A fines del siglo pasado compré bonos de la República Argentina a un precio de descuento (por debajo de su valor nominal), de modo que me reportaban un ingreso anual de aproximadamente el 12% por el pago de sus intereses. Sabía que era una inversión de alto riesgo; por eso decidí comprarlos a bajo precio y obtener una tasa de interés más alta que la nominal. En otras palabras, pese al alto interés prometido podía acabar perdiendo toda la inversión o, al menos, arriesgaba perder una cantidad mayor que las ganancias que me reportaban esos intereses.
Por lo tanto, al cabo de un año, tomé la prudente decisión de vender esos bonos a un descuento mayor del que había pagado. Perdí cerca del 8% de lo que había pagado, pero había recibido durante el año alrededor del 12% por los intereses. Ese pago de intereses de los bonos del Estado es lo que se reconoce como el "servicio de la deuda", es decir, el compromiso de compensación que asume el Estado con sus acreedores. Personalmente, hice un buen negocio, con una ganancia de alrededor del 4%. Pero los que compraban esos bonos cuando yo vendí, estaban poniendo en mayor riesgo su capital a cambio de recibir por su inversión un interés de alrededor del 15% anual, aumentado gracias al precio de mayor descuento que estaban pagando por el riesgo.
Tanto quienes compraron los bonos de la República Argentina originalmente por su valor nominal, como los que fuimos comprándolos en los años subsiguientes a precios cada vez más bajos de descuento éramos, por lo tanto, acreedores del Estado argentino.
Cuando Argentina puso esos bonos en el mercado, ya lo hizo ofreciendo altos intereses por su deuda debido a que nadie habría puesto a riesgo su capital por menos. Esto se debía en gran parte a la falta de confianza, tanto de los inversionistas argentinos como del resto del mundo, en la seriedad administrativa y financiera de sus gobernantes. Las políticas de derroche habituales desde la entronización del peronismo en ese país se habían multiplicado desde la crisis de 1975, pasando por la hiperinflación del 89 hasta llegar al derrumbe de 2001/2003.
Durante esos 30 años los argentinos en general habían vivido en un falso ambiente de opulencia que se basaba en gastar el dinero prestado y no pagarlo. El ciudadano medio quizás no se daba cuenta de esta realidad y votaba para elegir gobernantes que les prometían villas y castillos a costa del dinero de los demás. Es lamentable que la propaganda de esos gobernantes en contra del FMI o de los Estados Unidos, con la pretensión de desviar la atención hacia otros "culpables", les hiciera creer que Argentina simplemente se defendía de la avaricia de los "potentados" inversionistas que chupaban como vampiros las riquezas del país. Por lo tanto, es comprensible la consigna que ahora se ha lanzado de ¡PATRIA SÍ, BUITRES NO!, que remeda otras igualmente "antiyankis".
En mi caso particular, nunca he sido un potentado. Mi inversión fue de unos pocos miles de dólares para tener un ingreso adicional y vivir un poquito mejor. Otros "grandes potentados" de esa deuda fueron fondos mutualistas de inversión. Algunos de estos fondos invirtieron cientos de millones de dólares en la deuda argentina procedentes de fondos de pensiones italianos. Estos pensionados italianos no eran "potentados" tampoco; muchos de ellos eran gente pobre que dependía de su pensión para subsistir. Cuando Argentina suspendió sus pagos, estos pensionados se vieron al borde de la ruina y la miseria.
Cuando se suspendieron los pagos, Argentina ofreció 27 centavos por dólar de su valor nominal a todos los que poseían bonos argentinos (por un valor nominal de US$95 mil millones). Más del 70% de los acreedores aceptaron la oferta en 2005 y se fueron con sus pérdidas a otra parte. Pero, ¿cómo podrían los pensionados con ingresos de subsistencia ver reducidos sus ingresos a la cuarta parte? Y en esa triste situación había muchos más.
Por supuesto que también hay muchos que han hecho una apuesta de ruleta a estos fondos porque les sobra el dinero y pueden arriesgarse a perderlo a cambio de la perspectiva poco probable pero posible de lograr buenas ganancias. Entre ellos hay muchos inversionistas en Elliott Management Corp., que cuentan con cientos de millones de dólares en su juego de ruleta con los croupieres que gobiernan Argentina. En total, Elliot defiende una reclamación de unos US$2,500 millones, que incluyen intereses acumulados y penalidades por falta de pago.
La batalla legal consiste en que Argentina no quiere pagar la deuda contraída con los acreedores que se negaron a aceptar 27 centavos por cada dólar en 2005 ni otro acuerdo todavía menos favorable en 2010. Esta querella se ha prolongado por 9 años más y ha originado decenas de millones de dólares en gastos legales de reclamación a los acreedores y a los fondos mutualistas que los representan. Por lo tanto, la mayoría de los acreedores individuales que no han recibido ni un centavo a lo largo de estos años, han optado por ir vendiendo los bonos a precios de ganga, muchos de ellos porque necesitaban el dinero de su inversión para subsistir. La mayoría de los compradores de estos bonos (a los que correctamente se les llama "bonos basura") son los que ahora son calificados como "fondos buitres".
Estos fondos que arriesgan todo el capital invertido han propuesto repetidamente al gobierno argentino sentarse a entablar negociaciones para llegar a un acuerdo razonable. No aspiran al 100% ni mucho menos, sino que esperan ofertas razonables producto de esas negociaciones. Pero Argentina pretende pagar al Club de París y a otros acreedores, según sus acuerdos de 2005 y 2010, ignorando la obligación del resto de su deuda.
El Gobierno argentino insiste en que todo es una jugada avariciosa por la cual estos "potentados" ganarían por partida doble: si Argentina se niega a pagar una proporción razonable del valor nominal de los bonos soberanos, la negociación fracasaría por la intransigencia de los inversionistas, pero éstos ganarían sustanciosas ganancias por los Credit Default Swaps (CDS) que han adquirido para protegerse del impago de los bonos. Estos CDS son un seguro contractual bilateral de incumplimiento de crédito entre un vendedor de protección crediticia y un comprador, por el cual éste se compromete a realizar una serie de pagos en el tiempo (primas) en compensación del compromiso contraído por el vendedor de cubrir una parte o el total del crédito asegurado en caso de que éste no sea cancelado. Estos contratos suelen involucrar usualmente a un banco vendedor de CDS, los que normalmente exigen un mínimo de 10 millones de dólares de bonos asegurados, por los cuales el comprador paga una prima proporcional al riesgo.
Son reveladoras de la actitud argentina las declaraciones del ex ministro de Economía argentino Roberto Lavagna, quien sugirió el jueves 31 de julio durante una entrevista a Radio Mitre que los "fondos buitre" podrían estar negociando con Argentina con la mira puesta en hacer efectivos sus seguros contra default. "Lo primero que Argentina creo que tiene que hacer es seguir cumpliendo con lo que estaba cumpliendo hasta ahora. Hay que olvidarse de esos quinientos y pico millones de dólares que quedarán ahí. No están embargados pero están bloqueados. Ni se distribuyen ni vuelven para Argentina. Dejarlos ahí. Eso es una cuestión legal que se irá arreglando con el tiempo.
Disponer de 900 millones de dólares, que era el conjunto de lo que había que pagar en esta oportunidad, y buscar cómo encaminarlos para que lleguen a quienes son los acreedores. O sea, seguir manteniendo el cumplimiento que se ha venido dando en estos años. Los mecanismos hay que buscarlos. Hay legislaciones como la legislación belga, por ejemplo, el corazón del Mercado Común, que expresamente impide que se embargue un pago a un acreedor. Es justamente lo que ha hecho el juez. No embargó pero bloqueó..."
Bastaba con que acataran la sentencia de los tribunales de continuar estas negociaciones para que Argentina pudiera pagar sin obstáculos la obligación reestructurada de unos centavos por cada dólar invertido al resto de los acreedores que aceptaron los términos de 2005 y 2010, pero el actual Ministro de Economía Axel Kicillof prefiere acompañar a la Presidenta Cristina Kirchner en su visita a Venezuela para sumarse al coro de "indignados" contra el FMI y los Estados Unidos, bajo el estandarte del mal llamado "Socialismo del Siglo XXI". Aducen que no es culpa de los gobiernos argentinos las crisis sucesivas de impagos sino de los demás.
Estos fondos mutualistas y sus inversionistas se ven obligados a pargar altas primas de protección crediticia mientras arriesgan su capital en un proceso legal costoso que, además, puede redundarles cero beneficios. ¿Acaso son ellos los buitres, o lo son los políticos derrochadores y corruptos que aparentaron y siguen aparentando progreso y opulencia con los despojos de sus acreedores?
[ Otra perspectiva ]