Columnistas invitados/Guest columnists

No cabe duda que el derecho a la libre determinación es inalienable para todo pueblo y que la larga y espinosa senda que conduce a la independencia en el caso de los palestinos es ya demasiado larga.  Por lo tanto, para muchos puede resultar comprensible en su desesperación el recurso a la violencia como medio para romper las cadenas.  No creo necesario para este análisis un recuento histórico en el que cada parte destaca lo que le conviene y tergiversa lo que no, porque basta con poner las cartas sobre la mesa para buscar una solución que se base en la realidad actual.  No hace falta anteponer la cuestión territorial que entretiene un debate interminable que se remonta miles de años.

Basta con reconocer que hay dos cartas principales sobre la mesa: 1) La seguridad del Estado de Israel, cuya destrucción total es la consigna de muchos de sus vecinos; y, 2) La independencia de los Palestinos, que reclaman, además, la restitución de tierras que les han sido arrebatadas gradualmente por la fuerza desde 1967.

Dentro de este contexto, las circunstancias actuales se derivan de la partición proclamada por la ONU en 1948, una decisión sumamente inestable y muy poco ponderada por su incoherencia territorial.  Esa partición provocó inmediatamente una guerra y la evolución posterior del duro diferendo entre ambos pueblos traducido en una serie de otras guerras y en un estado permanente de hostilidad.

Pero la solución radica sencillamente en el reconocimiento por ambas partes de esas dos cartas principales que están sobre la mesa.  Esas dos cartas tienen que ser la base fundamental de las negociaciones.

Somos amigos y se lo pregunté directamente: “¿por qué permitiste que los militares se robaran un diez por ciento de los presupuestos de defensa durante tu gobierno?”. Cenábamos. Esta conversación ocurrió hace varios años. Era off-the-record. No había hostilidad en mis palabras, sino curiosidad. El expresidente respiró hondo y me contestó con una mezcla de franqueza y melancolía: “porque si trataba de impedirlo me hubieran dado una patada en el trasero”. No dijo “trasero”, claro.

La corrupción era la forma de mantener una cierta estabilidad institucional. Nadie se escandalizaba. Era la norma, no la excepción. Y ocurría más o menos lo mismo en el resto de la estructura del Estado. Casi todos los funcionarios que tenían acceso a un presupuesto oficial se quedaban con un porcentaje o encarecían los servicios al público de acuerdo con algún empresario privado favorito que les pagaba una coima. El contrato social era ése: la clase dirigente política y económica se repartía una parte sustancial de la renta. A cambio de ese maridaje non sancto había paz.

Esto no es sorprendente. Las tres cuartas partes de los Estados del planeta funcionan de esa manera desde hace miles de años. Lo he citado antes: Douglass North, el gran historiador de la economía, Premio Nobel en 1993, junto a otros dos colegas, lo ha descrito admirablemente ( A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History). Les llama “sociedades de acceso limitado”. En ellas la alianza entre el poder político y el económico elige a los triunfadores, divide el botín y le asigna las migajas al resto.

Nota: Este artículo fue publicado originalmente en el Nuevo Herald el 16 de agosto de 2011.

Hace más de medio siglo la revolución cubana abolió todos los derechos de propiedad privada, buscando el paraíso en la Tierra bajo la premisa comunista de que toda la comunidad sería propietaria de todo y emergería un “hombre nuevo” que resultaría colectivista en su perspectiva y dispuesto a sacrificarse por el bien común. Ese experimento resultó en una sociedad distópica en bancarrota económica, caracterizada por enormes sistemas represivos de control social y un gobierno sin límites de poder sobre sus ciudadanos.

Hoy, el colapso de la economía cubana puede rastrearse claramente hasta su ideología colectivista y las acciones contra los derechos de propiedad privada. La falacia de los enfoques colectivistas fue descrita vívidamente por Garrett Hardin en su influyente artículo científico de 1968 titulado “La tragedia del colectivismo’’ ( The Tragedy of the Commons). La “tragedia del colectivismo” es una metáfora para explicar una relación estructural y sus consecuencias; específicamente la propiedad colectiva versus la privada. Bajo la condición de propiedad colectiva descrita por Hardin, cada pastor trataría de mantener la mayor cantidad de su ganado posible en el pasto colectivo, incluso si excediera la capacidad del mismo y al final se agotara en detrimento de todos. Cada pastor se beneficia de sus animales adicionales; el daño lo comparte el grupo.

Cualquier recurso poseído en común es propiedad de todos y de nadie y, por tanto, todos tienen un incentivo en sobreutilizarlo y nadie un incentivo para preservarlo. Aristóteles lo expresó: “A lo colectivo para el mayor número de personas se le concede el menor cuidado”. La historia económica muestra que los dueños individuales cuidan mejor sus propios recursos que lo que cuidan la propiedad común. Pero aún hoy la persecución utópica del colectivismo con sus controles gubernamentales persiste.

La próxima semana, 11 de septiembre, se decidirá quien regirá los destinos de Guatemala.  Independientemente de las personas, nos proponemos en este breve bosquejo, apuntar algunos rasgos claves para entender el proceso que tendrá un desenlace en la fecha mencionada.  Estos aspectos claves son los siguientes:

1. Desde 1985, no se ha repetido ningún gobierno electo.  Los que triunfan se dividen en dos o más fuerzas o desaparecen.  La Democracia Cristiana, con un Vinicio Cerezo (1986-90) triunfador con más del 70% del electorado en una segunda vuelta, ha desaparecido y no participa en esta elección.  El Movimiento de Acción Solidario que acuerpó a Jorge Serrano (1990-93), ya no existe y el ex-Presidente no ha podido volver al país después de un intento de golpe de estado que fracasó.  Posteriormente, fue elegido por el Congreso Ramiro de León Carpio (1993-96) que no respondía a ningún partido político y fue una transición que culminó en una elección que llevó a la presidencia a Alvaro Arzú (1996-2000).  El Partido de Avanzada Nacional, PAN, que fue el partido triunfador, prácticamente ha desaparecido aunque lleva un candidato en las elecciones actuales que apenas despunta con alrededor del 2% del electorado en las encuestas.  Arzú hace su actividad política ahora en el Partido Unionista y corre como Alcalde, despues de haberlo sido tres veces anteriormente.  El triunfo de Alfonso Portillo (2000-2004) no es una excepción.  El Frente Revolucionario Guatemalteco que fue su fuerza política decidió no llevar candidato presidencial en estos comicios y muchas de sus personalidades han pasado a otros partidos políticos.
2. En forma opuesta a la política tradicional latinoamericana, llegar al poder en Guatemala significa para los partidos, una muerte segura que pudiera compararse al "beso de Judas".  En vez de consolidarse un partido oficial con el ejercicio del poder, se desgasta, fracciona y casi desaparece de la escena política.
3. Curiosamente aparece un evento que se repite.  Si se quiere triunfar en una elección, lo mejor es ser perdedor en una anterior.  Las oportunidades aumentan si se fue a la elección pasada y se perdió.