Para referirnos a la Democracia Participativa auténtica, no debemos limitarnos al concepto de participación democrática que ya se aplica en grados diversos en muchos países donde impera una progresista democracia representativa. Las democracias representativas que funcionan en el mundo de hoy, si no se ven adulteradas por el veneno del populismo, fomentan una creciente participación democrática por medios muy diversos, que van desde las juntas comunitarias hasta las iniciativas populares para convocar a referendos y plebiscitos. Cuanto mayor es el grado de participación que permite el mecanismo representativo, más se acercan los sistemas democráticos modernos al concepto de la Democracia Participativa.
El punto de transición podría identificarse en el momento en que determinados cambios constitucionales permitan estructurar sistemas sociopolíticos en los que la participación canalizara la toma de decisiones por mandato popular. Ese mecanismo que permitirá al pueblo y/o a sus sectores organizados tomar decisiones, y que convertiría al Poder Ejecutivo en un Poder Administrativo al servicio de sus ciudadanos, sería una Democracia Participativa genuina.
Por lo tanto, la forma indiscriminada como califican en Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y otros lugares los sistemas que allí han impuesto o intentan imponer como "democracias participativas", obedece en realidad a una estrategia destinada a confundir a los pueblos que aspiran a una transformación sociopolítica que les dé la facultad de decidir y de tomar las riendas de su propio destino. Pero no se puede saltar de una oligarquía seudodemocrática a un sistema participativo sin consolidar primero la representatividad, la separación de poderes y el respeto a la ley y el orden. Esos tres requisitos esenciales están siendo pisoteados en los países que hoy proclaman un confuso "Socialismo del Siglo XXI".
Desde que en Cuba se crearon las Asambleas del Poder Popular, supuestamente como un mecanismo legislativo que permitía la participación del pueblo, y desde que posteriormente el Presidente Chávez proclamó que su Revolución Bolivariana estaba instaurando una democracia participativa en Venezuela, las masas, sobre todo las de América Latina, están siendo condicionadas por los mismos transgresores autoritarios y totalitarios del concepto democrático para aceptar el contrasentido de que una progresiva centralización del poder se orienta hacia una mayor participación del pueblo en las decisiones públicas y no hacia una dictadura totalitaria o, en el mejor de los casos, oclocrática.
En realidad se está contemplando una nueva versión histórica de ese período del Siglo XX en que las dictaduras comunistas se autotitulaban "democracias populares", tergiversando el sentido de la palabra "popular" como hoy intentan tergiversar el de la palabra "participativa".
El Presidente Chávez contó inicialmente con un amplio mandato de su pueblo para realizar cambios que debieron haber consolidado la democracia venezolana, pero optó por convertir su popularidad en una dictadura de las mayorías que se dedicó a pisotear la legítima oposición minoritaria con un propósito ulterior autoritario y dictatorial que se aprovecha del caos social provocado y del desorden oclocrático para acaparar todo el poder político. Esta oclocracia venezolana impuesta por Chávez tiene todavía la oportunidad de avanzar hacia un sistema de democracia participativa si los venezolanos acuden en forma masiva a las urnas para que el dictador y sus secuaces no se atrevan a la trampa electoral alevosa y el gobierno legítimamente elegido decida convertir a la Asamblea Nacional (foto) en un medio de evolución legislativa pluralista y pluripartidista hacia una gradual participación democrática.
Las Asambleas Populares creadas en Cuba hace poco más de 30 años provocaron con cierto éxito el espejismo de que el país se alejaba del sistema dictatorial impuesto desde el triunfo de la revolución castrista y de que institucionalizaba una amplia participación popular en la toma de decisiones a todos los niveles de gobierno. Las Asambleas se organizaron desde el nivel del barrio hasta el nivel nacional, pero los ciudadanos a los niveles más cercanos a la población apenas podían votar a mano alzada sobre temas locales intrascendentes y debían cumplir estrictamente los lineamientos y mandatos procedentes de la cúpula del poder. El voto en la Asamblea Nacional del Poder Popular, también a mano alzada, ha "logrado" el 100% de aprobación a todas las leyes y disposiciones en Cuba durante estas tres décadas (foto).
No hay espacio aquí para analizar el trasfondo y las consecuencias del aparato político que allí han establecido. Baste señalar que es un sistema unipartidista, unicameral, abrumadoramente presidencialista y de estructura vertical. Por supuesto, está mucho más lejos de la Democracia Participativa que cualquiera de las democracias representativas del mundo de hoy, aún de las más presidencialistas.
El férreo unipartidismo del régimen cubano y el centralismo del poder en el Presidente del Consejo de Estado son las características esenciales que demuestran que en Cuba no hay una democracia participativa ni cualquier otro tipo de democracia auténtica. Es tan insultante para su popio pueblo que cualquier régimen pretenda que no puede haber en su país un movimiento autóctono de oposición, que carece absolutamente de validez y legitimidad el argumento de que cualquier manifestación opositora en Cuba sólo puede estar guiada y controlada por intereses extranjeros, como si en toda la población de millones de ciudadanos no existiera la capacidad mínima de disentir ni de pensar por sí mismos. Se desautoriza así la posibilidad de llegar a conclusiones y soluciones mejores que las que propone la élite gobernante que se arroga el derecho a tomar todas las decisiones y califica de delito cualquier intento de hacer otra cosa.
En otras palabras, esas son las características definitorias de cualquier régimen absolutista o totalitario.
Otra característica definitoria es la ausencia de una estructura jurídica que reconozca o, al menos, respete los derechos humanos y las libertades fundamentales de los ciudadanos y su capacidad de defenderse públicamente de acusaciones alevosas fabricadas por el aparato del Estado opresor y de poder hacerlo bajo la protección de un Poder Judicial independiente.
La gravísima distorsión que provoca el absolutismo totalitario en cualquier sociedad tiene sus raíces en el argumento malvado que confunde al Estado con el gobierno. En cualquier sociedad libre el Estado es imparcial en materia política porque se basa en el imperio del derecho, donde el valor de la persona humana tiene primacía. Dirigen el Estado los gobiernos de turno y lo hacen legítimamente cuando cuentan con un mandato popular expresado libremente mediante mecanismos democráticos pluralistas y pluripartidistas, donde el gobierno y la oposición están amparados por los mismos derechos y libertades. En otras palabras, las autoridades, una vez electas y en su función directriz del Estado, no gobiernan para un partido o para un sector de la población sino para el bien de TODOS sus ciudadanos. Si los gobiernos oclocráticos o populistas fueran una verdadera Democracia Participativa, esos mismos opositores que hoy se ven condenados por quienes detentan el poder habrían tenido la oportunidad previa de defender sus posiciones en las asambleas del poder popular con una amplia cobertura informativa y de prensa.
Empero, donde el sistema absolutista es totalitario, como se evidencia en el acontecer cubano y cada vez más también en el venezolano, boliviano, nicaragúense y ecuatoriano, la confusión es todavía más malvada porque no le basta con la simbiosis de Estado-gobierno sino que convierte al partido único en símbolo guardián de los poderes y prerrogativas del Estado. En los otros países citados no hay todavía un partido único exclusivista pero se procede a reprimir, descalificar y denostar a una oposición que el gobierno autoritario tacha de enemiga del Estado.
Para concluir, cabe recalcar que la lucha por el poder toma un aspecto más dignificado, decoroso y civilista en un ambiente de democracia participativa, donde se llega a las decisiones públicas de gobierno mediante la participación activa de los ciudadanos y son, por lo tanto, responsabilidad de todos en el esfuerzo de lograr el consenso nacional o, al menos, una decisión mayoritaria en un clima de concordia. Que la lucha por el poder no cesa sino que se convierte en un enfrentamiento de las ideas y en la síntesis de la razón en la acción comunitaria. Y que el ejercicio del poder adquiere así un carácter de servicio y se transforma en una función eminentemente administrativa.
La lucha por el poder en la Democracia Participativa rechaza la violencia, la imposición, y se libra en el plano institucional. En la participación está el medio para defender los intereses individuales o sectoriales en un contexto de comunidad y en su elemento dinámico está la fuerza que disipe la amenaza de los tiranos siempre en acecho. Los enfrentamientos se resuelven con el debate, la aplicación de la ley, el respeto a las libertades fundamentales, la transacción, la tolerancia y la razón. La sociedad resultante es así la OBRA DE TODOS.
Este consenso de propósitos gestado a nivel nacional podría extenderse como epidemia de paz a todas las naciones. La paz internacional sería posible porque nunca los pueblos quieren la guerra sino que son sus caudillos ávidos de más poder quienes los conducen a ella. La Democracia Participativa edificará puentes de tolerancia entre pueblos y etnias y estrechará lazos de comprensión entre culturas e ideologías. Reinará la concordia para abrir las puertas del progreso universal.
Sugiero a todos los interesados en profundizar en este tema que visiten las páginas de nuestra sección de "FUNDAMENTOS" donde encontrarán diversas perspectivas sobre este tema. Pueden también participar en un debate sobre este tema publicando sus opiniones en nuestro FORO PARTICIPATIVO.