Perspectivas / Perspectives

Jun. 3 (DPnet).– El 31 de mayo se inauguró en La Habana el Ecofest 2025, un evento que se extenderá hasta el 8 de junio, organizado por la Red Verde de Cuba, con la supuesta intención de celebrar la sostenibilidad, la conciencia ambiental y la acción colectiva en la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, que se conmemora el 5 de junio. 

Sorprende este evento organizado por una organización apañada por el régimen cubano, el cual, desde los tiempos de la dictadura de Fidel Castro, ha demostrado su incapacidad o, peor aún, su indiferencia por los deplorables efectos que ha ejercido su política totalitaria en el medio ambiente y el equilibrio ecológico de la isla, provocando la contaminación del aire, agua y suelo en las áreas urbanas y cerca de las industrias; la degradación de los suelos en las zonas agrícolas debido al uso de técnicas agrícolas no sostenibles y a la falta de manejo adecuado de la explotación agropecuaria; los vertimientos de aguas residuales y químicos industriales a la Bahía de La Habana sin una estrategia de saneamiento sostenible; pérdida de biodiversidad causada por la deforestación indiscriminada, la degradación de los hábitats y la sobreexplotación de los recursos naturales; y muchos otros desastres semejantes.

No obstante, esta Red Verde de Cuba surgió en octubre de 2021 a raíz de una recogida de residuos que se efectuó en la desembocadura del río Almendares (Prov. de La Habana), convocado por el colectivo Ponte Verde. Según una declaración de Lorena Ávila, una de sus facilitadoras: "Allí nos encontramos con varias personas que pertenecían a grupos no necesariamente ambientalistas, pero que sí estaban vinculados con la temática naturaleza en sentido general, dígase el Movimiento Cubano de Excursionismo, Precious Plastic Havana o el Proyecto TerrA de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana”. Y aseveró también que: “En la última reunión que tuvimos entre los miembros de la Red, acordamos continuar con el trabajo de impacto desde la desembocadura del río Quibú, en el municipio Playa, por el alto grado de contaminación que tiene ese lugar”.

Mayo 23 (DPnet).– Tras el enfrentamiento público sobre una cuestión de derechos humanos entre el Presidente Trump y el Presidente Ramaphosa, de Sudáfrica, se ha desatado una nutrida campaña que abarca a la mayoría de los medios de prensa de Estados Unidos que califican a la acusación de que se está cometiendo un "genocidio" contra la población Afrikáner de Sudáfrica como una mentira del Presidente Trump. Sería más correcto argumentar que se trata de un error de semántica, porque la crítica razonable debiera ser que el término "genocidio" no se aplica en este caso y el Presidente, en su enfrentamiento público con el Presidente sudafricano, debiera haberse referido correctamente a actos de "represión" en su defensa a los derechos humanos en ese país. Es decir, se trata de una represión en la que los habitantes blancos de ese país no encuentran apoyo ni defensa de las autoridades cuando son agredidos y desposeídos de sus tierras.

La violencia constante contra los agricultores blancos es uno de los asuntos más polémicos que está afectando a la comunidad Afrikáner.  Desde la conclusión del apartheid, se han reportado reiteradamente informes que indican que los homicidios en granjas han cobrado la vida de más de 3,000 agricultores blancos, en un número creciente en los últimos años que tiene un profundo impacto en la comunidad blanca. Estos ataques no son simplemente crímenes ocasionales sino que para muchos Afrikaners simbolizan una campaña orientada contra sus comunidades, cuyos miembros se han considerado como los custodios del legado agrícola de Sudáfrica. Es muy difícil compilar un número exacto de víctimas entre los agricultores Afrikáner que han sido asesinados en los últimos 30 años, en parte porque el gobierno sudafricano ha dejado de informar las estadísticas por separado y, en cambio, las agrupa con otros asesinatos cometidos en un país que está plagado de delitos violentos.

El lenguaje de odio que se está generalizando aumenta la percepción de vulnerabilidad entre los Afrikaners, en particular, la ejecución de canciones con el lema "Kill the Boer".  Estas canciones apuntan directamente a los agricultores blancos con un lenguaje agresivo y deshumanizador, actuando como un incentivo para aquellos que intentan erradicar a los Afrikaner del país. Para las víctimas de estos excesos, estas melodías no son meramente expresiones de insatisfacción; sino que instigan a una violencia que pone en peligro tanto su vida como las vidas de sus comunidades. Además, no es lógico argumentar que se trata de una simple expresión cultural sin significativas consecuencias, porque el llamado a "matar al boer" se percibe como una incitación deliberada que amenaza a las familias Afrikáner.

The Federal Court revoked the filing of the complaint filed against the former Bolivian president during his stay as a political asylum seeker.

Buenos Aires, Apr.24.– The First Chamber of the Federal Court granted an appeal filed by the Apolo Foundation and ordered the reopening of the case against former Bolivian President Evo Morales for alleged human trafficking and child abuse in Argentina during his political asylum. The court also recognized this foundation as a plaintiff in the case, thereby reversing the decision of the trial judge who had rejected both requests.

With the signatures of judges Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia, and Mariano Llorens, the court considered —on the one hand— that the dismissal of the case was "premature" and that the original complaint, along with its expansion, provides concrete information justifying a thorough investigation. 

The Holy Land

CRS has supported 1.1 million people across Jerusalem, the West Bank, and Gaza with food, shelter, hygiene supplies, cash assistance, and counseling. Their current efforts focus on lifesaving assistance to meet people's physical and emotional needs, hoping to transition to sustainable solutions for recovery once the situation has stabilized in the region.

During the past year, CRS has adjusted its operations in Gaza in response to ongoing challenges, including evacuation orders, border closures, and a significant impact on staff and their families. This response to the crisis is regional in scope, with coordination, partnerships, and activities across Jerusalem, the West Bank, Gaza, Egypt, and Jordan. Despite extreme operational challenges, their emphasis on efficient systems, locally led approaches, high-quality programming, and accountability ensures that people in need get the aid up to the needed scale.

Since late 2024, their efforts expanded to the crises in Lebanon and Syria, where they work in partnership with other agencies to support families displaced and affected by conflict, as well as those returning home.

Sudan