Derechos Humanos / Human Rights

The Pakistan Penal Code, the main judicial law of Pakistan, prohibits blasphemy (Urdu: قانون توہین رسالت‎) against Islam, providing penalties ranging from a fine to death. Since 1990, nearly 70 people have been executed, lynched or murdered as a result of blasphemy allegations and many more are awaiting sentence."

‘The blasphemy law destroys the lives of those who have been accused, even if they avoid being executed’.–Father James Channon

Lahore, Jan.23.– There are nearly 200 cases of Christians in Pakistan charged with blasphemy – the controversial law made famous by Asia Bibi, according to a January 23, 2019, report by Aid to the Church in Need (ACN).

Father James Channon, director of the Peace Center in Lahore, which promotes inter-faith relations, said research by the Catholic Church had revealed 187 live cases of Christians charged with blasphemy which in Pakistan can carry sentences of life imprisonment or death.

Supporters of imprisoned Selahattin Demirtas of the People's Democratic Party (HDP), an associate member of the Party of European Socialists, hold rally in Istanbul carrying HDP and Turkish flags with a picture of of Demirtas.  

Brussels, Dec.9.– A Turkish appeals court cast aside a recent ruling by the European Court of Human Rights on December 6 and openly challenged their authority by upholding the prison sentence of Selahattin Demirtas, the leader of the People’s Democratic Party (HDP), the pro-Kurdish political entity that champions participatory democracy, women’s and religious minority rights, and which has been in fierce opposition to the authoritarian government of Turkish President Recep Tayyip Erdogan.

The Kurdish politician was tried and convicted for what most outside observers say were trumped up charges of inciting terrorism and sedition during a speech he delivered in 2013. He is in detention since November 2016, after Erdogan personally accused him of having ties to the PKK, the outlawed armed Kurdish insurgent group that has been at war with the Turkish government since the 1980s.

Es parte de la estrategia de hostigamiento constante y reiterado que ejerce el régimen cubano para entorpecer y suprimir cualquier manifestación de crítica u oposición.

Más detalles sobre la política de hostigamiento a periodistas independientes AQUÍ   

Nombre: Henry Constantín Ferreiro. 

Periodista: Revista la Hora de Cuba; Representante Regional de la SIP.
Lugar de residencia: Camagüey, provincia Camagüey.
Fecha del incidente: Día 12.
Hechos: El domicilio del periodista amaneció rodeado por agentes de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y oficiales de la Policía Política.

Algo después de las nueve de la mañana, el padre del comunicador fue interceptado en la vía pública por miembros de la Policía Política, para comunicarle que si Constantín Ferreiro salía de la casa sería arrestado y se efectuaría un registro a su domicilio.

El periodista estaba invitado, por representantes de la Iglesia Católica, a una reunión de amigos de la sociedad civil en la ciudad de Trinidad para conversar acerca de una carta abierta que varios sacerdotes enviaron al General de Ejército y Primer Secretario del Partido Comunista, hasta ese momento también Presidente de los Consejos de Estado y de ministros, Raúl Castro Ruz.

Nombre: Dagoberto Valdés Hernández. 
Periodista: Proyecto Convivencia.
Lugar de residencia: Pinar del Río. Provincia Pinar del Río.
Fecha del incidente: Día 14.
Hechos: citado a la oficina municipal de Inmigración y Extranjería a las dos de la tarde. Interrogado por el oficial de la Policía Política que se hace nombrar Yoan.

De acuerdo con Valdés Hernández, el interés de la Policía Política era conocer pormenores de su reciente visita a Polonia y España. El interrogatorio se prolongó más de una hora.

La Organización Demócrata Cristiana de América reitera su estupor por la forma brutal en la que fue asesinado el Concejal de Caracas Fernando Albán en la sede de la policía política de Venezuela. Junto con expresar nuestro pesar y solidaridad a sus familiares, amigos y compañeros de su partido Primero Justicia, comprometemos nuestro apoyo en la búsqueda de justicia y castigo a los responsables.

Las reiteradas denuncias de torturas brutales contra civiles y militares detenidos en las sedes del Sebin y DGCIM en Venezuela terminaron cobrando la vida del Concejal Albán.

Cuando desde el poder se utilizan métodos despiadados para obtener declaraciones que satisfagan el interés político del régimen, se están violando derechos humanos que incriminan de responsabilidad a los funcionarios que los ejecutan, a quienes los ordenan; y desde luego, al Sr Nicolás Maduro quien promueve y practica esa sistemática política de torturas y ultraje a la dignidad de sus compatriotas.