Presentamos a continuación un documento consolidado que consiste en un Modelo Económico alternativo que sirva de "Bases para el Futuro" en Cuba y una declaración de principios y valores indispensables para poner en práctica esas Bases con el apoyo del "Manifiesto de Justicia Social para la Cuba del Futuro" que figura depués de las Bases.
Documento Final del Taller convocado por la PDCI el 4 de noviembre de 2017
Bases Para el Futuro:
Respuesta a la Conceptualización del actual Modelo
Económico y Social Cubano para el período 2018-2030.
Introducción
Las presentes Bases ofrecen una respuesta consensuada de un grupo de profesionales cubanos en materias de Economía, Derecho y Ciencias Sociales y Políticas a quienes se les pidió estudiar tres documentos publicados por el Gobierno Cubano en julio del 2017. Los documentos elaborados por funcionarios del Partido Comunista Cubano titulados 1.Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista; 2. Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución Para el Periodo 2016-2021; y 3. Acepción de Algunos Términos Utilizados en La Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de Desarrollo Socialista y en las bases del Plan Nacional de desarrollo Económico y Social hasta el 2030.
La finalidad práctica de estas Bases que proponemos es brindar a las autoridades cubanas actuales una salida a la perene crisis de la nación, y a futuros representantes democráticos un perfil más eficiente para la gestión económica. El propósito fundamental es lograr una guía alternativa que permita mejorar el futuro panorama económico y social de Cuba.
Los documentos analizados ponen de manifiesto errores conceptuales en los temas que pretende abordar. Un ejemplo palpable es el siguiente de las paginas 3 a 12 del documento Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano: en vez de enfocar las cuestiones netamente económicas, plantea como fortalezas para avanzar variables no-económicas, tales como la unidad del pueblo, su conciencia, el legado histórico del comandante en jefe, el respaldo al partido y a sus líderes, los valores esenciales arraigados en el pueblo cubano como son el patriotismo, humanismo, honradez, etc.
Es evidente que la economía, uno de los pilares fundamentales para ofrecer solidez y estabilidad a cualquier nación, no depende de estas variables que tanto resalta el Modelo, sino básicamente de las relaciones de propiedad, mercado, eficiencia, rentabilidad, ganancias, etc., así como del marco jurídico y político.
Otro error o tergiversación es la mención a "una extensa y activa sociedad civil preparada y organizada en defensa de la Revolución" (p. 11), término que no forma parte de la fraseología marxista tradicional y cuya exacta significación en este contexto resulta difícil de adivinar, a menos que se trate de un esfuerzo para incorporar en el documento Acepción de Términos (pp. 12-14) como partes integrantes de la "sociedad civil socialista" al Partido Comunista, la Unión de Jóvenes Comunistas, las organizaciones de masas y a otras asociaciones y fundaciones. Los autores tratan de estar a la moda o en sintonía con el resto del mundo donde el término sociedad civil es de uso cotidiano por medio de este tipo de enunciados –sin embargo carecen de un cabal conocimiento de la esencia y la naturaleza independiente de la sociedad civil.
El documento no menciona a las organizaciones religiosas o fraternales como parte de la sociedad civil, ni explica que ésta tiene una naturaleza autónoma del poder político e incluso le es permitido practicar políticas opuestas al mismo, lo que constituye una característica esencial de la sociedad civil en toda democracia. Nos inclinamos a pensar que la utilización de estos términos en el Modelo, tiene la intención de confundir al lector ajeno a la realidad cubana.
Desde el punto de vista conceptual, semántico y orgánico, el Modelo sólo se apoya en el pensamiento del desaparecido F. Castro, el del actual presidente R. Castro y en programas y lineamientos emitidos en distintos momentos por el Partido Comunista de Cuba. Un marco de referencia huérfano de la fecunda historia nacional en documentos que tratan de definir aspectos medulares del desenvolvimiento de la Nación –jurídico, económico, social, y políticos-hasta el 2030.
CAPÍTULO I
· Principios que sustentan al modelo
· Solución a las contradicciones fundamentales de la economía cubana actual.
Los documentos analizados no brindan soluciones a las siguientes contradicciones fundamentales de la economía cubana:
- entre privatización y socialización de la producción, o lo que es lo mismo: entre la propiedad y la apropiación de los resultados del trabajo, cada vez más centralizada, posesionada por y para el Estado y la participación en el proceso productivo cada vez más colectivista-socializada;
- entre producción y estímulo al factor humano (salarios, primas, etc.);
- entre el desarrollo de las fuerzas productivas cubanas, especialmente en sus avances tecnológicos, científicos y de know-how, y las relaciones estatal-asalariadas de producción;
- entre la existencia de una amplia demanda no solvente y una oferta pobre en todo sentido;
- entre las necesidades de nuevas inversiones y la ausencia de ofertas por las limitaciones burocráticas;
- entre la burocracia estatal-partidista explotadora y los trabajadores explotados;
- entre el costo de la burocracia (gobierno, ejercito, seguridad, partido, y organizaciones políticas) y las capacidades económicas del modelo;
- entre las necesidades de todo tipo de la población, en especial vivienda, alimentación y transporte, y la escasez de oferta y producción;
- entre las políticas impositivas y el desarrollo empresarial;
- entre la depresión del mercado interno y los monopolios estatales que impiden su desarrollo;
- entre la incapacidad de la dirección y sus necesidades reconocidas de renovación en general.
- entre la competitividad y productividad económica y la inclusión social.
Proponemos las siguientes soluciones para superar esas fundamentales contradicciones:
1. Poner fin al Sistema de Dirección Planificada del Desarrollo Económico y Social vigente en el país desde 1959, cuya actualización es un fracaso, liberalizando la actuación de todos los actores privados y públicos, con el objetivo de incrementar la productividad, la eficiencia y eficacia. Garantizar la protección jurídica de los derechos de propiedad dentro del sistema y la interrelación de los diferentes actores.
2. Suprimir la planificación socialista de la economía, que dejará de forma inmediata de ser la vía principal para la dirección de la economía. En su lugar, la economía social de mercado impulsará un nuevo modelo orientado a lograr los equilibrios macroeconómicos fundamentales y los objetivos y metas sostenibles de desarrollo a largo plazo. El Estado ejercerá, de conformidad con las leyes aprobadas para ese propósito, la regulación sobre la economía social de mercado, aplicando las normas más avanzadas en este ámbito.
3. Los convenios colectivos de trabajo de empresa serán el instrumento del diálogo y la concertación social, y en su contenido promoverán con absoluta libertad y autonomía de las partes, la participación activa y consciente de los trabajadores y sus representantes en la actividad de sus organizaciones.
4. La propiedad socialista de todo el pueblo deja de ser el elemento fundamental del Modelo Económico y Social Cubano, habida cuenta que nunca ha existido realmente ni hay voluntad política para su construcción. Proponemos que la propiedad de los medios de producción se devuelva a los agentes económicos privados como la forma principal en la economía nacional. Junto a la propiedad privada de personas naturales y jurídicas, como eje principal de la economía, se reconocerá la actividad de la propiedad cooperativa y de las empresas estatales.
Las organizaciones políticas, de masas, sociales y otras entidades amparadas por la organización comunista quedarán disueltas de manera inmediata.
5. Las Leyes regularán la propiedad privada y la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas no estatales. El Decreto-Ley 149/94 tiene que ser abrogado como una expresión mínima de buena voluntad y respeto a los derechos de propiedad de los ciudadanos cubanos. No debe existir una forma expedita de confiscación de sus propiedades sin las garantías procesales del derecho civil. Las leyes se deben aplicar respetando las características legales intrínsecas al concepto de propiedad que vio sus orígenes en el Derecho Romano y es base del concepto de propiedad de todas las sociedades mercantiles modernas. El derecho a enajenar, disponer, usar y disfrutar las propiedades en similares condiciones, excepto por estrictos motivos de seguridad nacional no puede ni debe ser infringido. En ese sentido todo decreto-ley, órdenes, o resoluciones que contravengan ese concepto de propiedad deben ser abrogados. El Código Civil Cubano debe sustantivar ese concepto de propiedad y leyes supletorias deben adjetivar esos derechos reafirmando lo procedimientos civiles que garanticen la protección de los propietarios. Esa es la única forma viable y sostenida para permitir el crecimiento de la economía cubana.
6. Continuar fortaleciendo el papel del contrato como instrumento esencial de la gestión económica, elevando la exigencia en su cumplimiento en las relaciones entre los actores económicos.
7. Exigir la actuación ética de los administradores, los trabajadores y las entidades privadas y públicas, así como fortalecer el sistema de auditoría interna y avanzar en la aplicación de la política de diálogo y concertación social, implicando a todos los trabajadores. La auditoría externa se basará, principalmente, en auditorías económicas, administrativas y financieras, con procedimientos homologados con los de otros países.
8. Continuar fortaleciendo la contabilidad para que constituya una herramienta en la toma de decisiones y garantice la fiabilidad de la información financiera y estadística, oportuna y razonablemente.
9. El diseño de ese modelo económico que nos proponen está basado en el mono-turismo para terminar destruyendo la naturaleza cubana. Un detalle positivo de los documentos publicados por la autoridades cubanas es que pretende conjugar el desarrollo económico a que se aspira con la preservación del medioambiente, preocupación válida a nivel mundial aunque en los documentos analizados (ver además Acepción de Términos pp.28-29), no son mencionadas explícitamente las alarmantes condiciones de contaminación ambiental propias de la Ciudad de La Habana, en especial su bahía, de las demás grandes ciudades y de las localidades donde se asientan grandes industrias: centrales azucareros, cemento, minería y petróleo, etc.
10. Dado el número de veces que se señala este problema ecológico a lo largo de los documentos, parece que existe una mayor preocupación por alcanzar una sostenibilidad medioambiental y limitar las repercusiones que el desarrollo económico acarrea a la biosfera. A ese tenor, los redactores de la presente respuesta a la Conceptualización del modelo económico y social cubano damos la bienvenida a la promulgación del Decreto-Ley 241, del 26 de septiembre del 2006 y sus artículos 741 y 829. En particular cuando se afirma que las sentencias que se dicten en proceso referido a daño al medio ambiente, no causan estado de cosa juzgada, quedando legitimado el perjudicado para ejercitar nuevas acciones reclamatorias por la continuidad de los efectos del mismo evento dañoso que haya dado lugar a la misma.
En general los miembros del Taller concurrimos con los redactores de “Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano del Desarrollo Socialista” en su segundo objetivo para regular el mercado. La importancia del medioambiente en el desarrollo económico es una posición común. No obstante, el documento usa la palabra “medioambiental” y “medio ambiente” indistintamente 17 veces en sus 54 páginas para conectar y resaltar la suma importancia de la aplicación de políticas ecológicas sostenibles en los objetivos y principios fundamentales del Estado y el Gobierno. La negación a grupos medio-ambientalistas críticos al gobierno a existir y trabajar en Cuba es un grave problema que obstaculiza el cumplimiento del segundo objetivo de lograr “establecer pautas de producción y consumo racionales y ecológicamente sostenibles”. Además es necesario aceptar el debate público como la única forma de controlar el cumplimiento de este segundo objetivo importante del documento de “Conceptualización” (pp. 39 y 40). Si el gobierno, el Estado y el Partido Comunista de Cuba (PCC) no aceptan la tolerancia como premisa y el flujo democrático de ideas como instrumento, ese objetivo no se cumplirá jamás.
Debemos agregar que continúa un divorcio entre lo que dicen querer y lo que están haciendo. En Cuba la energía primaria procede principalmente del petróleo, del que la isla carece y necesita importar, y no se ha desarrollado un sector de energía renovable a pesar de las potencialidades del archipiélago. Se necesitan grandes inversiones en infraestructura que el gobierno no podrá asumir ni siquiera con socios de capital privado. Por lo tanto se hace necesario resolver las contradicciones fundamentales de la economía cubana para resolver este y otros muchos asuntos urgentes para desarrollar el país.
CAPÍTULO II. –
La agricultura y Ganadería
Puntos muy flacos de la dirección económica del país durante las últimas seis décadas ha sido la agricultura -ahora denominada agroindustria- (Conceptualización, pp.27-32) y la ganadería; no deseamos extendernos en un recuento de los centenares, o miles de planes fracasados, experimentos y locuras de que han sido objeto ambas ramas de la economía cubana. Hoy el país es incapaz de producir los alimentos que necesita para su población, viéndose obligado a realizar masivas importaciones de alimentos por valor de miles de millones de dólares anuales, muchos de ellos producidos por el “archienemigo imperialista”.
Los autores del Modelo que examinamos pretenden, de una forma bastante idealista y hasta quizás ingenua, revivir la agricultura y la ganadería en cualquiera de sus formas, hacerlas más eficientes y competitivas hasta en el campo internacional. Sin embargo, entre las medidas propuestas no existe mención a la eliminación del monopolio del Estado sobre ambas actividades, ni del monopolio de la empresa denominada Acopio en la adquisición y comercialización de la producción de los pequeños agricultores, ni una real apertura del mercado para los productores del campo. Sin estas medidas fundamentales, todas las acciones propuestas tendrán, en el mejor de los casos, un efecto amortiguado o quedarán como un ejercicio de pura retórica.
Ofrecemos las siguientes soluciones para mejorar la industria agropecuaria:
1. Los objetivos de productividad de factores en las empresas servirán para avanzar en la implantación del principio de que los ingresos de los trabajadores y los empresarios en la economía, se correspondan con los resultados que se obtengan.
2. Se suprimen los tributos que las empresas y las cooperativas se vean obligadas a pagar en su oportunidad (según el Modelo) a los consejos de la administración municipal donde operan sus establecimientos. Su sustitución será prevista en la reforma tributaria que se establezca para tal fin, con el propósito de promover la autonomía fiscal de los municipios.
3. Las empresas privadas y estatales tendrán todas las facilidades para avanzar en el logro del ciclo completo de producción, mediante los encadenamientos productivos entre organizaciones que desarrollan actividades productivas, de servicios y de ciencia, tecnología e innovación, incluidas las universidades, que garanticen el desarrollo rápido y eficaz de nuevos productos y servicios, con estándares de calidad apropiados, que incorporen los resultados de la investigación científica e innovación tecnológica, e integren la gestión de comercialización interna y externa. Igualmente se potenciará la cooperación internacional de las empresas.
4. Las tierras estatales deben ser vendidas, y no cedidas en arrendamiento, a corporaciones cubanas y extranjeras con la condición que se mantengan productivas.
5. Las únicas tierras que se mantendrán en manos del Estado cubano serán las destinadas a la conservación de especies faunísticas y forestales.
6. Las cooperativas podrán realizar libremente todo tipo de operaciones, sin más restricciones que las establecidas en sus disposiciones de creación, como ser vendidas, trasmitidas a otras cooperativas, o a otras empresas privadas y estatales o a personas naturales. El gobierno creará una regulación de la actividad de conformidad con las leyes que garanticen el libre funcionamiento de las cooperativas.
CAPÍTULO III
El Turismo
El Modelo especifica en las páginas 36 y 37 las pretensiones de un crecimiento acelerado de la industria turística. Una buena noticia para los emprendedores nacionales es que se continuará desarrollando la actividad no estatal en alojamiento, gastronomía y otros servicios -sin especificar cuáles- relacionados con el turismo. Ahora bien, el desarrollo sostenible del turismo cubano no debe estar en manos del Grupo de Administración Empresarial, SA (GAESA), como sucede ahora. Es imperativo, para salvar el futuro, terminar de inmediato con la posesión, participación, administración y control de la industria turística nacional por los grupos empresariales de las Fuerzas Armadas Revolucionarias.
La idea del desarrollo turístico de los Cayos es una idea buena, pero la construcción intensiva de Hoteles cinco y cuatro estrellas por algunas cadenas españolas como Meliá o Iberostar, con el uso de excesivo de concreto y otros materiales no-biodegradables, no es un modelo sostenible. La idea es capitalizar al máximo las bellezas medio-ambientales, culturales, históricas de la isla combinadas con un turismo ecológico de alta calidad. Esa es la única forma de que Cuba pueda fijar un posicionamiento competitivo de su turismo en el Caribe, donde otros países tienen una larga tradición en este sector.
Mientras no se entienda que el estatalismo asalariado con ese nivel de centralización de la propiedad, la riqueza y las decisiones es el responsable de todo lo ocurrido a la economía cubana, no puede haber renovación alguna. Detrás de la miopía y el desconocimiento, el factor predominante es el interés del siempre mismo grupo de burócratas de mantener el poder económico y político, no importan las consecuencias para la economía y el pueblo cubanos. Las soluciones a los problemas de la economía cubana pasan por la desestatalización de la economía.
CAPITULO IV
La vivienda y los recursos hidráulicos
El Modelo gubernamental es parco en cuanto a cómo va a mejorar los recursos hidráulicos, el tratamiento de aguas residuales, y la construcción de viviendas; sólo se menciona la consabida necesidad de elevar la eficiencia y la creación de empresas especializadas de alcance nacional, en fin, nada relevante. En cuanto a esta ultima construcción de viviendas, proponen establecer un Programa Nacional de la Vivienda que entre sus prioridades pretende resolver el déficit habitacional (un problema mayúsculo de la sociedad cubana, ya que se calcula que el déficit pudiera alcanzar entre medio millón y un millón de unidades habitacionales) priorizar la construcción, conservación y rehabilitación de viviendas en el campo y.... estimular la natalidad (acápite 234, p.40), para lo que se adoptarán las acciones que correspondan, pero no dice cómo lograr lo uno ni lo otro. Algo que quizás hayan dejado a la imaginación del lector.
Menciona también el adecuar la legislación vigente al modelo de desarrollo, así que probablemente veremos cambios en las reglas de compra, venta, adjudicación, cesión y cualquier otra forma de posesión de bienes inmuebles. El otorgamiento de permisos o licencias para reparación de viviendasy trámites de propiedad es uno de los mecanismos más corruptos surgidos en los últimos tiempos; para nadie en Cuba es un secreto que los funcionarios de las diferentes Direcciones de la Vivienda (municipales, provinciales) se están haciendo de grandes cantidades de dinero a expensas de la discrecionalidad en el otorgamiento de estas autorizaciones o permisos, ante lo cual la ciudadanía se encuentra prácticamente indefensa, siendo esta una de las aristas más visibles de la corrupción en el país. Estos permisos deben expeditarse de una forma transparente y publica.
En relación con el eventual desarrollo del mercado de la vivienda en Cuba, los redactores de este documento manifiestan su preocupación por la violación de los derechos de propiedad confiscada sin compensación por el proceso revolucionario, cuyos titulares actuales pueden no coincidir con los reales, y al mismo tiempo advierten de la gravedad de este tipo de operaciones con consecuencias jurídicas y económicas que pueden suponer un quebranto para la economía nacional.
En cuanto al tema -agua- se priorizan la rehabilitación de acueductos y alcantarillados y el reordenamiento de las tarifas del servicio, incluyendo el alcantarillado además de otras medidas de ahorro y calidad. Estas medidas son promesas huérfanas de un plan viable y se mantendrán incumplidas.
Ofrecemos las siguientes soluciones:
1) Establecer una estrategia a largo plazo de desarrollo constructivo de viviendas. Proponemos al pueblo cubano un mapa de construcción de viviendas destinadas a resolver en su totalidad y en el menor tiempo posible la abrumadora escasez de viviendas. Esta estrategia se realizaría con parámetros adecuados de calidad arquitectónica en dos etapas, que podrían ser:
a) 2018-2025 ½ millón de viviendas
b) 2025-2030 ½ millón de viviendas
2) El futuro Poder Legislativo propondría un impuesto tributario a la construcción del 0.6% del valor de la propiedad, que estaría vigente por los primeros 10 años, destinado expresamente a mejorar la capacidad hidráulica. Tratamiento de aguas residuales, mantenimiento y mejoramiento de acueductos y alcantarillados. Este impuesto tributario debe ser pagado por entidades extranjeras y nacionales.
Los redactores del documento Conceptualización del modelo económico afirman en la página 47 del documento que “han sido creadas las condiciones económicas y sociales, así como facilidades de acceso a los servicios fundamentales que incentive las permanencia y el retorno de las familias a las comunidades rurales.” No enumeran, ni explican qué condiciones han sido creadas, porque esa afirmación al igual que el resto del documento es una sarta de mentiras y elucubraciones. El éxodo del campo a las ciudades continuará mientras el gobierno cubano continúe construyendo la economía sobre las “remesas de los cubanos en el exterior y el turismo”.
Para estimular el mercado de viviendas proponemos:
1) Liberar las fuerzas productivas del campesinado cubano con una total libertad de mercado.
2) Ofrecer créditos frescos a largo plazo con la finalidad de construcción de viviendas.
3) Permitir la compra de tierras con motivos conservacionistas y ecológicos a entidades privadas cubanas y extranjeras.
4) Permitir la contratación directa con empresas extranjeras para la construcción de viviendas.
5) La indemnización y devolución de tierras confiscadas por el Castrismo como un proceso legal que tome en consideración el justo resarcimiento de las familias y corporaciones afectadas, pero protegiendo y priorizando un futuro económicamente viable para Cuba.
6) Además, debemos dar prioridad a la empresa privada en los planes de construcción de viviendas y abandonar formulas lamentables como la denominada “esfuerzo propio”. Un plan de estas características puede tener un efecto multiplicador sobre el conjunto de la economía pero se requiere antes reforzar los mecanismos de funcionamiento microeconómico de los agentes involucrados en el proceso (sistema bancario, por ejemplo).
CAPITULO V
Industria, finanzas e inversiones
El Modelo oficialista trata de regular las formas de gestión no estatales y la concentración de la propiedad, la riqueza material y financiera en personas naturales o jurídicas, para evitar que se contraponga a los principios de “nuestro socialismo”. En la práctica lo que hacen es impedirlo. Mientras no exista una ley que garantice el respeto a la propiedad privada, nada claro puede esperarse respecto al aumento de riqueza.
Esta es una de las inconsecuencia más nefastas del Modelo que, proponiéndose la expansión de la economía privada y cooperativa, le pone trabas a su desarrollo, pues sabido es que sin acumulación de riquezas no hay producción ampliada.
Las cooperativas no agropecuarias seguirán como un experimento firmemente controladas por el Estado, lo que demuestra que los formuladores de los documentos no tienen la menor idea de lo que es el socialismo que dicen defender.
Las sociedades económicamente prósperas actuales presentan como tendencia el desarrollo del trabajo libre, privado y asociado en diversa forma, en las industrias, finanzas, y las cooperativas en cuanto a propiedad, gestión y repartición de ganancias. En materia financiera lo más importante que admiten los autores del modelo oficial es reconocer la necesidad de concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria como un paso decisivo en el ordenamiento monetario del país. Pero no aducen precisiones sobre su instrumentación ni propuestas de fechas. Este fenómeno afecta toda la economía, la gestión de las empresas estatales, las relaciones de intercambio y especialmente las inversiones extranjeras.
Los autores del Modelo económico oficial reconocen la necesidad de una inversión extranjera, pero restringida por los prejuicios de una economía estatal que controla la inversión y a llimita a los intereses generales del Estado.
No se hace referencia a la libre contratación, y este es uno de los principales obstáculos para su pleno desarrollo. Se aspira a que funcione el sistema que han establecido con el capital extranjero donde la inversión extranjera co-participa, pero no mediante la explotación semi-esclava de la mano de obra cubana, con el pago al gobierno de los salarios de los trabajadores como si el Estado fuese dueño de esa mano de obra.
La llamada Conceptualización es un compendio de criterios arbitrarios sobre un socialismo nacional cubano “propio” –en realidad un hibrido ruso-chino, enfermizo, decadente que solo aspira a mantenerse a flote con “principios” voluntaristas, y seudo-marxistas, mientras el verdadero poder económico radica en un grupo cerrado de militares aliados a la familia de los Castrosescudados en la sombrilla del Estado.
El Modelo está lleno de contradicciones, imprecisiones, con metas insostenibles, para las cuales no existen bases sólidas, sino que recuerdan los alardes de la zafra de los 10 Millones. Son la demostración más palpable del agotamiento de un modelo arcaico y de su incapacidad para reinventarse. A falta de una salida democrática de la crisis, constituyen el preámbulo de la implosión natural del experimento neo-estalinista cubano. Se niegan a reconocer sus limitaciones y errores. Apuestan a la sobrevivencia en vez de a la grandeza. Una vez más condenan al pueblo cubano a la pobreza para poder garantizar su propia existencia.
Proponemos las siguientes soluciones:
1). La política económica de un sistema democrático se orientará estratégicamente a garantizar los equilibrios macroeconómicos fundamentales, y con ello lograr un entorno macroeconómico-fiscal, monetario y financiero estable y sostenible para favorecer y estimular una asignación eficiente de los recursos nacionales y del crecimiento económico sostenido.
2). Una prioridad de la política económica será la unificación de las monedas en circulación, otorgando al peso cubano el papel de instrumento del sistema monetario, con el objetivo de fortalecer su valor y preponderancia en el país. Para ello se solicitará apoyo de organismos especializados internacionales que faciliten la estabilidad de la moneda.
3). Suprimida la planificación central de la economía, la política económica irá dirigida a consolidar el marco regulatorio e institucional de las condiciones que permitan avanzar en el funcionamiento ordenado y eficiente de los mercados para incentivar la eficiencia, la competitividad y el fortalecimiento del papel de los precios.
4). El sistema financiero será privatizado como parte de la estrategia dirigida a conseguir su funcionamiento eficiente, solvente y diversificado, que asegure la sostenibilidad financiera del país. Quedará suprimida de forma inmediata la anunciada regulación del sistema contenida en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social.
5). La política económica reconoce que el incremento sostenible y continuo de la productividad de la economía es la única garantía de incrementar gradualmente el poder adquisitivo de los ingresos provenientes del trabajo, manteniendo los equilibrios macroeconómicos fundamentales y el nivel de prioridad que requiere la recapitalización privada de la economía.
Proponemos también que el proceso de planificación democrática de la economía que sustituya al actual mecanismo intervencionista y totalitario, debe:
6). Garantizar la producción de bienes y servicios y establecer una dinámica de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) y, en consecuencia de la riqueza del país, que asegure un nivel de desarrollo sostenible, que conduzca al mejoramiento del bienestar de la población, con equidad y justicia social.
7). Promover mayores niveles de productividad y eficiencia en todos los sectores de la economía, a partir de elevar el impacto de la ciencia, la tecnología y la innovación en el desarrollo económico y social, así como de la adopción de nuevos patrones de utilización de los factores productivos, modelos gerenciales y de organización de la producción.
8). Disminuir los niveles de los subsidios y otras transferencias que se otorgan por el Estado a la economía, y promover el incremento de la inversión en infraestructuras públicas y actividades que sostengan la economía privada.
9) Lograr una relación adecuada entre el componente importado de la producción nacional y la capacidad de la economía de generar ingresos en divisas.
10) Perfeccionar y fortalecer la utilización de los indicadores macroeconómicos en el ministerio de economía, como elemento fundamental para el seguimiento y evaluación de la coyuntura.
11) La política monetaria a corto, mediano y largo plazos tendrá encomendado el logro del equilibrio monetario interno y externo.
12) Utilizar el tipo de interés como instrumento fundamental de las autoridades para lograr el control de la inflación, la estabilidad cambiaria, el poder adquisitivo de la moneda y el crecimiento ordenado de la economía.
13) Estructurar un sistema de tasas de interés racional y fundamentado, así como establecer los mecanismos que permitan que la tasa de interés se constituya en un instrumento relevante de la política monetaria.
14) Adaptar las reglas de emisión monetaria a las normas internacionales e impulsar el uso de las herramientas analíticas para su medición y control.
15) Fortalecer la utilización de los instrumentos de política monetaria para administrar desequilibrios coyunturales, contribuir al ordenamiento monetario del país y al cumplimiento de las metas establecidas en el plan. Se contará para ello con la asistencia de organismos internacionales especializados.
16) El uso de instrumentos de control de la cantidad de dinero en poder de la población en relación con la capacidad de absorción del Estado se irá sustituyendo por el uso general de los tipos de interés, como instrumento clave para lograr la estabilidad monetaria y cambiaria.
17) El crédito bancario pasará a ser gestionado por entidades privadas y se promoverá el crecimiento del mismo como mecanismo de impulso a la actividad económica del país y el fortalecimiento del mercado interno.
18) Los bancos privados deberán incrementar y diversificar las ofertas de crédito a la población en la medida que las condiciones del país lo permitan.
19) Los bancos privados deberán incrementar y diversificar las ofertas de productos bancarios a la población para estimular el ahorro y el acceso a los servicios financieros.
20) Los bancos privados podrán especializarse, si así lo estiman conveniente, para atender de forma más adecuada los intereses de los distintos sectores económicos del país.
21) El Banco Central de Cuba pasará a ocupar el papel que le corresponde en la ejecución de los mecanismos de regulación y supervisión del sistema financiero en función de los riesgos crecientes de esta actividad en el actual entorno económico y con la autonomía que se le debe reconocer.
22) En la medida de lo posible, se avanzará en un mecanismo de liberalización progresiva del sistema de pago y de los sistemas financieros, con una eficiente y transparente infraestructura de pagos.
23) Concluir el proceso de unificación monetaria y cambiaria como un paso decisivo en el ordenamiento monetario del país.
24) En la medida de lo posible, se avanzará en la creación de mecanismos más eficientes de libre cambio para el acceso a las divisas de los diferentes actores económicos, que contribuyan a facilitar el funcionamiento de la economía.
25) La política fiscal tiene como objetivo el incremento sostenido de la eficiencia de la economía y de los ingresos al Presupuesto del Estado, con el propósito de respaldar el gasto público y mantener un adecuado equilibrio financiero.
26) Corresponde al sistema tributario democrático cubano la función de redistribución del ingreso, basado en los principios de generalidad y equidad de la carga tributaria, a la vez que contribuya a la aplicación de las políticas encaminadas al perfeccionamiento del modelo económico. Tener en cuenta las características de los territorios. Una reforma tributaria democrática prestará atención a estos objetivos.
27) Estratégicamente, el Presupuesto se elaborará en equilibrio entre ingresos y gastos. Se perfeccionarán los mecanismos que garanticen que la demanda de financiamiento del Presupuesto del Estado resulte congruente con el equilibrio financiero. La deuda pública acumulada se devolverá siempre que no ponga en peligro la capacidad de la economía de generar ingresos futuros que permitan su amortización.
28) La política relativa al mercado de deuda pública irá destinada a reducir su tamaño y a su consolidación a medio y largo plazo, evitando su crecimiento.
29) El Estado limitará la inversión financiera en el sector productivo, priorizando los recursos hacia las infraestructuras de la economía.
30) Se regulará por Ley la inversión del Estado en las actividades que quieran fomentar el interés del desarrollo económico y social del país.
31) La reforma tributaria prestará especial atención a la aplicación de estímulos fiscales dirigidos a las empresas privadas de nueva creación y a las pequeñas y medianas empresas (PYMES) que lo necesiten para lograr un nivel de competitividad.
32) Los estímulos fiscales a las empresas estatales con pérdidas serán suprimidos de forma inmediata, incluso cuando se trate de sectores claves de la economía. Las empresas privadas recibirán atención prioritaria, sobre todo aquellas especializadas en la exportación, las que sustituyen importaciones y las que promuevan inversiones en infraestructuras.
33) El sistema tributario arancelario será suprimido como parte de una política de apertura al exterior que fomente tanto las importaciones como las exportaciones. Se otorgará prioridad a los regímenes arancelarios preferenciales y las bonificaciones que se consideren convenientes otorgar, bajo el principio de que los fondos exportables y las producciones que sustituyan importaciones deben ser rentables.
34) Fomentar la cultura tributaria y la responsabilidad social de la población, entidades y empresas privadas y públicas del país, en el cumplimiento cabal de las obligaciones tributarias, para desarrollar el valor cívico de contribución al sostenimiento de los gastos sociales, al tiempo que se avanza en la construcción de un moderno sistema democrático y de libertades.
35) Los instrumentos jurídicos relativos a las finanzas públicas en el país se reordenarán de acuerdo con los principios de la reforma tributaria democrática.
36). El proceso de planificación central será suprimido de forma inmediata, y quedará sin efecto en todos sus ámbitos, en especial en lo relativo a la utilización de los recursos financieros del Presupuesto del Estado, tanto en los ingresos como en los gastos.
37) Para perfeccionar la gestión en el cobro de los tributos y fortalecer el control fiscal se promoverá una reforma en profundidad de la actual Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) para convertirla en una moderna Agencia tributaria cubana, profesional, eficiente, moderna y dotada de nuevas tecnologías, que simplifique el pago de los tributos por los contribuyentes y fije la actuación recaudatoria del Estado.
38) Establecer por la estadística oficial unos índices de precios (al consumo, industriales, de servicios, de exportación e importación, etc.) que permitan medir los hechos económicos, estimulen la producción, la eficiencia, el incremento de las exportaciones y la sustitución de importaciones, así como trasladar las señales del mercado a los productores.
39) La política económica democrática promoverá la liberalización de precios, suprimiendo los que puedan estar centralizados o sometidos a cualquier tipo de control, para facilitar su ajuste de oferta y demanda en los mercados, en especial, los precios mayoristas y minoristas de todos los productos y servicios.
40) Suprimir cualquier procedimiento destinado a que el Estado garantice, controle o manipule con métodos efectivos de regulación y control directo e indirecto los precios mayoristas y minoristas. Salvo situaciones de emergencia nacional o desastres naturales,
41) La fijación de los precios minoristas no se someterá a ningún control estatal, y en su cálculo se asegurará la rentabilidad de los márgenes comerciales y los tributos que correspondan. Salvo algunas excepciones transitorias de seguridad social que fije la Ley.
42) La política de subsidios, tanto a personas como productos, irá siendo progresivamente eliminada. No obstante, durante un tiempo se podrán mantener algunos subsidios para garantizar determinados productos o servicios de uso masivo que lo requieran.
43) Los precios mayoristas, fijados libremente por los operadores en los mercados, deben constituirse en el vehículo principal para la asignación de recursos en la economía, minimizando el uso de mecanismos administrativos. Salvo situaciones de emergencia nacional durante desastres naturales u otros mecanismos creados para protección del consumidor, garantizados los derechos del proveedor bajo la Ley.
44) Promover el desarrollo del sector de seguros por la iniciativa privada para potenciar el uso del seguro, en sus diferentes modalidades, como mecanismo de protección financiera de las personas y del sector productivo, abarcando todas las formas de gestión. Promover los seguros de vida como complemento de la seguridad social.
45) Consolidar la credibilidad de la economía nacional en sus relaciones internacionales mediante el estricto cumplimiento de los compromisos contraídos y el apoyo y colaboración de los organismos internacionales especializados.
46) Los profesionales, funcionarios y empresarios que intervienen en las relaciones económicas externas actuarán conforme a las reglas y procedimientos de las organizaciones a las que pertenecen, cumpliendo con rigor sus compromisos en aspectos económicos, financieros, y jurídicos, entre otros.
47) En el ámbito de la actividad estatal, y en su caso, se aplicará el principio de “quien decide no negocia” en toda la actividad que desarrolle el país en el plano de las relaciones económicas internacionales.
48) Promover el establecimiento de empresas y alianzas en el exterior, que propicien el mejor posicionamiento de los intereses de Cuba en los mercados externos.
49) Garantizar la aplicación integral de las políticas comercial, fiscal, crediticia, arancelaria, laboral y otras. Los precios de los productos que se cotizan en bolsa y que Cuba comercializa se adaptarán a las reglas de los mercados, sin intervención estatal alguna.
50) Potenciar las facilidades a las empresas vinculadas al comercio exterior para incrementar y consolidar los ingresos por concepto de exportaciones de bienes y servicios y mejorar la eficacia de su gestión; se promoverá la creación de una vocación exportadora a todos los niveles; se promoverá la realización de estudios de mercado para la toma de las decisiones más importantes y estratégicas; y se facilitará totalmente la participación de las entidades nacionales en el comercio exterior.
51) La política comercial promoverá la diversificación de los destinos de los bienes y servicios exportables, dando preferencia a los de mayor valor agregado y contenido tecnológico, además de mantener la prioridad y atención a los principales socios del país, para lograr mayor estabilidad en la obtención de ingresos.
52) Continuar diversificando todos los mercados de productos y de servicios con el objetivo principal de incorporar mayor valor agregado al producto.
53) La actual política de exportación de servicios profesionales controlada por el Estado será suprimida de forma inmediata. En su lugar, se facilitará que todos los profesionales que deseen comercializar sus servicios en el exterior puedan hacerlo libremente, concediendo ayudas y estímulos a dicha actividad que se ejercerá de forma libre y autónoma, sin intervención del Estado.
54) En el necesario desarrollo de los servicios médicos y de salud cubanos y, con el objetivo de continuar ampliando los mercados para su exportación, se prestará especial atención a la colaboración pública y privada, facilitando la participación libre de la actividad privada en estos sectores y fomentando el establecimiento de relaciones internacionales.
55) Garantizar, por las empresas y entidades vinculadas a la exportación, que todos los bienes y servicios destinados a los mercados internacionales respondan a los más altos estándares de calidad.
56) La gestión importadora del país será completamente privatizada para lograr su mayor eficacia y eficiencia, haciendo énfasis en la disponibilidad oportuna de las importaciones, su racionalidad, el uso eficaz del poder adquisitivo y el desarrollo del mercado mayorista.
57) Las empresas privadas y estatales recibirán apoyo y asesoramiento para promover acuerdos internacionales de cooperación en el sector industrial que favorezcan las exportaciones de mayor valor agregado y la sustitución de importaciones, con un mejor aprovechamiento de las capacidades nacionales.
58) La liberalización de las importaciones y exportaciones tras un período de cautela tendrá como principal objetivo la plena inserción de Cuba en la economía mundial y el aprovechamiento de sus ventajas competitivas en la globalización. Una tarea que corresponderá al sector privado empresarial.
59) A nivel estratégico, se hará todo lo necesario para avanzar en el proceso de reordenamiento de la deuda externa, aplicando estrategias de pago flexibles, de modo que se garantice estrictamente el cumplimiento de los compromisos, para contribuir al desempeño creciente y sostenido de la economía, así como al acceso a nuevos financiamientos.
60) Restablecido el acceso de las empresas privadas y estatales cubanas a los mercados financieros internacionales, la política económica democrática se orientará a mantener estables las primas de riesgo y asegurar que el acceso a la financiación es el adecuado y no plantea problemas del pago de las deudas reordenadas y la deuda corriente.
61) La política de atracción de la inversión extranjera se adaptará al nuevo marco jurídico de protección de los derechos de propiedad. Estratégicamente se pretende incrementar la participación de la inversión extranjera directa en la economía nacional como una fuente para el desarrollo del país. Considerarla en determinados sectores y actividades económicas como un elemento fundamental.
62) Favorecer, en el proceso de promoción de inversiones, la diversificación de la participación de diferentes países en función de los intereses de las empresas que se involucren en los procesos.
63) Se suprimirá de forma inmediata la intervención estatal en la inversión extranjera con la denominada cartera de proyectos de oportunidades de inversión extranjera, para facilitar la libre elección de los operadores en las actividades, sectores y los territorios que estimen oportunos.
64) La Zona Especial de Desarrollo Mariel será privatizada de forma inmediata mediante concurso público internacional bajo la supervisión de organismos especializados que garantice la máxima transparencia. Obligatoriamente, los fondos obtenidos con la venta se destinarán a la inversión en infraestructuras necesarias para la economía nacional.
65) Los modestos éxitos en la industria Biotecnológica deben ser potenciados con una mentalidad de mercado apropiada que permita ofrecerle un soporte industrial a las innovaciones, descubrimiento y talento de los científicos cubanos. La diversificación de la economía cubana debe enfocarse como un asunto vital de seguridad nacional. El Estado debe estimular la inversión extranjera y la participación de toda la sociedad cubana en la infraestructura industrial brindándole apoyo económico y modernizando diversas industrias como la biotecnológica, la niquelífera, el cobalto, los servicios médicos, los deportes y la recreación.
Llamamos la atención también a las consideraciones de los documentos bajo examen que plantean continuar participando activamente en el impulso al proceso de concertación política e integración de Nuestra América, en especial desde la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) y la comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). En cuanto a la integración de Nuestra América, es bueno señalar que los mecanismos integradores políticos y económicos de la región latinoamericana han sufrido un agudo proceso de ralentización durante los últimos años, la crisis ha afectado al Mercosur, la Comunidad Andina ha prácticamente desaparecido luego de la retirada de Venezuela, el Sica -Centroamérica- también se ha visto seriamente erosionado y la ALBA, promovida por los desaparecidos presidentes Chávez y Castro, también se encuentra enfrentando una aguda crisis a raíz del deterioro de la situación política venezolana; de ocurrir un derrumbe del actual gobierno de esa nación ALBA estaría prácticamente condenada a la desaparición. Por lo tanto se propone re-evaluar la participación de Cuba en todos estos pactos regionales.
CONCLUSIONES
Los intentos del gobierno cubano por 58 años de diversificar la economía no han sobrepasado un saco de discursos, mentiras, y promesas incumplidas. Es hora de que por el bien de toda la nación permitan a las nuevas generaciones de cubanos traer nuevas ideas económicas y cumplir el viejo anhelo de convertir a la Mayor de las Antillas en un país desarrollado económicamente. El gobierno de los hermanos Castro intentó destruir el monocultivo azucarero y en realidad destruyó la industria azucarera sin crear otras nuevas.
Cuba necesita un proceso de democratización política y económica, que desemboque en la creación de un Estado de Derecho sustentado en una democracia. La participación popular más amplia posible debe instaurar la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. El control democrático garantizará plena transparencia, con municipalización efectiva de los poderes, donde se respeten íntegramente los derechos humanos reconocidos universalmente.
Las distintas formas de propiedad y de producción serán reguladas en una legislación que incluya la más amplia selección de empresas mercantiles y de modelos de producción con plena libertad de mercado. La nación debe promover una política dirigida a estimular fiscal y crediticiamente el trabajo libre, donde los beneficios sociales no se conviertan en un lastre económico, sino en una oportunidad más de desarrollo.
Las leyes que garantizarían este tipo de sociedad serían determinadas por el poder legislativo electo por medio del voto directo y secreto, en medio del goce pleno de las libertades de expresión, asociación y elección con multipartidismo, en un ambiente nacional de paz, integración, reunificación y concordia.
Las mismas leyes deberán incluir regulaciones específicas para la preservación y mejoramiento del medio ambiente; deberán, además, propiciar el libre acceso a la Internet por toda la población.
El papel constructivo de una oposición diversa es vital para evitar un desastre mayor con enormes pérdidas de vidas humanas en un conflicto que no es necesario. Invitamos a todos los hombres y mujeres de buena voluntad a sentarse a la misma mesa. Incluyendo a las fuerzas armadas para, teniendo en cuenta las incapacidades del sistema actual y de los documentos programáticos destinados a brindar a la nación cubana una respuesta a los retos económicos y sociales del siglo XXI, propiciar una transición democrática pacífica, sin violencia, lo que implica el establecimiento de un diálogo nacional que incluya una amplia negociación entre el actual gobierno y la oposición. Este documento es un paso en esa dirección, y una exhortación al Gobierno cubano actual a representar los intereses de la totalidad de la nación cubana.
La ventaja que detenta el gobierno al mantener a su pueblo en un estado de perenne incertidumbre financiera y desprovisto de grandes capitales tiene el efecto de paralizar toda movilidad social encaminada a lograr una sociedad civil próspera; y de anular la función fiscalizadora de esa sociedad a las gestiones de un Estado que no ha respondido en 58 años a las aspiraciones de bienestar de su pueblo.
El objetivo de la “Conceptualización” y los “Lineamientos” del gobierno cubano es mantener el control político y el poder económico. Los cubanos son rehenes de un grupo de cobardes que temen el crecimiento económico del pueblo. En esencia, una mala copia de los manuales soviéticos que han sido refutados por la historia más reciente. En el caso específico de Cuba, toda esa aberración ha implicado la destrucción de su economía, de su parque industrial y productivo y finalmente ha provocado un estancamiento y disminución de la población y sus capacidades de reproducción por emigración, baja tasa de nacimientos y vejez.
El modelo “socialista” del fidelismo es una copia barata del estalinismo que ahora se nos quiere presentar como “actualizado” por el uso de una fraseología de mercado. Las limitaciones a la propiedad privada, la propiedad cooperativa y la inversión extranjera, han sido, entre otras causantes del desastre que hoy tenemos, las expresiones más definitivas de la destrucción de la economía azucarera, la desindustrialización y la disminución de la población cubana.
Exhortamos a toda la Nación a caminar juntos hacia el futuro. A un dialogo imprescindible desde la salas de las casas hasta las plazas públicas. Exhortamos a la Nación a un futuro de paz, y prosperidad económica. Un futuro al alcance de todos. “Con todos y para el bien de todos”.
Dada en Miami, Noviembre 4, 2017.
MANIFIESTO DE JUSTICIA SOCIAL PARA LA CUBA DEL FUTURO
Las organizaciones y personas firmantes de este Manifiesto respaldan resueltamente el Documento titulado "Bases para el Futuro: Respuesta a la Conceptualización del actual Modelo Económico y Social Cubano para el período 2018-2030.", aprobado en el Taller realizado el 4 de noviembre de 2017 en la Escuela de Derecho de la Florida International University, en Miami.
Reconocemos que este documento hace una certera crítica constructiva a la política económica aprobada por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo/junio pasado, y ofrece opciones viables que contribuirían a edificar una Cuba mejor con mayores perspectivas de progreso y libertad parasu pueblo, orientándose hacia un modelo respetuoso con el compromiso político de lograr la necesaria armonía entre el funcionamiento de la economía de mercado y el alcance de la justicia social.
El documento aprobado es apenas un esbozo de las cuestiones fundamentales que han de tenerse en cuenta para impulsar una reforma económica progresista, la cual precisa elaborarse a profundidad en un ambiente de integración de toda la Nación cubana y de plena libertad de expresión que permita el debate franco y abierto para desarrollar y decidir los detalles indispensables de tan complicado y trascendente tema.
Con ese propósito, consideramos que las reformas económicas esbozadas en "Bases para el Futuro" deben desarrollarse respetando los siguientes principios básicos:
- Desarrollo pleno de las actividades económicas, mediante un orden jurídico que facilite el funcionamiento de instituciones que las promuevan, fomenten y generen confianza y estabilidad. Las actividades empresariales públicas y privadas recibirán el mismo tratamiento legal y la misma seguridad jurídica.
- Respeto a la propiedad privada y su reconocimiento como derecho individual con plenas garantías, siempre que no sea lesiva al interés colectivo, según lo estipule la Constitución y las leyes formuladas para atender a su función social.
- Libertad de empresa y sindicación con una responsabilidad social que respete el compromiso de empleados y empleadores de promover el bien común mediante normas de participación en las utilidades y la creación de fondos de contingencia y protección para cada uno de los gremios laborales.
- Promoción del cooperativismo en todos sus modelos y respaldo financiero, mediante créditos asequibles, de otras empresas comunitarias o de autogestión.
- Establecimiento de un sistema tributario justo que requiera que cada individuo contribuya a la comunidad conforme a su capacidad de rendimiento y al nivel de sus ingresos, orientado a promover un firme compromiso de solidaridad y de cooperación social en un sistema de proporcionalidad orientado a un justo equilibrio de las rentas y la riqueza de todos los habitantes del país.
- Creación de un sistema universal de Seguridad y Asistencia Social organizado por entidades públicas y privadas, de conformidad con la ley y debidamente garantizado por el Estado para que goce de sustentabilidad y responda a las necesidades mínimas de los beneficiados.
- Aplicación del principio de subsidiariedad en las políticas económicas y en la gestión de las decisiones administrativas que permitan a los gobiernos locales y a las asociaciones comunitarias tomar decisiones presupuestarias y de orden impositivo, incluyendo una amplia autonomía municipal sobre sus propios recursos con transparencia, amplia publicidad y participación comunitaria.
- Respaldo legal al desarrollo de actividades y mercados competitivos, impulsando la libre competencia y prohibiendo la formación de monopolios y oligopolios. No se permitirá la acumulación privada de poder económico en grado tal que ponga en peligro la independencia del Estado. Las concesiones de servicios públicos, cuando excepcionalmente se hagan, no podrán ser otorgadas por un período mayor a un número de años establecido por la ley y estarán supervisadas por el Estado.
- Promoción de leyes que establezcan un fundamento ético para el funcionamiento de las instituciones públicas y el orden económico y social, las cuales fomenten la autodisciplina, la responsabilidad política, el sentido de justicia laboral, la honradez administrativa, la lealtad mutua entre empresarios y trabajadores, el respeto a la dignidad humana y la solidaridad.
- Protección firme de los derechos de los consumidores, sancionando la información fraudulenta, la publicidad engañosa, la adulteración de los productos, la alteración de pesos y medidas, y el incumplimiento de las normas de calidad.
- Limitación de la intervención del Estado a cuestiones económicas estratégicas y al ajuste de las condiciones institucionales para que no contradigan los objetivos sociales y la libertad de los trabajadores, así como al control y castigo de los abusos previstos por la ley, y a las medidas coercitivas para evitar que se violen las obligaciones fiscales. Al Estado le corresponde una planificación económica referencial para los diversos operadores económicos.
El desarrollo de las ideas contenidas en el Documento titulado "Bases para el Futuro: Respuesta a la Conceptualización del actual Modelo Económico y Social Cubano para el período 2018-2030.”, que se adjunta a este Manifiesto, queda sujeto a la aplicación de estos principios básicos y de otros que sean también debidamente reconocidos, de conformidad con los instrumentos contenidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos, en un proceso democrático en el que participen todos los cubanos en un ambiente de respeto por esos derechos internacionalmente reconocidos.
Proponente
Marta Menor
Coordinador
Gerardo E. Martínez-Solanas
Redactores
Elías Amor Bravo
Pedro Campos
Horacio Espino Bárzaga
Antonio Llaca
Leonel Morejón Almagro
Moderador del Taller
Helio J. González
Analistas y otros contribuyentes al Taller
Pedro L. Guerra Bueno
René Hernández Bequet
Juan José López Díaz
Amado Lorenzo Martinez
Roberto Ruiz Casas
Adela Soto
FIRMAS INSTITUCIONALES (en orden alfabético)
Bufete Internacional de Derechos Humanos – Sergio Ramos Suárez, Director
Corriente Agramontista – Juan José López Díaz, Luis Raúl Risco Pérez y Leonel Morejón Almagro
Cultivamos una Rosa Blanca – Marta Menor, Presidenta
DemocraciaParticipativa.net – Gerardo E. Martínez-Solanas, Director
Foro de Promoción Democrática Continental– Roberto Ruiz Casas, Presidente
Participatory Democracy Cultural Initiative, Inc.– Helio J. González, Presidente
FIRMAS DE RESPALDO INDIVIDUALES (en orden cronológico)
Solicitar la lista completa a: libertad@democraciaparticipativa.net