Un año de fraudes electorales consuma la política de estado de un régimen aborrecido por la mayoría de la población, cuyo talante democrático lo demostró con creces el domingo 27/07 y el pasado 25/05 con el no acatamiento al voto, para unas elecciones cuyo resultado ya estaba cantado a favor de un mapa nacional rojo salpicado de algunas pintas de la “oposición oficialista”.
Definitivamente el régimen paga el precio del desprecio popular por haber prostituido el sistema electoral, convirtiéndolo solo en la vía para apropiarse de los situados estadales y municipales, y en una fuente de empleo para 24 gobernadores, 260 diputados de los parlamentos regionales, 335 alcaldes, 2471 concejales, el mantenimiento de una nómina a repartir entre su militancia que garantice por 4 años la sobrevivencia.
En su desesperación para esfumar de la conciencia ciudadana la humillante derrota electoral del 28 de julio 2024, el mandatario usurpador decreta 10 días de jolgorios intentando simular una celebración más cercana a un velorio, ante los datos extraoficiales de la participación del pasado 27/07, cuyos indicadores señalan que ni su fiel militancia asistió al bochorno dominical. En efecto datos extraoficiales resaltan una participación de 7,6 % del Registro Electoral, ausencia notoria de testigos de mesa, inasistencia de funcionarios electorales del CNE y la imposibilidad de apertura o funcionamiento de centros electorales urbanos y periurbanos en un 67%.
Estas cifras lapidarias al culminar la repartición del botín electoral preparan el escenario de protestas para una población que sobrevive a una economía en ruinas, y la gestión corrupta de un régimen tiránico cuya condición para mantenerse es afrontar la demanda de salarios, servicios públicos decentes, combinado con la exigencia de libertad de expresión y la liberación de los presos políticos componen un coctel que tensará la situación social y económica en el país.
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