Para comprender la actual coyuntura política venezolana hay que remontarse a la llamada IV República. A partir de 1958 en Venezuela se erigió un modelo de gobernabilidad basado en la alternancia entre los partidos dominantes (AD y COPEI) con acuerdos para redistribuir la renta petrolera y expandir la inversión social. Se construyó una democracia tutelada a través de un sistema de pactos partidistas y sociales —en un ambiente de modernización acelerada— bajo el rol redistributivo de un Estado con grandes recursos disponibles, que los canalizaba mediante un clientelismo corporativo dirigido por los partidos.
En ese contexto se expande, desde mediados de la década de los años 80 del pasado siglo, la organización social (popular y de clase media) como respuesta a la crisis del Estado rentista, la irrupción del neoliberalismo y el incremento de la pobreza, la desigualdad y la inseguridad. Junto al expandido imaginario policlasista y reformista, se incorporaron sectores populares a la política y se introdujo en buena parte de la población venezolana una noción de dignidad y de derechos, acompañada de un rechazo a las élites. Esos actores y demandas fueron las que llevaron a Hugo Chávez a la presidencia en 1998, comenzando —hasta 2006— la implementación de un proyecto democrático participativo, promotor de la justicia social, que buscaba superar los déficits de la IV República.
Pero esta iniciativa, impulsada por amplios sectores populares y medios, organizaciones de izquierda y gobiernos locales, coexistió con un componente militar autoritario que paulatinamente cobró fuerza dentro del campo bolivariano, abonado por la polarización política y las tradiciones del personalismo/populismo venezolano y latinoamericano. De 2007 a la actualidad, se presenta una sustitución del proyecto de “democracia participativa y protagónica” por el “Socialismo del Siglo XXI”, lo que conduce a un estrechamiento y homogeneización de los espacios de participación abiertos, acompañados por una expansión de la acción colectiva de toda la sociedad (oficialista y opositora) como reclamo de derechos al Estado y, como colofón, una agudización del conflicto y la polarización sociales.
La vigente Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela (CRBV, 1999) expresa, en rasgos generales, los fundamentos del proyecto democrático participativo, mismos que se modificaban en la propuesta de Reforma Constitucional (derrotada por voto popular en diciembre de 2007) y en los sucesivos Decretos Leyes del ejecutivo que introducen, de forma expedita y anticonstitucional, varias de las propuestas rechazadas por la ciudadanía. El paradigma del “Socialismo del Siglo XXI” se ha concretado en un modelo centralizado y vertical de participación, que incluso acota las prerrogativas y funciones a cumplir por estructuras afines como los Consejos Comunales (CC) y Comunas que integran el llamado Poder Comunal.
Este modelo participativo chavista ha ido evolucionado de una fase temprana (1999-2002) donde incorporaba los sujetos prexistentes, transitando luego por otra (2003-2006) donde se crean las primeras estructuras del nuevo régimen —como los CC— hasta llegar al enfoque de participación centralizada actual, impulsado desde 2007. En la etapa temprana destacaron por su impacto los Comités de Tierra Urbana (CTU), constituidos por Decreto Presidencial para la resolución de los problemas del hábitat, que alcanzaron para 2006 los 6000 CTU constituidos. Fueron estas las organizaciones chavistas que mostraron mayor potencial de autonomía —pese a su integración en las estrategias gubernamentales— acompañados por otras instancias enfocadas en los servicios como las Mesas Técnicas de Agua (MTU) y las Mesas de Energía (ME).
Otras estructuras promisorias de la etapa temprana fueron los Consejos Locales de Planificación Pública (CLPP), donde se plasmó una visión descentralizadora del poder local, que combinaba los principios de representación y participación, y se legitimaba la pluralidad de organizaciones sociales existentes en el ámbito municipal. Sin embargo, aún amparados por el marco constitucional, los CLPP vieron menguados su poder por la aparición de los Consejos Comunales (CC), enlazados directamente —en la doble dimensión material y simbólica— con el poder presidencial. Unido a ello, la reforma de la Ley Orgánica de la Administración Pública de 2008, realizada por procedimiento habilitante, otorgó al Presidente Chávez la capacidad de designar autoridades regionales especiales, lo cual erosiona las competencias de los gobernadores y alcaldes —chavistas u opositores— electos por voto popular.
Los Consejos Comunales (CC) fueron creados en medio de la tensa campaña para las elecciones de diciembre de 2006, con la doble misión de gestionar servicios comunitarios y ser la piedra angular del Poder Popular. Así enfocada, la participación a través de los CC, orientada a la construcción del “Socialismo del Siglo XXI”, circunscribe de facto el derecho a la participación a quienes se identifican con el oficialismo. La dependencia de los CC hacia el Ejecutivo, define una relación clientelar donde los adherentes al proyecto presidencial reciben recursos, mientras que sus adversarios sufren innumerables procedimientos burocráticos, sin recibir a veces los apoyos. Los CC se vinculan con las Misiones Sociales (salud, educación, alimento) y otros programas gubernamentales, que han servido para atender problemas acumulados de la población, al tiempo que se les vincula de forma estrecha al aparato estatal.
Desde entonces, la actividad principal de los CC ha sido la formulación de proyectos en el ámbito territorial para recibir recursos gubernamentales, lo cual —en ausencia de una contraloría social sólida— estimula la corrupción, ya que la fiscalización es realizada en buena medida por los propios CC. Además, como no dependen de los Consejos Municipales sino de una Comisión Presidencial Local designada desde el ejecutivo, los CC debilitan un gobierno municipal autónomo e impiden una descentralización efectiva.
Por otro lado, la democracia asamblearia de los CC se plantea como substituto de la representación estatuida a través de los Consejos Municipales y las Juntas Parroquiales, pero la casi-obligatoriedad y politización de la participación en las Asambleas de Ciudadanos de los CC supone que quien no participe, no tiene derecho a oponerse a las decisiones, lo que afecta a los no adherentes y en especial al segmento de la población no representada a partir de su exclusión por motivos políticos. Y mientras el discurso presidencial habla de empoderamiento y democratización, los resultados apuntan hacia el clientelismo, la cooptación, la centralización y la exclusión por razones de polarización política.
Sin embargo, estos problemas no son solo atribuibles al proyecto oficialista. La exclusión se reproduce allí donde la oposición es gobierno, aunque la vinculación de los CC con la Presidencia hace que la inmensa mayoría de dichas instancias tengan nexos más o menos orgánicos con el oficialismo. Como se pudo apreciar en un trabajo de campo que realizamos en el municipio Lagunillas del estado Zulia, durante la primavera de 2011, quienes sufren son aquellos CC que buscan mantenerse al margen de la polarización y, sobre todo, es la comunidad la afectada por las diversas formas de participación partidizada.
En los últimos años, los actores autónomos del chavismo, como las MTU y los CTU, han visto paulatinamente disminuida su inserción en los programas y discursos del Gobierno, que ha decidido privilegiar sus nexos con los CC y potenciar las inestables estructuras locales del joven partido oficial, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Por otra parte, con la Ley Orgánica de los Consejos Comunales y las acciones políticas con ella relacionadas resulta visible la intención de querer integrar a éstos Consejos dentro de la institucionalidad estatal o convertirlos en una suerte de “burocracia comunitaria” en un entorno donde la acelerada transferencia de competencias –responsabilidades de gestión de diferentes servicios públicos– evidencia voluntarismo y ausencia de planificación. Así, se revela una tensión permanente entre la autonomía de un movimiento social afecto a Chávez y las “nuevas” prácticas de cooptación y control del Estado venezolano, herederas de la denunciada tradición de la Cuarta República.
Referencias:
- Arenas, Nelly y Calcaño, Luis Gómez (2006) Populismo autoritario: Venezuela 1999-2005, CENDES-UCV, Caracas, Venezuela.
- Cilano, Johanna; Córdova, Edgar y Chaguaceda, Armando (2009) “Participación ciudadana y reforma del Estado en Venezuela. Entender la política a través del ciudadano”, Revista OSAL No. 26, Octubre.
CLACSO. Buenos Aires, Argentina. - Lander, Edgardo (2007) “El Estado y las tensiones de la participación popular en Venezuela” en Revista OSAL. Año VIII. Número 22. CLACSO. Buenos Aires, Argentina. Pp. 65-86.
- López Maya, Margarita —editora— (2007 y 2009), Ideas para debatir el Socialismo del siglo XXI (volumen I y II), Editorial Alfa, Caracas.
Nota: Publicado anteriormente en Cubaencuentro, 14-02-2012