Doctrina Social Cristiana

Frecuentemente escuchamos esta afirmación: “La Iglesia no debe meterse en política”. Escuchamos también: “Este laico, esta monja o este sacerdote, no deben meterse en política”. Aún más, en ocasiones, sacerdotes, religiosas y laicos, somos etiquetados, encasillados e incluso discriminados por ejercer nuestro compromiso cristiano en los ámbitos económicos, sociales y políticos. Sin embargo esto, a veces, ocurre sólo con los que ejercemos nuestra misión profética crítica y propositiva, mientras que los que se mantienen callados, mimetizados, o están comprometidos con el estatus actual de las cosas, son aceptados e incorporados, como debe ser, pero para todos por igual, en todos los servicios para los que tengan vocación y formación.

No ocurre siempre, ni en todos los lugares por igual, pero eso invita a una reflexión más profunda y teológica. Intento proponer algunas pistas para que esta reflexión pudiera servir tanto dentro de la Iglesia, como para aquellos que, desde fuera, la juzgan, la critican y la reprimen, por su compromiso cristiano en el ámbito social.

Propuestas

1. Propongo reflexionar y estudiar, en nuestras comunidades, lo que enseña el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia que duerme en los estantes de nuestras bibliotecas: Que la Doctrina Social de la Iglesia no es opcional ni es un apéndice prescindible, según la situación circunstancial. La Doctrina Social es parte inseparable y eminente del Evangelio de Jesucristo y, por tanto, es parte de la Teología moral. Si esta parte se ignora, se esconde o se mutila, se está faltando gravemente a la misión evangelizadora que Cristo encargó a su Iglesia. Es más, la Iglesia tiene el deber ineludible de cumplir todos y cada uno de sus “munus” (oficio, servicio, responsabilidad): el primero, el “munus docenti“. Es decir, la Iglesia tiene la misión de enseñar, predicar todo el Evangelio, cumplir con su misión profética de denunciar lo que va contra la dignidad, la libertad y los derechos de todas y cada una de las personas; y su deber de pensar, reflexionar, prever y anunciar lo que es bueno, verdadero y bello para cada persona y cada pueblo.

Si la Iglesia es callada en esta misión, se mutila el Evangelio, se reduce su misión y se lesiona gravemente la libertad religiosa. Y no solo eso, la fe es convertida en un ansiolítico alienante, en un pietismo escapista y en un quiste que encapsula a sus fieles en una burbuja que los separa de su prójimo y de la sociedad a la que deben servir el mensaje liberador, sanador y fecundante de Jesucristo.

2. Esta misión de servicio liberador, sanador y fecundante, es decir, creativo y propositivo, dentro de la Iglesia y dentro de la sociedad, debe ser cumplida por todos los miembros de la Iglesia. Nadie está exento de esta misión de servicio. Sin embargo, no todos los miembros de la Iglesia están llamados a cumplir esta misión profética, política y servicial de la misma forma.

Existen dos formas de hacer política, como búsqueda del bien común: política cívica (política en sentido amplio) y política partidista (política en sentido estricto).

En efecto, en la Iglesia todos somos profetas, pero la forma de ejercer el profetismo cristiano es diferente según la vocación específica de cada cual: el Papa, los Obispos y los sacerdotes están llamados a santificar, enseñar, y pastorear, tanto a la comunidad eclesial como a todo el pueblo al que han sido enviados, sin distinción de personas, ideologías u opciones políticas. Los pastores reciben la misión de cuidar de todas las ovejas de Cristo, aun de aquellas que no son de este redil y de aquellas que se pierden en el monte y son heridas por los lobos. Los pastores no pueden discriminar a los fieles, ni por una opción política ni por otra. Son pastores de todos, por igual. Ejercen su servicio enseñando toda la Doctrina Social de la Iglesia en todo momento y lugar, “a tiempo y a destiempo” como dice San Pablo. Ellos son custodios de que el lobo no se cuele en el redil, de que la mundanidad, esta forma de actuar permeada por las ideologías y simulaciones, no se haga estilo de vida en la Iglesia y de que no se excluya de la Iglesia y de sus servicios, ni a tirios ni a troyanos que se acerquen o los que han estado siempre.

Es en este fundamento bíblico y teológico que se basa el servicio de predicación, de cartas pastorales, de mensajes utilizando el avance de las nuevas tecnologías de la comunicación y las redes sociales que, muy prudente y valientemente, utilizan los pastores, iluminando desde la fe, y desde la ética cristiana que de ella se deduce, todos los ámbitos donde viven las personas y la entera sociedad.

Es en este fundamento bíblico y teológico que se basan nuestros Obispos para pedir cambios estructurales en Cuba cuando expresa en su Mensaje por el Jubileo 2025:

“Cuando la cotidianidad obliga a la búsqueda afanosa de los bienes primarios, la falta prolongada de corriente eléctrica afecta el descanso y paraliza el estudio y el trabajo; las familias se fragmentan cada vez más por la emigración creciente, y el desencanto y la apatía se apoderan de tantos, agobiados por la repetición de promesas que no se concretan nunca… cuando todo esto nos invade el alma, el horizonte de la esperanza se desdibuja y la tristeza se apodera de nuestros corazones” (Mensaje de los Obispos Católicos Cubanos en el Año Jubilar 2025, No. 4).

“Con desesperanza y sin alegría no hay futuro para ningún pueblo. Es verdad que la Iglesia sabe y proclama siempre que Jesucristo Resucitado es la fuente y la meta de la verdadera esperanza (cf. Col. 1,27). Pero también es deseable, legítimo, digno del hombre, que todo ser humano pueda vivir y trabajar en paz, realizar sus sueños personales y familiares, progresar integralmente cada vez más” (Mensaje de los Obispos Católicos Cubanos en el Año Jubilar 2025, No. 5).

"Si las personas pueden crecer y desarrollar sus potencialidades, es más fácil motivar la búsqueda y el esfuerzo del bien común, ese que parece cada vez más lejano de tantos hermanos nuestros, sobre todo, los pobres, los ancianos solos y abandonados, los que duermen o deambulan por las calles, los que buscan comida diariamente en los contenedores de basura, los que no logran dormir en las interminables noches de apagón, los padres de familia agobiados por el futuro incierto que vislumbran para sus hijos, los que están resentidos o rotos y se vuelven cada vez más violentos, los que no sienten que pueden expresar libremente sus convicciones, los que se enrolan en el alcohol, las drogas y otras adicciones… carentes de amor y vaciados de esperanza” (Mensaje de los Obispos Católicos Cubanos en el Año Jubilar 2025, No. 6).

Como podemos leer, los Obispos cubanos analizan, a la luz del Evangelio de Cristo, las realidades económicas, políticas y sociales que sufre hoy el pueblo cubano. Esa es su forma de ejercer su misión profética al servicio de la política en su sentido amplio y no partidista, que significa “la búsqueda del bien común de la “polis” (ciudad, pueblo). Es por eso que es legítimo, aún más, deseable y necesario, que los pastores entren en esta forma de iluminar la política que es su manera de enseñar y obrar la Doctrina Social de la Iglesia que es, como ya dijimos, parte esencial e inseparable del Evangelio. Ellos avanzan, aún más, en este servicio pastoral y profético dando voz a la necesidad de cambios en Cuba cuando expresan claramente en el mismo Mensaje jubilar:

“La realidad dolorosa y apremiante que experimentamos pide no quedarnos únicamente en los análisis, la descripción de los problemas y sus múltiples causas. Nos exige cambiar el rumbo de esta situación. En todos los lugares de la geografía nacional, para los oídos atentos y respetuosos del sufrimiento del prójimo se escucha continuamente que las cosas no están bien, que no podemos seguir así, que hay que hacer algo para salvar a Cuba y devolvernos la esperanza. Este reclamo es una invitación a todos, pero fundamentalmente a los que tienen responsabilidades más altas a la hora de tomar decisiones para el bien de la nación. Es el momento de crear un clima, sin presiones ni condicionamientos internos y externos, donde se puedan llevar adelante los cambios estructurales, sociales, económicos y políticos que Cuba necesita” (Mensaje de los Obispos Católicos Cubanos en el Año Jubilar 2025, No. 9).

Este es un ejemplo sereno, fiel y encarnado, de cómo ejerce la Iglesia jerárquica su misión política no partidista, es decir, cívica.

3. Los sacerdotes y las religiosas que colaboran, a su forma, con esta misión profética, lo hacen a través de sus predicaciones, enseñanzas, reflexiones y mensajes en sus comunidades y también en sus redes sociales, instrumentos actuales para extender la evangelización. Eso es parte de su más legítimo compromiso cristiano basado en el mismo mandato de Jesús en el Evangelio. 
4. Los fieles laicos cristianos, basándonos en los mismos fundamentos bíblicos y teológicos, debemos ejercer nuestra vocación y misión laica cristiana (que es también nuestro derecho a la libertad religiosa), el servicio profético en medio del mundo en el que vivimos. Esta misión profética en lo económico, en lo social y en lo político, de nosotros los laicos, se puede ejercer de dos maneras:

– Como servicio político cívico. Es decir, igual al que ejercen los obispos, sacerdotes y religiosas, pero al estilo laical sin confundirnos con la mundanidad. Es un servicio en la cívica (civitas: ciudad, pueblo, polis), no partidista. Es decir, en todo lo que afecte al bien común sin fundar un partido, sino como activista en la sociedad civil. Como hombre de Iglesia en lo cívico. Como dice el Documento de Puebla: los laicos deben ser “hombres de mundo en el corazón de la Iglesia y hombres de Iglesia en el corazón del mundo”. Por ello, los laicos comprometidos con este activismo cívico podemos decir, con toda legitimidad y limpia conciencia, que lo hacemos a partir de nuestra fe cristiana y de nuestra pertenencia a la Iglesia. Ni separados, ni a espaldas de ella, sino como hijos de la Iglesia.

– La otra forma de ejercer este servicio político profético por parte de los fieles laicos es comprometiéndose en la política partidista a partir de su fe y de las consecuencias económicas, políticas y sociales del Evangelio. En esta forma de ejercer el servicio profético se diferencian de los pastores y de los religiosos que, según las actuales disciplinas de la Iglesia, deben abstenerse de hacer política partidista, para precisamente, poder acoger y orientar a todas las opciones políticas de todos sus fieles.

Quiera Dios, que en esta hora crucial y decisoria de la nación cubana, reflexionemos, estudiemos, interioricemos y tomemos conciencia de la necesidad y la urgencia de comprender y asumir este indispensable y tremendo compromiso al servicio del cambio verdadero, la libertad, la democracia y el progreso material y espiritual de Cuba.

Que las autoridades civiles comprendan, por fin, la necesidad de ejercer este compromiso que exige la fe cristiana y garanticen una plena libertad religiosa que es un derecho que nos da Dios a todos.

Que todos los cristianos, pastores y laicos, comprendamos y ejerzamos, prudente, propositiva y valientemente, nuestra misión profética económica, social, cultural y política, cada cual según su propia vocación, a tiempo y a destiempo, pero ahora ya, en este tiempo de cambio.

Pero sobre todo, que nuestro pueblo comprenda que el ejercicio de esta misión profética y política no es para establecer otra alianza del trono y el altar, sino para servir –y servir mejor– a todo nuestro pueblo, creyentes, agnósticos y ateos.

Es la Patria el ara, todos debemos ser sus servidores.

Un análisis a fondo de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) en su enfoque a la crisis migratoria que está conmoviendo al mundo entero, subraya los aspectos de compasión, caridad y tolerancia como condición indispensable en la aplicación de los principios de solidaridad y del bien común. Por lo tanto, aborda el fenómeno de las migraciones desde una perspectiva de justicia y solidaridad, reconociendo el derecho humano a migrar y la necesidad de proteger a los migrantes, especialmente a los más vulnerables.

Esta es una de las caras de la medalla, pero la DSI enfoca también los aspectos de responsabilidad, orden y respeto por el derecho ajeno que provoca la crisis migratoria. En otras palabras, destaca la responsabilidad de los Estados de regular los flujos migratorios y promover el bien común, considerando el duro impacto de la migración masiva en las sociedades de acogida.

Si bien la DSI afirma el derecho fundamental de las personas a migrar –es decir, la libertad de movimientos, un derecho internacionalmente reconocido según el Artículo 13 de la Declaración Universal– tambíen reconoce la responsabilidad de los Estados en regular los flujos migratorios para garantizar la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos. En ese contexto, la DSI subraya la necesidad de equilibrar el derecho a migrar con el bien común de las sociedades de acogida, reconociendo que grandes flujos migratorios pueden generar graves desafíos en términos de seguridad, empleo, servicios sociales y cohesión social y cultural.

Estas salvedades son coherentes con la interpretación del Artículo 13 de la Declaración Universal, que abarca dos aspectos de la cuestión migratoria: la primera se refiere directamente al derecho a la migración al interior del propio Estado, es decir, que dentro de  los  límites  nacionales  los  ciudadanos  pueden  elegir  el  lugar  de  su  residencia;  la  segunda,  salvaguarda  la  salida  y  entrada  de  toda  persona a cualquier país, incluyendo el suyo. Sin embargo, es preciso distinguir que se refiere a una situación de tránsito y no de residencia, es decir, no contempla que un ciudadano tenga opción o, mucho menos, el derecho de elegir desautorizada o arbitrariamente otro país de residencia. 

A esto se suma el Artículo 14 de la Declaración Universal que se refiere al asilo "[E]n caso de persecución", siempre que se vea comprometida o condicionada “la integridad física [de una persona] por motivos ideológicos y por el clima político del país en cuestión”, como queda delineado por expertos de Naciones Unidas encargados de aclarar el alcance de estas disposiciones. Por lo tanto, aunque este reconocimiento parece muy completo, sólo comprende el asilo político  (en  virtud de los derechos civiles y políticos) y no otras situaciones.

En resumen, se trata de equilibrar los derechos humanos de los migrantes con la legalidad y el respeto al país anfitrión y a sus ciudadanos para que una migración ordenada redunde en oportunidades de enriquecimiento cultural en el país de acogida con una política solidaria que fomente el desarrollo de sociedades más justas y fraternas. Esto incluye la necesidad de construir una comunidad auténticamente humana, orientada  hacia  el  bien  común, tanto de los inmigrantes como de los nacionales, que necesita  de  la  afirmación  fundamental  de  la  dignidad de la persona y de la solidaridad; en otras palabras, de mirar a la persona en lo que es y en lo que está llamada a ser según su propia naturaleza, y mirar también a la sociedad a la que unos pertenecen y otros quieren pertenecer como el ámbito de desarrollo y de liberación de cada persona en comunidad de intereses. 

Esta comunidad de intereses no puede perjudicar a unos para beneficiar a otros. Según reportan desde el Reino Unido, que es un país mucho menos afectado por la inmigración ilegal que la que entra a Italia, España, Francia, Holanda y, por carambola, a Alemania y los países Escandinavos, «en última instancia, son los contribuyentes del Reino Unido quienes deben hacerse cargo de los costos de alojamiento (incluidos los hoteles) para más de 25,000 solicitantes de asilo. El análisis de nuevos datos del Ministerio del Interior sugiere un costo de poco menos de £1.3 mil millones por año. Esto significa un costo anual por solicitante de asilo de alrededor de £4,300 al mes.» En Holanda, los estudios muestran que cada migrante ilegal cuesta al contribuyente aproximadamente €400,000 a lo largo de su vida. Esta cifra se basa en un informe que estimó que el costo neto de la "migración de asilo" para el tesoro neerlandés promedia €475,000 por inmigrante. En Estados Unidos, las cifras correspondientes son mucho mayores, ocasionando un pesado gravamen para el país y, en consecuencia, para sus ciudadanos y residentes legales.

Hay otro aspecto de las migraciones y la entrada ilegal a otros países que suelen pasar por alto los medios, los expertos y los críticos: la inmigración ilegal es una espada de doble filo que no sólo lastima el entorno social sino que provoca situaciones de semiesclavitud a las que se ven sometidos esos inmigrantes. En consecuencia, estos inmigrantes son sumamente vulnerables al quedar desprotegidos y sin posibilidad de firmar contratos,  acceder  a  la  seguridad  social,  tener  cuentas  bancarias,  entre otros factores o seguridades negadas debido a su condición irregular, por lo que se ven sometidos a la explotación en sus horarios de trabajo, a salarios de miseria, a la trata, el abuso, el tráfico de drogas y todo tipo de injusticias. Por lo tanto, las muchas empresas explotadoras de la inmigración ilegal (además de las organizaciones mafiosas) gastan portentosas cantidades de dinero en propaganda y campañas encaminadas a entorpecer los controles de inmigración y a facilitar los medios legales para prologar la situación de ilegalidad y fomentar así un mayor influjo de inmigrantes ilegales a los que también puedan explotar.

En resumen, lo que la Iglesia sugiere y busca de los Estados en su Doctrina Social no es una puerta abierta que acepte sin distinción a cualquier individuo que lo solicite. Lo que busca más bien es un balance justo entre el límite de soportabilidad de los países receptores y un criterio humanitario reconocido (tanto en los países como en la comunidad global) para prevenir abusos en los procesos de selección, acogida o rechazo (incluida la deportación) de los migrantes.

Las migraciones entendidas como un problema ético ponen en alerta a la Iglesia del mundo entero, pues ante la inquietud del que sufre y por una bien comprendida obligación de solidaridad, tiene que hacer todo lo posible para buscar y fomentar soluciones apropiadas —a menudo en colaboración con los Estados y las entidades de la sociedad civil— para tratar aquello que afecta al prójimo y, en última instancia,  al bien  común (cf. Sollicitudo rei socialis [srs], 38-39).