Este es el apretado resumen del "iter criminis" o camino del delito
de los Castro, Chávez y Maduro, Correa, Morales y Ortega;
de Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua,
que usando "leyes infames" producen "sentencias infames"
o fallos que violan los derechos humanos
Jueces y fiscales designados y al servicio de los gobiernos no democráticos del socialismo del siglo XXI en América Latina son herramientas de represión política y control social que Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua utilizan para presentar como decisiones de justicia el asesinato de la reputación, la apropiación indebida de bienes, la persecución, inhabilitación y prisión de ciudadanos inocentes. Los dependientes y manipulados sistemas de justicia de las cinco dictaduras de la región -además de ser prueba de la ausencia de democracia- constituyen fuente constatable de violación de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sus fallos judiciales o “sentencias infames” deben ser señalados como nulos e inefectivos en los países democráticos donde rige el estado de derecho.
La “separación e independencia de los poderes públicos” es el elemento esencial de la democracia establecido en el articulo 3 de la Carta Democrática Interamericana, que garantiza la existencia de un poder judicial libre del control e incluso de la influencia del poder político. Los jueces tienen potestad jurisdiccional para aplicar la ley y están obligados a dictar fallos de acuerdo a los datos del proceso y en función de las normas de derecho para brindar “justicia”. Las mínimas condiciones de un juez –establecidas en todas las leyes judiciales del mundo civilizado- son “idoneidad, imparcialidad e independencia”. Sócrates enseñó que “cuatro características corresponden al Juez: escuchar cortésmente, responder sabiamente, ponderar prudentemente y decidir imparcialmente”.
Se han escrito miles de libros, tratados, constituciones, leyes y decisiones judiciales destacando la importancia de la independencia de la función judicial. Los jueces –además del honor, la libertad, la propiedad y la vida de los ciudadanos- tienen en sus manos el control de constitucionalidad, esto es, la garantía y la decisión de determinar si los actos de los otros poderes u órganos del poder están en el marco de la Constitución, y por lo tanto si son válidos o no. Por eso, en la “separación e independencia de los poderes públicos”, y en última instancia en un poder judicial mínimamente independiente, descansan los otros elementos esenciales de la democracia como “el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al estado de derecho, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas…”. Son principios de civilización universal y también principios universales de derecho, base de la organización política en libertad y democracia.
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