Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos emiten una dura carta acusatoria (JAL CUB 3/2026) hacia el régimen cubano y su estrategia de persecución, desaparición forzada, detención arbitraria, tortura, y la implantación de una estrategia de “Prisión o Exilio” en Cuba contra personas defensoras de derechos humanos y activistas, obligados a abandonar el país como mecanismo de control de seguridad interna “diseñado para neutralizar a la disidencia”.
Prisoners Defenders y Consorcio Justicia, ambos denunciantes en el proceso, destacan, al igual que las Relatoras Especiales, cómo la situación descrita para los casos del activista humanitario y prodemocrático José Daniel Ferrer, los artistas Maykel Castillo Pérez y Luis Manuel Otero Alcántara, así como también Yosvany Rosell García Caso, manifestante devenido en activista de derechos humanos como consecuencia de la represión sufrida, es generalizada para todos los artistas y activistas prodemocráticos en Cuba.
Aunque hecha pública hace unos días, este mismo mes de marzo, la Carta Acusatoria JAL CUB 3/2025 fue enviada al régimen cubano el 7 de enero de 2026, sin que éste haya respondido en el plazo obligado de 60 días con alegación o defensa alguna de su actuación, lo que constituye, en el ámbito del derecho penal, la aceptación tácita de las acusaciones vertidas hacia el régimen, que con este hecho pareciera asumir la realidad represiva en Cuba ante la Comunidad Internacional.
Las titulares de 4 Mandatos de derechos humanos de Naciones Unidas Gina Romero, Relatora Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Alexandra Xanthaki, Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, Irene Khan, Relatora Especial sobre la promoción y protección del
derecho a la libertad de opinión y de expresión, y Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, firmaron la misiva acusatoria que el régimen cubano no ha podido contradecir.
La denuncia, sostenida por la ONG Prisoners Defenders y el colectivo de derechos humanos Consorcio Justicia, ha devenido en una condena de facto tras la imposibilidad argumental del régimen cubano a contradecir las acusaciones.
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