Hay anunciadas unas supuestamente “nuevas” medidas económicas que quieren dar idea de respuesta a la etapa terminal, sistémica y estructural, que sufrimos los cubanos.

Todas esas viejas medidas son para “mover ficha”, para atraer inversionistas que se hagan cargo de lo que han dejado las empresas hoteleras extranjeras como Meliá, Iberoestar, Blue Diamond, y mineras como Sherritt, que ahora huyen del castigo por haber apostado y arriesgado su capital en negocios con un régimen totalitario que las usó para sus intereses y no para gestionar el bienestar de nuestro pueblo. El régimen cubano, por su parte, desde hace décadas, prioriza “abrir” para construir hoteles y no para reparar escuelas; optó por atraer inversionistas y dinero para el sector turístico y no para el sector de la energía, el agua, salud, la vivienda, el transporte y todo lo demás. La vida, las décadas, nos han demostrado que el viejo cuento de la “Buena Pipa” de que aquellas ganancias serían para invertir en estos sectores prioritarios para el bienestar de los cubanos, es una mentira patente.

El poder, siempre entre comillas, “abrió” un ventanuco para los extranjeros, mientras engrosa las rejas y cerrojos para la inmensa mayoría de los cubanos. Ahora, el empresario extranjero que sirvió a un conglomerado para autoenriquecerse, se marcha porque no quiere perder más su dinero y no quiere ser castigado por sus negocios con el socio equivocado.

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El anuncio por parte de la dictadura cubana de 176 propuestas de «transformación» económica y social no debe confundirse con una apertura histórica ni con un abandono genuino del sistema fallido que ha gobernado la isla durante más de seis décadas. Tras el discurso sobre la modernización, la empresa privada, los mecanismos de mercado y la renovación económica se esconde una estrategia de supervivencia política cuidadosamente calculada. La dirección castrocomunista está intentando construir una fachada de Potemkin: la apariencia de cambio sin la esencia de la transformación.

El régimen es consciente de que el modelo económico que inventó en la década de los noventa se está derrumbando. Cuba se enfrenta a una profunda crisis nacional caracterizada por prolongados cortes de electricidad, inflación, escasez, descenso de la producción, inestabilidad financiera, decadencia institucional y una creciente ola de protestas públicas y malestar social. Sin embargo, en lugar de reconocer que estos fracasos son las consecuencias inevitables de un régimen totalitario y un control centralizado, La Habana ha optado por un discurso diferente: el problema de Cuba, según afirma, es principalmente económico.

Este es el primer y más inmediato objetivo de las reformas anunciadas. El gobierno comunista pretende convencer a Estados Unidos y a la comunidad internacional de que la crisis cubana es el resultado de la presión externa y no de un fracaso político interno. El régimen busca desviar el debate de la dictadura, la represión y la destrucción institucional hacia las sanciones, la Ley Helms-Burton y la Orden Ejecutiva 14404. Con ello, espera transformar una crisis de legitimidad política en una disputa económica de carácter técnico.