La Ley del más Rico
Chenai C. Mukumba
Directora Ejecutiva, Tax Justice Network Africa
Vicepresidenta, ATAF Women In Tax Network (AWITN)
Este informe no podría haberse publicado en mejor momento. La desigualdad es uno de los principales problemas a los que nos enfrentamos actualmente y, si no le ponemos freno, podría exacerbar muchas de las divisiones sociales que ya existen en nuestra sociedad. Con lo cual, abordar esta cuestión debería ser un elemento fundamental de nuestras agendas políticas, y este informe presenta una manera esencial de hacerlo que lamentablemente no se ha explorado lo suficiente: gravar la riqueza.
Cuando se grava a los más ricos, el sistema fiscal recupera su función redistributiva, limitando el aumento de la desigualdad de riqueza e ingresos. El informe ofrece una solución específica al problema de la desigualdad que en tantas ocasiones han puesto de manifiesto las ONG. No obstante, los países se enfrentan a retos importantes para hacer efectiva la tributación sobre la riqueza, por lo que se requieren soluciones específicas, especialmente en países en desarrollo.
Las autoridades fiscales encuentran limitaciones reales a la hora de aplicar dichas medidas. Por ello, es esencial que hablemos de la importancia de aplicar políticas que graven la riqueza de las élites económicas, tanto como de cómo garantizar que disponemos de la capacidad necesaria para hacerlo de una manera eficaz. Por lo tanto, y especialmente en el caso de los países en desarrollo, las recomendaciones que se comparten en el informe resultan fundamentales para reforzar la capacidad de las autoridades fiscales y aumentar la transparencia necesaria para poder rastrear la riqueza oculta en paraísos fiscales.
Como sucede con todo lo que se refiere a la acción de los Gobiernos, la clave para encontrar soluciones y aplicarlas es la voluntad política. Tengo la esperanza de que este informe sirva para que los Gobiernos tomen conciencia de la necesidad de activar las medidas adecuadas para hacer que sus sistemas fiscales sean más justos, y se aseguren de que, como decimos en los espacios de la sociedad civil: “quienes más ganan sean también quienes más paguen”.
José Antonio Ocampo
Ministro de Hacienda y Crédito Público de Colombia
Gravar la riqueza de los más ricos ya no es una opción, sino una obligación. La desigualdad global se ha disparado y no hay mejor manera de abordarla que redistribuyendo la riqueza. Como demuestra este informe de Oxfam, el 1 % más rico ha acaparado casi dos tercios de la nueva riqueza generada en los últimos dos años, casi el doble que el 99 % restante de la humanidad.
La justicia es la base de las reformas fiscales que hemos emprendido en Colombia. Concretamente, esto ha implicado la aplicación de un nuevo impuesto sobre la riqueza, mayores tipos impositivos para las personas de rentas más altas y para las grandes empresas con súper beneficios por su actividad en los mercados internacionales y el fin de los incentivos fiscales que se aplicaban a pesar de no existir una justificación clara para ello desde el punto de vista social ni ambiental. Asimismo, hemos introducido un impuesto sobre los servicios digitales y un tipo impositivo mínimo para los beneficios empresariales, partiendo del convenio para la reforma fiscal internacional.
Al abolir vacíos legales y privilegios fiscales que se han prolongado durante décadas beneficiando solo a los más ricos, dispondremos de mayores ingresos para invertir en servicios públicos gratuitos y de calidad, como la salud y la educación. Más recursos para invertir en agricultura, la respuesta climática y el medioambiente. Y para consolidar la paz. No es algo simplemente simbólico, no se trata de grandes discursos sobre subir los impuestos a los ricos en beneficio de los pobres. Es un cambio histórico que nos lo debíamos desde hace mucho tiempo. Colombia es uno de los países del mundo con mayor desigualdad, por lo que no resulta sorprendente que este fuera el elemento catalizador de las protestas nacionales de 2021. Las ciudadanas y ciudadanos de a pie han dicho “basta” y han exigido cambios.
Y les hemos escuchado. Hemos escuchado a los millones de colombianas y colombianos que trabajan duro cada día para alimentar a sus familias. A las mujeres, jóvenes y personas internamente desplazadas. A las pequeñas empresas que son la base de nuestra economía. Sin una fiscalidad justa no podremos garantizar un futuro sostenible para el conjunto de la población. Y, mientras que la mayoría de los países parece estar dando marcha atrás en su ambición de abandonar los combustibles fósiles, nuestro compromiso con la transición energética de Colombia continúa siendo firme.
Cumpliremos con nuestra parte y colaboraremos con nuestros países vecinos en América Latina para poner fin a la carrera a la baja en la región. En materia fiscal, no nos queda más remedio que cooperar en lugar de competir. Este planteamiento se extiende también a los acuerdos fiscales internacionales, que deberían beneficiar a todos los países y no solo a los más ricos.
Nos enfrentamos a crisis sin precedentes, por lo que animo a los líderes de todo el mundo a garantizar que los más ricos paguen su justa parte de impuestos para poder responder a estas crisis, acabar con ellas y construir un futuro mejor para el conjunto de la población mundial.