La VII Cumbre de las Américas que concluyó a mediados de abril tuvo un cierto número de componentes, algunos de los cuales son más visibles que otros.
Es evidente que los medios de comunicación enfocaron primordialmente la reunión concertada entre el Presidente Barack Obama y el dictador cubano Raúl Castro. El espíritu de esta reunión provocó optimismo. Raúl Castro libró a Obama de todos los “pecados” cometidos por los Estados Unidos contra Cuba y elogió por primera vez a un Presidente norteamericano mencionando su origen humilde.
Este histórico encuentro fue también el eje central de los discursos pronunciados por muchos de los 35 presidentes de América Latina que acudieron a la Cumbre. La Presidenta brasileña Dilma Rousseff calificó de valientes a ambos presidentes y definió el embargo contra Cuba como perjudicial para el pueblo cubano y para las relaciones interamericanas. A Rousseff no le preocupó la profunda miseria en la que Cuba se encuentra como resultado de sus sistema comunista ni tampoco las actividades subversivas que desde 1960 han sido fuente de división en las Américas y no de colaboración.
Obama confirmó la visión de Rousseff (y la de Castro) cuando señaló en un discurso pronunciado ante el Foro de la Sociedad Civil que: “Han terminado los días en los que la agenda hemisférica de los Estados Unidos asumía que mi país puede injerirse con impunidad … Al iniciar los Estados Unidos un nuevo capítulo de sus relaciones con Cuba, esperamos que esa iniciativa nos conduzca a un entorno en el que mejoren las vidas de los cubanos”.
Por supuesto que el embargo de los Estados Unidos no le impedía a Cuba establecer relaciones comerciales con los europeos y otros países. Empero, tal parece que esta reconciliación le exige a Estados Unidos declarar un mea culpa. El régimen de los hermanos Castro necesita una pública reivindicación para no aparecer responsable de la desastrosa situación que Cuba atraviesa. La consigna de que la “política imperialista” determina el destino de los países de la periferia en un juego de suma cero sigue siendo un pretexto conveniente. Raúl Castro de Cuba, Nicolás Maduro de Venezuela, Rafael Correa de Ecuador y Daniel Ortega de Nicaragua presentaron esta misma interpretación en sus discursos, como lo hizo también de una forma más sutil la Presidenta argentina Cristina Fernández. Se alimentan de la idea de que no hay futuro que no se vincule con el pasado, como la proclaman dos intelectuales simpatizantes del ALBA, Héctor Díaz Polanco y Esteban Morales. Según ellos, las relaciones de Estados Unidos con América Latina no pueden escapar de esta prisión histórica. Por consiguiente, de conformidad con este concepto, los Estados Unidos deben aceptar pasivamente el veredicto regional sin tratar de influenciarlo, en reconocimiento de que su lamentable historia en esta región es muy difícil corregirla.
En este contexto, la mayoría de los presidentes latinoamericanos, incluyendo a nuestro tradicional aliado de Colombia, instaron al Presidente Obama a levantar las sanciones contra los siete malhechores que han violado los derechos humanos en Venezuela. Esto demuestra el nivel de presión que pueden ejercer los países del ALBA con el apoyo de los regímenes de extrema izquierda del Cono Sur. Es alentador que Estados Unidos no se haya sometido a tales exigencias, al menos por el momento, pese a que el Presidente Obama se desentendió de la firmeza original de su orden ejecutiva que señalaba a Venezuela como una amenaza de seguridad.
Empero, es importante subrayar que la Cumbre no aprobó una declaración final. En parte se debió a la falta de consenso provocada por las sanciones contra Venezuela. Los puntos de coincidencia incluyeron cuestiones relacionadas con la prosperidad, la desigualdad social, la educación, la energía y la salud. Sin embargo, no hubo acuerdo sobre las cuestiones relativas a la gobernabilidad democrática.
No obstante, fue en el Foro de la Sociedad Civil donde la Cumbre logró su mayor éxito y fue precisamente en el tema de la gobernabilidad democrática en el que la abrumadora mayoría de los grupos representando la sociedad civil en el continente lograron el consenso. Aprobaron una Declaración Final que exhorta a la Organización de Estados Americanos (OEA) a “que cumpla su rol original de garantizar la democracia y el respeto a los Derechos Humanos en el hemisferio”. También pide la creación de mecanismos eficaces para la aplicación de ese mandato.
De igual modo, esta resolución pide a los países de América: “Reconocer, garantizar y respetar la labor de defensores y defensoras de derechos humanos y adoptar una Declaración Americana sobre defensores y defensoras.” Reviste una importancia semejante otro llamamiento a garantizar la independencia del Poder Judicial en todos los países de la región y la eliminación de la corrupción y la impunidad. Del mismo modo, insta a “que cese la criminalización de la protesta social, el abuso policial, el perfilamiento racial, las detenciones arbitrarias y se liberen los presos políticos.” Lamentablemente los presidentes optaron por terminar la Cumbre sin un Documento Final debido a la falta de consenso provocada por las presiones de Cuba, Venezuela y sus aliados.
En el Foro de la Sociedad Civil, los elementos castristas, muchos de ellos sin las requeridas credenciales oficiales, trataron de sabotear las reuniones con algunos aliados procedentes de Ecuador, Bolivia, Nicaragua y Venezuela. Procedieron con violencia física, amenazas e insultos, incluyendo epítetos raciales específicamente dirigidos a la Dra. Celia Moreno, una panameña de ascendencia africana que actuaba como vicepresidenta el Foro.
Mientras que los líderes políticos de América Latina se concentraron en celebrar la inclusión de Cuba en sus debates y restaron importancia a las violaciones de derechos humanos en ese país y en Venezuela, los grupos de la sociedad civil de muchos países de la región reafirmaron el principio y la importancia de fortalecer y aplicar la Carta Democrática de la OEA. Al mismo tiempo, 33 ex presidentes de América Latina denunciaron en una declaración la crisis social y política de Venezuela y exigieron la liberación de los prisioneros políticos, el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho.
La Cumbre fue un choque de dos perspectivas polarizadas; la de los mandatarios y la de la sociedad civil. Los presidentes están buscando la unidad y la integración de América Latina basada en una especie de socialismo divorciado del concepto de gobernabilidad democrática. Aunque no todos los países están conformes con esta posición, los gobiernos de extrema izquierda llevan la voz cantante y los demás los siguen por temor a quedar aislados. Por su parte, los dirigentes de los grupos de la sociedad civil hacen hincapié en los derechos y en la democracia por sobre todas las cosas. Esto plantea la alternativa a la OEA de seguir permitiendo que países como Venezuela violen la Carta Democrática o de asumir ese mandato con seriedad.
Es indispensable recordar constantemente a los líderes de América Latina que su responsabilidad consiste en garantizar los derechos y libertades de sus ciudadanos. Por tanto, es crucial la función de los grupos de la sociedad civil para mantener la presión suficiente que garantice la integridad de la OEA y de su Carta Democrática.
El Presidente Obama se concentró en su relación con Cuba y en impulsar un proceso de normalización diplomática. Si la política de Estados Unidos se limita a fomentar sus relaciones con los gobiernos, pagará un alto precio a largo plazo. El gobierno de Estados Unidos necesita fortalecer sus relaciones con los grupos de la sociedad civil. La apertura a Cuba ha provocado la inquietud de esos grupos porque temen que su aspiración al respeto universal de los derechos humanos quedará abandonada. La normalización de las relaciones con Cuba y también con Venezuela no debe el único objetivo sino que debe combinarse con una estrategia.
La meta final debe ser la garantía de una gobernabilidad democrática para asegurar la estabilidad de una región ahora plagada de tiranos, traficantes de drogas, anarquía y terrorismo.