la Misión constató que el Gobierno, los agentes estatales y los grupos que trabajaban con ellos habían cometido violaciones flagrantes de los derechos humanos e identificó patrones de violaciones y crímenes altamente coordinados de conformidad con las políticas del Estado y parte de un curso de conducta tanto generalizado como sistemático, constituyendo así crímenes de lesa humanidad. Por tanto, el informe establece que el Estado venezolano y sus organismos judiciales deben exigir cuentas a todos los de las ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura e impedir que se produzcan nuevos actos de esta naturaleza.

La Misión constató que las autoridades estatales de alto nivel tenían y ejercían el poder con la supervisión de las fuerzas de seguridad y los organismos de inteligencia identificados en el informe como responsables de esas violaciones. El Presidente Maduro y los Ministros del Interior, de Justicia y Paz y de Defensa tenían conocimiento de los crímenes y, según el Informe, “dieron órdenes, coordinaron actividades y suministraron recursos en apoyo de los planes y políticas en virtud de los cuales se cometieron los crímenes”.

La trágica pandemia ocasionada por el virus chino que ha quebrantado la economía mundial y causado centenares de miles de muertes, agrava la hambruna que se cierne sobre muchos países de África, pero las organizaciones cristianas siguen distribuyendo alimentos y otros tipos de ayuda, enfrentando sus voluntarios el alto riesgo de ser capturados, torturados y asesinados.

Nigeria está profundamente dividida a lo largo de líneas religiosas con un norte dominado por musulmanes y un sur, mucho más poblado, de mayoría cristiana. Hay más de 80 millones de cristianos en este país, fruto de la obra misionera como del regreso de los esclavos liberados que llevaron el evangelio al continente desde Europa después de la abolición de la esclavitud en Inglaterra en 1833. La actividad cristiana entre la mayoría musulmana del Norte ha disminuido significativamente durante los últimos 10 años como resultado del surgimiento del grupo militante islámico Boko Haram. Con base en el norte y operando también en Malí, Níger, Chad, y otros países del Sahel, Boko Haram está afiliado a al-Qaida y también se ha alineado con los terroristas del Estado Islámico (ISIS).

NIGERIA: La pandemia no ha detenido los ataques ni la persecución de cristianos, pero tampoco ha cesado la ayuda

Lagos, Sept.5 (DP.net).– La pandemia mundial no ha impedido que militantes musulmanes continúen sus crueles ataques contra aldeas cristianas en el Norte de Nigeria. Trabajadores voluntarios cristianos han documentado ataques en 15 ciudades en los Estados de Plateau y Kaduna desde el 8 de enero de 2020.

Al menos 86 personas murieron, 13 fueron secuestradas y 24 resultaron heridas en los ataques ocurridos hasta junio de este año, y más de 400 familias tuvieron que reubicarse. El 5 de mayo, por sólo citar un ejemplo, ocho militantes islámicos dispararon contra un pastor, su esposa y sus dos hijos en su misma casa; afortunadamente, todos sobrevivieron.

Solidaridad de Trabajadores Cubanos (STC)

10 de Agosto del 2020

Denuncia:

Nuevamente las autoridades cubanas han emprendido acciones represivas contra María Elena Mir Marrero, Secretaria General del CONIC y miembro de la Secretaría Ejecutiva de la Mesa de Unidad de Acción Democrática (MUAD).

Durante Los últimos días la dirigente opositora ha estado denunciando públicamente la situación en la Playa de Guanabo, al oeste de la ciudad de la Habana, producto de las medidas tomadas por las autoridades cubanas, en relación con El Corona Virus, así como también la grave situación económica y social que vienen sufriendo los habitantes de esa zona.

Nuevamente las autoridades la han emprendido en contra de María Elena Mir Marrero, limitándole sus movimientos y el acceso a los medios de comunicación que ella venía utilizando para sus denuncias. Estas acciones de los representantes del régimen cubano son una fragante violación de sus derechos fundamentales, en particular su derecho a la libre expresión y su libertad de Movimiento.

En Cuba se conoce como "periodistas independientes" a quienes no trabajan en los medios de propaganda que mantiene el régimen. Este caso contra la periodista Camila Acosta Rodríguez es uno de muchos que suceden constantemente para entorpecer la labor de la prensa independiente e intimidar a sus miembros. Los así perjudicados y amenazados no cuentan con recurso legal alguno para defenderse.
Reproducimos a continuación la última denuncia que hemos recibido de la Asociación pro Libertad de Prensa:

Obliga la Policía Política a dueño de vivienda a cancelar arrendamiento a la periodista Camila Acosta Rodríguez.

Es la quinta ocasión desde febrero último, que la periodista se ve privada de un sitio donde residir por presiones de laPolicia Política.

La periodista tuvo que dejar este martes día 21 de manera precipitada, a petición del dueño, el lugar donde se encontraba residiendo en calidad de arrendataria debido a que la Policía Política le exigió al titular de la vivienda que la desalojara.

De acuerdo a declaraciones de Acosta Rodríguez, es la segunda ocasión en este mes de julio, y la quinta desde febrero a la fecha, que se queda sin un lugar donde vivir debido a las presiones que ejerce la Policía Política sobre los arrendadores.