En el actual debate de propuestas para el futuro de Cuba, percibo una confusión conceptual o un trastrueque del lenguaje que pudieran hacer mucho daño. No se trata solo de un tema menor referente al uso del lenguaje, se trata de un trastorno de las realidades que el mal uso de ese lenguaje pudiera provocar. Hablar claro es señal de tener ideas claras y solo con ideas claras se pueden construir realidades bien concebidas y mejor estructuradas.
Se trata del concepto y la realidad llamada “Bien común” que debe ser gestionado mediante otra realidad llamada “justicia social”. Estos términos están siendo satanizados y las realidades que ellos denominan están siendo confundidas y distorsionadas en nombre de una ideología que se hace llamar “liberal” o en superlativo, “libertaria”. Cuando me refiero a “ideología” no me refiero a las correctas leyes del libre mercado, al legítimo progreso, a la libertad de empresa, a la propiedad privada, al libre comercio. Todo esto es necesario para el desarrollo de los pueblos. Pero cuando las ideologías cerradas se hacen dogma de fe o “religión secular”, no se respetan los conceptos y se manipula el lenguaje. También se excluyen como si fueran “herejías” doctrinales, términos y contenidos como “bien común” o “justicia social”. Con esta reflexión me gustaría aportar lo que el humanismo de inspiración cristiana y la Doctrina Social de la Iglesia proponen como significados y contenidos de estos dos términos:
*Bien común*
Según las enseñanzas sociales de la Iglesia: La primera “sistematización” de la categoría “bien común” aparece en 1961, cuando el Papa Juan XXIII, en su Carta Encíclica Mater et Magistra, decía lo siguiente:
El bien común “abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección” (n° 65). Por tanto, nunca el bien común debe considerarse como lo opuesto o como el enemigo de la libertad, el progreso y el desarrollo de cada persona. Al contrario, el bien común exige al Estado, a los políticos, a la sociedad civil y a cada ciudadano, asegurar “el conjunto de condiciones” que garanticen su plena libertad, todos sus derechos humanos, el ejercicio de su responsabilidad, su seguridad ciudadana, la igualdad de oportunidades y la equidad ante la ley. Para todo ello un Estado pequeño, reducido a lo estrictamente necesario, debería garantizar: un marco legal, unas instituciones transparentes y honestas, una armonía cívica, así como la seguridad ciudadana, el orden público y la paz.
El bien común no es una amenaza a la libertad personal, ni a la libertad de empresa, ni al mercado, sino que requiere que estos sean ejercidos y se gestionen con responsabilidad social. El bien común es siempre una búsqueda, pero esa búsqueda del bienestar social es el hábitat para alcanzar el desarrollo integral, digno y pleno de toda persona.
El bien común no es tampoco la suma aritmética del bien de cada ciudadano, sino el marco legal y el hábitat social donde cada uno pueda realizar libremente su propio proyecto de vida a plenitud.
Un error aún mayor es confundir la búsqueda del bien común con la colectivización forzosa de los bienes personales. O confundirlo con la estatización de la propiedad privada. La verdadera búsqueda del bien común debe ser el marco legal, político, económico y social en el que cada ciudadano pueda desplegar, con libertad y responsabilidad, todos sus talentos, capacidades y proyectos sin lesionar, discriminar o reprimir ninguna libertad ni ningún derecho de los demás.
La búsqueda del bien común debe evitar también los excesos en que podemos caer los seres humanos como: el individualismo cerrado y egoísta, el sectarismo excluyente, los regímenes autoritarios y totalitarios, la represión, el libertinaje desenfrenado en que se puede caer cuando se defiende una libertad individual sin responsabilidad personal y cívica.
*El bien común y la justicia social*
La justicia social es otro concepto que se ha manipulado y confundido. Veamos primero su definición:
“La justicia social es el principio que lucha por la igualdad en el acceso a derechos, recursos y oportunidades. Su objetivo es reducir las brechas que generan desigualdades en la sociedad, promoviendo sistemas más justos y solidarios”.
Como podemos apreciar, la justicia social no es igualitarismo impuesto. Ni es quitarle los bienes a los ricos para dárselos a los pobres; ni es fomentar a vagos y dependientes que vivan con el dinero de los impuestos que pagan los que trabajan. Eso no es justicia. Es profundamente injusto que quien no se esfuerza y no trabaja sea “mantenido” por el Estado que, como no produce riqueza, lo coge de los impuestos de los que sí trabajan.
La verdadera justicia social que busca el auténtico bien común es crear un marco legal que garantice igualdad de oportunidades, ante la ley y en el ejercicio de todos los derechos y deberes humanos, según las capacidades, talentos y méritos de los ciudadanos.
Los conceptos bien común y justicia social han querido ser utilizados y manipulados por unos y por otros: los regímenes totalitarios, autoritarios y populistas para usarlos como máscaras políticas, escenografías, o “carnadas” para que ingenuos y cómplices mordieran el anzuelo de sus sistemas represivos. Por otro lado, algunos que profesan un liberalismo deshumanizado de “sálvese el que pueda y muérase el que no pueda”, demonizan la búsqueda del bien común como si fuera colectivización forzada; y condenan la justicia social como si fuera igualitarismo y fomento de la vagancia. Ninguno de los dos extremos son éticamente aceptables.
Ahora bien, dejado esto aclarado, debemos también recordar que vivimos en sociedad, no en la selva, que la sociedad civil y el Estado deben atender, según derecho y dignidad, a aquellos miembros de nuestra sociedad que tienen capacidades especiales, enfermedades crónicas, vulnerabilidades por motivos justificados, o sufren una calamidad pública, un desastre natural, una epidemia, o sencillamente, porque necesitan licencia por enfermedad o de maternidad o paternidad. Todos estos casos y otros más, debidamente identificados en sus diferentes necesidades, deben contar con leyes, mecanismos e instituciones que garanticen su seguridad y asistencia social. Esta es la verdadera justicia social que todo Estado, todas las organizaciones y empresas de la sociedad civil y toda familia y ciudadanos, debemos atender.
La verdadera política se define como la búsqueda del bien común en su más alto grado garantizando una verdadera justicia social junto al ejercicio pleno de la libertad individual.
Cuba necesita este sano equilibrio para edificar un futuro justo, próspero y feliz.
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