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Fundamentos / Basics

El Estado de Derecho, prueba fundamental de la Democracia

Written by Democracia Participativa on 15 December 2011. Posted in Fundamentos / Basics.

Proclamado el 10 de diciembre de 2011

Uno de los principales errores sobre el concepto de la democracia consiste en interpretar que se trata de un gobierno de las mayorías.  Aunque una mayoría suele ser indispensable para tomar muchas decisiones que se presentan en la vida cotidiana de las democracias, el verdadero sentido de su concepto descansa en una firme base de consenso.

Según sus raíces griegas, Democracia significa “gobierno del pueblo”.  En el sentido de la participación de los ciudadanos en las decisiones de gobierno, la democracia es un hecho histórico que se remonta a la Atenas clásica.  Sin embargo, ha evolucionado a través de los siglos para convertirse en un mecanismo de toma de decisiones que en nuestros días cuenta con una larga y todavía creciente experiencia de gobierno.

Esta experiencia nos ha enseñado que el gobierno de las mayorías desemboca con frecuencia en regímenes dictatoriales cuando se violan los derechos de las minorías.  La dictadura inicial de la mayoría se transforma gradualmente en la dictadura de una elite gobernante cuando los gobernantes se aprovechan de su posición de mando para adueñarse del poder absoluto.

La ciencia política moderna acepta que la democracia es el gobierno del pueblo porque no interpreta al “pueblo” como una mayoría sino como un todo, lo cual implica una base consensual como requisito esencial para que el “pueblo” sea el soberano.  Esa base consensual es la que sostiene lo que llamamos “Estado de Derecho”, por el que tanto el gobierno como los individuos están sujetos al imperio de la ley.

No obstante, asegurar que un estado funciona como un Estado de Derecho  por el simple hecho de que se sirve de un sistema normativo jurídico, proyecta una impresión conceptual e intrínseca que sólo lleva a lamentable confusión.  El Estado de Derecho como una base de consenso de la verdadera democracia implica un concepto de la justicia que haga énfasis en la adjudicación interpersonal y en las leyes basadas en normas aplicadas de conformidad con procedimientos legítimos.  Sin embargo, esas normas deben tener su fundamento en una ética subyacente que sirva de base a todas las leyes.  El problema que socava la legitimidad de cualquier “gobierno de las mayorías” es que esa ética subyacente esté también sometida a decisiones mayoritarias que acaban por violar el fundamento consensual que es esencial en las democracias.

Si bien el concepto básico del Estado de Derecho es ampliamente debatido y tiene muchas interpretaciones, significa sobre todo que acata normas efectivas y aplicables para impedir el abuso de poder, tanto si es consecuencia de un gobierno mayoritario legítimo como si se manifiesta como la política de un gobierno autoritario que aspira a la dictadura.  Un Estado de Derecho donde rige el imperio de la ley se diferencia de un régimen gobernado por la ley, según el Profesor de Ciencias Políticas Li Shuguang  [Tamanaha, Brian. On the Rule of Law, page 3 (Cambridge University Press, 2004)] porque  "La diferencia consiste … en que bajo el imperio de la ley, ésta es preeminente y pone un límite al abuso del poder.  Para un régimen que gobierna por la ley, ésta es una mera herramienta de gobierno represor con apariencias legalistas."

Por consiguiente, el concepto moderno de democracia exige una ética como base de consenso.  Y la “moral” resultante en el sentido político se refiere a principios universalmente reconocidos.  La moral no puede ser relativa ni depender de consideraciones culturales o religiosas.  Esta moral descansa en los derechos humanos inalienables que han sido reconocidos y sancionados por todas las naciones en la Carta Internacional de Derechos Humanos, de la que forman parte la Declaración Universal de Derechos Humanos (aprobada en 1948), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966) con sus dos Protocolos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (1976).

Estos documentos deben quedar reforzados por la legislación nacional con suficiente compasión y solidaridad para que sean verdaderamente viables.  Sin embargo, los derechos internacionalmente reconocidos que contienen estos instrumentos internacionales no pueden ser modificados ni enmendados por una decisión mayoritaria ni tampoco por algún gobierno que alegue estar aplicando la ley como justificación.  Únicamente dentro de las estrictas limitaciones morales (o éticas) de respeto esencial a los derechos humanos, puede una sociedad aplicar la ley en forma legítima a nivel comunitario, regional o nacional para alcanzar sus objetivos culturales, económicos y políticos mediante decisiones mayoritarias.

La sociedad no puede quedar definida por una simple mayoría, porque la sociedad es un conjunto de individuos que existe mediante la colaboración y el respeto mutuo.  No obstante, es también un error conceptual la afirmación de que la sociedad no tiene derecho a identificarse con determinadas convicciones.  El Estado de Derecho permite que las mayorías determinen la identidad básica de la sociedad en que se desenvuelven, bajo la condición de que respete los derechos fundamentales de todos sus miembros.

En un Estado de Derecho, cualquier sociedad goza de la facultad de tomar como guía principios cristianos, budistas, musulmanes o seculares, si así le place, siempre que los derechos fundamentales de los miembros de esa sociedad (minorías y mayorías) disfruten de pleno respeto.  Esa es la prueba fundamental de la Democracia.

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The Rule of Law - litmus test for Democracy

Written by Democracia Participativa on 15 December 2011. Posted in Fundamentos / Basics.

Proclaimed on December 10th, 2011

One of the major misconceptions of democracy is the notion that democracy is the rule of the majority. While a majority is needed to reach most decisions in everyday democratic life, true democracy exists on a solid consensual basis.

According to the Greek root of the word, Democracy means “government of the people”. Democracy as citizens’ participation in government decisions is a historical fact that goes all the way back to ancient Athens. Democracy, however, has evolved through the ages and is a mechanism for decision-making with a long and still accumulating experience of government up to our days.

We have learned by experience that majority rule often turns into a dictatorship when minority rights are violated. Such dictatorship of the majority gradually develops itself into a dictatorship of a ruling elite when people in power take advantage of being at the helm to seize absolute power.

Modern Political Science accepts democracy as the rule of the people because the “people” is not a majority but a whole, implying a consensual base as an essential requirement for the “people” to rule. Such a consensual base is what we now call the “rule of law”, meaning that government and individuals are subject to the law.

However, to say that any State is under the rule of law because it boasts a legal regulatory system gives a conceptual and real meaning that only promotes a regrettable confusion.  The rule of law as a consensual base for true democracy entails a concept of justice which emphasizes interpersonal adjudication and laws based on norms and standards applied according to proper procedures. However, such standards must rest upon an underlying moral basis for all law. The problem with majority rule arises when such moral basis is subjected to majority decisions that eventually trample on the essential consensual base of democracy.

While the basic concept of the “rule of law” is widely debated and has many interpretations, it basically means a true and enforceable check against the abuse of power, whether this abuse comes from a majority rule or an authoritarian government turning into a dictatorship. The rule of law can be differentiated from the rule by law, according to Political Science professor Li Shuguang [Tamanaha, Brian. On the Rule of Law, page 3 (Cambridge University Press, 2004)] as follows: "The difference....is that, under the rule of law, the law is preeminent and can serve as a check against the abuse of power. Under rule by law, the law is a mere tool for a government, that suppresses in a legalistic fashion."

Therefore, the modern concept of democracy requires a consensual moral basis. And “morals” in a political sense refer to universally recognized principles. Morals cannot be relative and do not depend on culture or religion. Morals rest on the inalienable human rights recognized and sanctioned by all nations in the International Bill of Human Rights, consisting of the Universal Declaration of Human Rights (adopted in 1948), the International Covenant on Civil and Political Rights (1966) with its two Protocols and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1976).

These documents must be reinforced at the level of national legislation with enough compassion and solidarity to make them enforceable.  However, the universally recognized rights contained in these international instruments cannot be modified or amended by a majority or government allegedly enforcing the rule of law.  Therefore, it is only within the moral (or ethical) limitations of the essential respect for human rights that a society can legitimately apply the rule of law and rightfully accomplish the cultural, economic and political objectives of their community, region or country by majority decisions.

Society in itself is not determined by a majority, because society as a whole exists by collaboration and mutual respect. However, it is a serious misconception that society has no right to identify itself with certain beliefs. The rule of law allows a majority to determine the basic identity of a society, as long as it respects the fundamental right of all its members.

Under the rule of law any society has the right to consider itself guided by Christian, Buddhist, Muslim or secular principles, as it wishes, as long as the fundamental rights of all members of that society (minorities as well as majorities) are fully respected. That is the litmus test for Democracy.

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Important Definitions / Definiciones Importantes

Written by Democracia Participativa on 17 June 2011. Posted in Fundamentos / Basics.

The Participatory Democracy Cultural Initiative, sponsor of these WEB pages, formally rejects the use of the terms left, center and right, as in any way being significant for the study and/or analysis of social issues and state policies.  Those terms are confusing in political debate and only serve as mere labels to be used in demagogic and/or derogatory contexts.  Either citizens and politicians are democracy lovers or they are democracy bashers.  As such they will either tackle issues and policies as a common effort to be shared by all under a human rights abetting regime or will instead justify their authoritarian policies as a messianic quest "for the good of the people" that must be achieved by any means available.

Political thought forms a wide rainbow from the Communists and Socialists on one side to the Conservatives and Libertarians on the other with a wide diversity of intermediate shades.  Citizens following anyone of those political philosophies may be democracy lovers as far as they respect the rights of others and promote law and order as a national consensual goal.  On the other hand, authoritarian regimes might use any one of those shades in the political rainbow to cover-up their real goals of attaining power and preserving it indefinitely at all costs.

Hence, the litmus test of democracy depends not on left, center or right, Communist or Libertarian or any other, but on due respect to the inalienable rights of others under a law abiding regime.  Its measure is given on how decentralized a government is in applying the subsidiarity principle.

Participatory democracy emerges from social and political order as one further step taken by society beyond representative democracy.  In fact, authentic participatory democracy is such that uses representation as a real interactive agent of citizens' participation in decision-making.  The subsidiarity principle applies to any real progress a representative democracy achieves towards decentralization and participation.

 

La Iniciativa Cultural para una Democracia Participativa, patrocinadora de estas páginas de la WEB, rechaza formalmente las denominaciones izquierda, centro y derecha como carentes de significado en el estudio o el análisis de los problemas sociales y de las políticas del Estado.  Esos son términos que confunden el debate político y sólo sirven como convenientes etiquetas para el discurso demagógico y la acusación peyorativa.  El ciudadano común y el político se manifiestan con sus hechos como amantes de la democracia o como sus enemigos.   Como tales, ya bien se mostrarán dispuestos a enfrentar los problemas y promover las políticas como un esfuerzo común compartido por todos bajo un régimen promotor de los derechos humanos, o justificarán sus esfuerzos autoritarios, por el contrario, como una gesta mesiánica que deben imponer por todos los medios a su alcance "para bien del pueblo".

El pensamiento político es un amplio arcoiris que abarca desde los comunistas y socialistas, por una parte, hasta los conservadores y anarquistas o libertarios, por la otra, con una gran diversidad de matices intermedios.  Los ciudadanos que favorezcan cualquiera de estas filosofías políticas demostrarán ser amantes de la democracia con su respeto a los derechos de los demás y sus esfuerzos para promover un consenso nacional basado en las leyes y el orden.  En el otro extremo, los regímenes enemigos de la democracia podrán utilizar para sus propios fines cualquiera de estos matices del arcoiris político como una pantalla que oculte sus verdaderos propósitos de poder con el fin de preservarlo indefinidamente a cualquier costo.

Por consiguiente, la autenticidad de una democracia no depende de la izquierda, el centro o la derecha, de los comunistas, los libertarios o cualesquiera otros, sino del respeto a los derechos inalienables de los demás bajo un régimen que se ajuste a la ley para aplicar la justicia.  Su progreso se calculará a su vez por la medida de descentralización del gobierno en aplicación del principio de subsidiariedad.

La Democracia Participativa emerge del orden social y político como un paso más de la sociedad que trasciende el mecanismo de la Democracia Representativa.  Podemos concebir a una democracia participativa auténtica cuando ha aprendido a manejar esos mecanismos de representación como un agente interactivo de participación ciudadana en el proceso de tomar decisiones.  El principio de subsidiariedad se aplica así a todo progreso real que logre la democracia representativa hacia las metas de descentralización y participación.

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Juan Bautista Alberdi

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