Kiel, June 28.– La desmoralización de los centros de educación primaria y secundaria en muchos distritos de Estados Unidos por parte de maestros y educadores empeñados en imponer la cultura LGTBQ a sus alumnos, ha llegado a su máxima expresión en el Kiel Area School District del Estado de Wisconsin cuando tres alumnos de octavo grado fueron acusados de hostigamiento sexual a una alumna porque usaron el pronombre "she" en lugar del pronombre "they" que les exigía la alumna en un escandaloso incidente en el que ella les gritaba a los tres alumnos obscenidades y amenazas. Lo peor del caso es que el distrito escolar no castigó la agresividad de la alumna sino que inició un proceso de "hostigamiento sexual" contra los tres adolescentes, invocando el Título IX de las normas escolares del distrito.
Los niños de 13 años tuvieron que recurrir a abogados y el Wisconsin Institute for Law and Liberty (WILL) accedió a defender a los tres niños y sus familias. Sus abogados informaron al distrito escolar el 12 de mayo que tanto la denuncia como la investigación de los niños eran “totalmente inapropiadas y debían ser desestimadas de inmediato”.
WILL señaló que “el mero uso de pronombres biológicamente correctos no solo no constituye acoso sexual bajo el Título IX o la propia política del Distrito, sino que también es un discurso protegido por la Primera Enmienda”.
Los abogados argumentaron que el distrito escolar había violado los procedimientos del Título IX y su propia política al manejar la denuncia. El distrito escolar de Kiel decidió finalmente que el asunto ahora se consideraba "cerrado", pero no se disculpó sino que justificó y defendió al personal responsable de la escuela.
A esto se ha llegado en muchos centros escolares de EEUU gracias al libertinaje sexual que impera en muchas escuelas y a la ideología LGTBQ que maestros y educadores están inculcando a los párvulos, aprovechando que son vulnerables a cualquier método de adoctrinamiento y que sus padres se ven prácticamente atados de manos frente a las decisiones y la políticas que impone la Junta Escolar de cualquier distrito responsable de esos centros educativos cuando sus protestas son irresponsablemente desestimadas.