Empecemos por el final con una breve identificación de la Economía Social de Mercado (ESM), sobre la cual abundaremos más adelante. Esta teoría de política socioeconómica surge principalmente de las ideas desarrolladas por Alfred Müller-Armack (1901-1978), quien fue profesor de Economía en las Universidades de Münster y de Colonia, en Alemania, y un elemento muy influyente en el llamado “milagro económico alemán”. Fue autor de “Economía dirigida y Economía de mercado” (Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft), en cuya obra acuña en 1947 el término “Economía Social de Mercado” que utilizamos hasta nuestros días y la define como la “combinación del principio de la libertad de mercado con el principio de la equidad social”. Aparte de estos antecedentes, podemos definir a la ESM como un sistema de asignación de recursos que trata de corregir y proveer condiciones institucionales, éticas y sociales que permitan una política económica eficiente y equitativa.
En el mundo moderno, la ESM enfrenta diversas otras teorías que le anteceden, basadas en el Conservadurismo, el Liberalismo y el Socialismo. Es oportuno aclarar que en Estados Unidos suelen llamar “Liberales” a los “Socialistas” y llaman “Socialistas” a los más radicales que abrazan algunas de las ideas de Marx, Lenin y otros, sin llegar al sistema socioeconómico que se identifica con lo que se ha llamado “Comunismo”.
El origen del Liberalismo se remonta a los movimientos de emancipación de los burgueses urbanos del yugo del sistema feudal que abre la Edad Media hacia el Renacimiento hasta desembocar en lo que hoy se denomina como “liberalismo clásico”, el cual quedó estructurado por la reacción que se produce en el siglo XVIII y principios del siglo XIX frente al absolutismo monárquico y al sistema económico del 
mercantilismo1. Algunos de sus antecedentes los encontramos en la obra de John Locke (1532-1704), quien postula la libertad individual, la estabilidad social, la tolerancia y los fundamentos de los derechos naturales a la vida, la libertad y la propiedad, que acaban conjugándose posteriormente en los instrumentos modernos de derechos humanos. Los encontramos también en la obra de Montesquieu (1689-1755), quien elabora en “El espíritu de las leyes” aquellas indispensables para restringir la autoridad de los monarcas y sentar los cimientos del sistema moderno de la separación de los poderes del Estado, así como en la obra de Jean Baptiste Say (1767-1832): “Tratado de Economía Política”.
El liberalismo económico se ha elaborado a partir de las ideas y postulados del liberalismo clásico, evolucionando desde el duro e insensible capitalismo del siglo XIX hasta desembocar en una valoración positiva del comercio y un reconocimiento ponderado de la iniciativa privada y del derecho a la propiedad frente al régimen feudal y gremial y contra toda política permisible que pueda desembocar en el abuso de autoridad. Sus defensores argumentan que los sistemas económicos basados en los mercados libres son más eficientes y facilitan el progreso y la prosperidad, pero aceptan la desigualdad económica como un resultado natural de la competencia, limitando la intervención del Estado a los casos de coacción, violencia o fraude.
El Conservadurismo padece también de lamentables interpretaciones que lo identifican con un feroz aferramiento al statu quo, es decir a un rechazo de cualquier cambio o transformación. Lo correcto es presentarlo como una tradición de pensamiento social y político orientado a frenar los excesos, promoviendo cambios muy graduales que favorezcan la continuidad de los procesos sociales. Sus orígenes se 
remontan a las ideas formuladas por el estadista británico Edmund Burke (1729-1797), quien se enfrentó resueltamente a los excesos de la Revolución Francesa en sus “Reflexiones”, que inauguran su denominada 'epistemología de la política', un modelo de empirismo político que rechazaba el escaso respeto por la tradición legal consuetudinarista que fomentaban los nuevos principios legales emanados de la Revolución. Por tanto, podemos abundar en sus orígenes como una reacción frente al racionalismo y las utopías sociales de la Ilustración y las revoluciones modernas, optando en su lugar por sistemas de gobierno equilibrados que basen sus políticas a partir de la evolución histórica de la sociedad, de las lecciones emanadas de las experiencias concretas de cada comunidad y de la defensa de la continuidad de instituciones fundamentales, tales como la familia, las Iglesias, etc.
En la actualidad, el Conservadurismo centra su crítica en el debate cultural de la secularización y la pérdida de los valores trascendentales de la sociedad, condenando las bases del hedonismo individualista, el consumismo materialista y la discrecionalidad informativa (o el sesgo en la actividad noticiosa) de los medios masivos de comunicación. El conservadurismo económico se basa en la austeridad y el ahorro. Rechaza firmemente los déficits presupuestarios y frente a los déficits comerciales es proclive a fomentar el proteccionismo. En los tiempos más recientes ha evolucionado hasta caracterizarse por cuatro rasgos principales. 1) la creencia en las virtudes del mercado libre y la desconfianza en la política reguladora; 2) la resistencia al gasto social; 3) la reducción de impuestos que gravan la renta y dan mayor capacidad de intervención al Estado; y, 4) el nacionalismo y el resultante proteccionismo.
El Socialismo comprende una serie de ideas que se manifiestan entre el Liberalismo y el Comunismo. Las más cercanas al Liberalismo son identificadas como pensamiento social cristiano, que sirve de fuente a la Economía Social de Mercado, a lo cual nos referiremos más adelante. Los orígenes del Socialismo se remontan a varios pensadores que oscilan entre los extremos más ponderados y los más radicales, 
incluyendo a Robert Owen (1771-1858), Charles Fourier (1772-1837), Pierre J. Proudhon (1809-1865) y Louis Blanc (1811-1882), entre otros, en sus críticas a la excesiva pobreza y a la desigualdad provocada por la Revolución Industrial, con propuestas sobre métodos de redistribución de la riqueza hasta políticas para transformar la sociedad en pequeñas comunidades sin propiedad privada. Esas ideas se transforman más recientemente en el llamado “socialismo científico” postulado por Karl Marx (1818-1883) y Friedrich Engels (1820-1895), que proclamaban el materialismo histórico, la lucha de clases y el sistema dialéctico en la conducta de la sociedad. Finalmente desembocan en el cruel radicalismo de Lenin y Mao-Tse-Tung, dos poderosos estadistas que las convirtieron en lo que hoy conocemos como Comunismo. A nivel intermedio, pueden buscarse sus orígenes en las ideas de August Comte (1798-1857) quien desarrolló el concepto de “socialismo administrativo” y ha dado paso a la social democracia europea.
El socialismo económico que promueve la social democracia apunta en gran medida a lo que se conoce como “Estado de bienestar” (welfare), a la nacionalización selectiva de industrias, medios de producción y recursos naturales, al establecimiento de impuestos progresivos (ascendentes según el ingreso) y a la firme reglamentación de los mercados. Muchas de estas ideas parten de los planteamientos sobre la unidad entre el socialismo y la democracia elaborados por Karl Liebknecht (1871-1919) y tuvo su primer exponente de gobierno en la República de Weimar, que surge con la derrota de Alemania en 1918 y se consagró bajo el gobierno de Friedrich Ebert (1871-1925).
La Democracia Cristiana, que ahora también se identifica con los Populares europeos, es un movimiento que rescata los postulados y principios del pensamiento social-cristiano que sirven de base a la Economía Social de Mercado. Toma algunos elementos del Conservadurismo, del Liberalismo y del Socialismo, que le anteceden, pero descansa principalmente en los principios, derechos y deberes que emanan de la Doctrina Social de la Iglesia (católica), elaborados a través de múltiples encíclicas. No obstante, no se limita a las ideas extraídas de la DSI, sino que surge como una respuesta a la situación que a mediados del siglo XX dio paso a la aplicación de la doctrina liberal al campo económico y social en la Europa impactada desde el siglo anterior por los problemas acarreados por la Revolución Industrial, cuidando de no manifestarse en su estructura política como un movimiento confesional sino que se ha estructurado en formaciones políticas abiertas a los ciudadanos de todas las religiones y con pleno reconocimiento de la separación entre la Iglesia y el Estado. Los orígenes de su proyección política se remontan a Federico Ozanán (1813-1853), y Philippe 
Buchez (1796- 1865), pero no plasman en una estructura programática hasta la visión del “humanismo cristiano” que promueve Jacques Maritain y su obra titulada “El Hombre y el Estado”, entre sus muy diversas obras y ensayos que publicó en medio de un proceso de formación de partidos políticos demócrata cristianos en Europa. Esta tendencia política comienza a concretarse con la creación del Partido Popular Italiano en 1918, el cual cuenta después de la II Guerra Mundial con estadistas notables como Luigi Sturzo (1871-1959) y Alcides de Gasperi (1881-1954), además del excelente gobierno en Alemania de Konrad Adenauer (1876-1967), uno de los fundadores de la Unión Demócrata Cristiana de Alemania (Christlich Demokratische Union Deutschlands; CDU), quien demostró una gran dedicación a lograr una democracia liberal basada en la Economía Social de Mercado.
Aunque la Economía Social de Mercado (ESM) se desarrolla en medio de los procesos que dan lugar a la creación de esos partidos políticos, sobre todo en Europa y América Latina, y tiene una base en los principios elaborados en la Doctrina Social de la Iglesia, coincide con el socialismo democrático en cuanto a desarrollar los principios de solidaridad y justicia social, promoviendo, en cierta medida, políticas conducentes al Estado de bienestar (welfare), pero discrepando profundamente en el énfasis que concede a la libertad y la subsidiariedad. La base de este sistema económico descansa en el reconocimiento de que la sociedad está constituida por personas (no individuos) que forman comunidades intermedias (familias y asociaciones) que deben poder intervenir (o participar) en las funciones del Estado, en reconocimiento de que tanto el mercado como el Estado deben estar al servicio de la persona humana (principio de solidaridad y principio del bien común) y de sus asociaciones más pequeñas (principio de subsidiariedad). Si bien reconoce también que la economía de mercado (Liberalismo) es el mejor sistema de asignación de recursos, plantea que esté regida por un sólido marco jurídico-institucional, resguardos sociales y condiciones éticas. El Estado asume entonces la responsabilidad de velar por el bien común, pero con la más amplia libertad posible en un sistema de subsidiariedad que garantice mediante políticas específicas, tanto a nivel nacional como mediante la acción política autónoma a niveles provinciales y municipales, que todos los miembros de la sociedad gocen de las mismas oportunidades (no pretende una política igualitaria sino equitativa) para que dispongan de aquellos bienes que les permitan llevar una vida digna.
En resumen, la ESM propone una política económica en el justo medio entre las propuestas extremas del capitalismo y el socialismo, pero no como una mezcla o compromiso entre ambos polos del radicalismo político sino como una síntesis superior, más humana, más equilibrada y más viable, que rechaza tanto el socialismo autoritario como el laissez-faire del liberalismo radical.
Para terminar, señalemos los objetivos fundamentales de la Economía Social de Mercado:
- Fomentar el crecimiento equilibrado.
- Elaborar políticas de Justicia Social.
- Procurar la estabilidad (no el control) del nivel de precios.
- Estimular políticas que faciliten el pleno empleo (no más del 4% de desempleados).
- Mantener el equilibrio externo (balanza comercial y balance de pagos).
- Garantizar la protección de recursos (política ambiental/protección del ecosistema).
Alcanzar todas estas metas no es una tarea imposible, sino que dependen de una buena administración dentro de los principios y mecanismos de una Economía Social de Mercado, en particular mediante las políticas de Justicia Social, que comprenden una justicia conmutativa (entre los particulares), que corresponde al rendimiento económico y requiere una justicia de rendimiento (en los mecanismos de evaluación) que se complemente con una justicia de compensación que tenga en cuenta que el progreso y el crecimiento dependen de un saludable equilibrio social. A su vez, ante la realidad de que algunos miembros de la sociedad no están en condiciones de aportar un adecuado rendimiento, la justicia de rendimiento debe ser complementada por la justicia de necesidad. Por tanto, el Estado tiene que asumir la responsabilidad de intervenir en la compensación social cuando la familia, las organizaciones de la sociedad civil o los gobiernos locales no son capaces de ejercer una política redistributiva de modo subsidiario en los casos de necesidad.
Estos son en términos generales los argumentos para el análisis sobre cuál de estas políticas económicas es la más adecuada para el progreso de un país. Los mecanismos democráticos permiten una selección satisfactoria por la que los ciudadanos puedan determinar sus preferencias en política económica.