Derechos Humanos / Human Rights

The Congressional Executive Commission on China (CECC) released its annual report on December 20, highlighting severe human rights violations in Tibet. The report indicates a lack of interest from Chinese officials in resuming negotiations with the Dalai Lama, with the last discussions occurring in January 2010. It details ongoing restrictions on Tibetan religious practices, particularly Tibetan Buddhism, including bans on worship during significant events and limited access to monasteries.

Focusing on ongoing human rights abuses by the government of the People’s Republic of China (PRC) and the Chinese Communist Party (CCP), the CECC focused on the complicity of US and foreign corporations with CCP oppression. Pinpointing the actions of Thermo Fisher Scientific, whose DNA sequencers had been used by police in Tibet and Xinjiang to compile DNA databases of Tibetans and Uyghurs, the commission expressed apprehension that the technology could be misused for organ transplantation practices considering the existing accusations of forced organ harvesting in the PRC.

The CECC maintains a comprehensive database of political prisoners in China, providing valuable insights into the state of human rights and religious freedom. Of the 2,764 records of prisoners known or believed to be detained, 1,686 contained information about their religious affiliation. Notably, Tibetan Buddhism represents the largest religious group among these prisoners. 678 prisoners are affiliated with Tibetan Buddhism, making it the most represented religious group in the database. The database also reveals significant information about the ethnic background of detainees. Out of 1,693 active detentions with available ethnic information, 790 are ethnically Tibetan. This data underscores the disproportionate targeting of Tibetans and practitioners of Tibetan Buddhism by Chinese authorities. The high number of Tibetan detainees, both in terms of religious affiliation and ethnicity, highlights the ongoing suppression of Tibetan culture, religion, and identity within China-occupied Tibet.

"Lo mataron a golpes" 

La Fundación para la Democracia Panamericana (FDP), a través de su Centro de Denuncias, Defensa CD, condena el brutal asesinato de Manuel de Jesús Guillén Esplugas, prisionero político, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (UNPACU) y promotor de Cuba Decide. Manuel fue golpeado hasta la muerte en la prisión Combinado del Este de la Habana por oficiales del Ministerio del Interior que luego entregaron el cuerpo a su madre el pasado Domingo 1 de diciembre del 2024.

Guillén Esplugas, residente de La Habana Vieja, había sido arrestado violentamente en su domicilio el 17 de julio de 2021 por su participación en las protestas del 11 de Julio del 2021. Condenado a seis años de prisión, su valentía y resistencia frente a la opresión lo convirtieron en un blanco de la violencia sistemática del régimen. 

Según su madre, Dania Esplugas, el cuerpo de Manuel mostraba claras señales de una golpiza salvaje.

Dic. 5 (DPnet).– Según Open Doors US, la persecución cristiana está en su nivel más alto de la historia. Por su parte, Aid to the Church in Need reporta que alrededor de 387 millones de cristianos en todo el mundo enfrentan discriminación y persecución por su fe y muchos de ellos viven en países que no reconocen la libertad religiosa. 

Entre los países donde es más aguda la persecución religiosa, se encuentran (en orden alfabético) China, Eritrea, Etiopía, India, Iran, Iraq, Líbano, Libia, Nicaragua, Nigeria, Norcorea, Paquistán, Malí, Siria, Somalia, Sudán, Vietnam y Yemen.

En algunos otros países, como en el caso de Cuba, la persecución está maquillada por una aparente tolerancia que se limita al culto en privado y en algunos templos, pero suele someter a los cristianos a distintos tipos de discriminación y hostigamiento.

La comisión internacional investigadora asegura que estos actos son "coordinados" entre personal de distintas dependencias estatales y estableció el "uso recurrente de la violencia sexual" en particular contra detenidos varones.

Ginebra, Sept.23.– La Comisión Internacional Independiente de Investigación para Ucrania, de la ONU, que indaga sobre los crímenes de guerra cometidos por los invasores rusos, dijo este lunes que ha reunido suficientes pruebas para señalar que las autoridades rusas hacen un uso sistemático de la tortura contra civiles y prisioneros de guerra ucranianos y que estos actos son "coordinados" entre personal de distintas dependencias estatales. 

En la presentación de su último informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el presidente de la comisión, Erik Mose, sostuvo que la tortura se practica en casi todos los centros de detención utilizados por Rusia en los territorios ucranianos bajo su control.