El método de control que utilizan desde hace muchos años las autoridades cubanas para mantenerse en el poder y erosionar cualquier intento opositor consiste en el constante hostigamiento de los ciudadanos que el aparato de Seguridad del Estado considera hostiles al gobierno o al sistema. Sobre todo, mediante las detenciones constantes y arbitrarias, utilizando cualquier justificación para el arresto. En general este hostigamiento implica una total impunidad para aplicar o no sus propias leyes o para manejarlas con interpretaciones distintas en cada caso, lo cual siembra el desconcierto y la inseguridad. El caso que sigue es sólo una muestra.
Prohíben a periodista por segunda ocasión viajar al exterior
Autoridades migratorias prohibieron este lunes 30 de julio a la periodista Anay Remón (Ana León) abordar un avión con destino a Miami, Estados Unidos.
En el momento del chequeo migratorio en la terminal 3 del Aeropuerto José Martí de La Habana, un oficial de Emigración y Extranjería se le acercó, le solicitó el pase de abordaje, lo rompió y la condujo a una oficina donde le dijo que tenía prohibido salir del país.
El 16 de mayo, la periodista sufrió el mismo procedimiento cuando iba a viajar a Canadá. Días antes, el 26 de abril, durante un interrogatorio, un capitán de la Policía Política, le manifestó que de continuar con su labor periodística, se le prohibiría viajar al exterior.
Remón ha decidido presentar una queja ante la Fiscalía General de la República de Cuba por lo que entiende es una violación a sus derechos humanos.
En casos similares, la Fiscalía, presunta garante de la legalidad, ha respondido que deben entenderse con la Dirección de Emigración y Extranjería, y esta a su vez ha indicado: “Nosotros no decidimos, ejecutamos. Ese asunto pertenece a la Seguridad del Estado”.
En ningún artículo de la Ley de Migración de 1976, reformada el 14 de enero de 2013, aparece que la Policía Política tiene algún tipo de facultad decisoria en esa materia.
Pero en múltiples ocasiones ha podido comprobarse que la Policía Política viola las leyes en su actuar contra los periodistas independientes. Lo que indica que esa entidad represiva está por encima de la ley.
Una vez más, la Asociación Pro Libertad de Prensa (APLP) solicita la solidaridad internacional con los periodistas independientes que sufren constante represión del gobierno de Cuba.
La APLP es una organización sin fines de lucro que defiende el derecho a la libertad de expresión y prensa. En abril de 2006 solicitó su inscripción en el Registro de Asociaciones del Ministerio de Justicia pero nunca ha recibido respuesta.
Si desea conocer más sobre este caso, o lo concerniente a la libertad de expresión y prensa en Cuba, puede comunicarse a los teléfonos +53 7609 8400 y +53 5414 2643.