El control de la justicia para usarla como instrumento de represión política y de control social es el método de los gobiernos de la órbita castrista que simularon ser democracias y que han quedado en evidencia como dictaduras en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
Con procedimientos similares y con el mismo discurso que pone a los pueblos como pretexto, estos regímenes usan el poder judicial para violar derechos humanos y libertades fundamentales, desaparecer el Estado de derecho y extinguir la división e independencia de los poderes públicos. Evo Morales en Bolivia repite este ritual dictatorial marcado por la manipulación, el plagio y la corrupción.
La división e independencia de los órganos del poder público, reconocida en la Carta Democrática Interamericana como un “elemento esencial de la democracia”, constituye junto al reconocimiento de los derechos fundamentales la base del “estado de derecho”.
Debe evitar que un solo individuo o grupo concentren todo el poder del estado, separando las facultades o funciones ejecutiva, legislativa y judicial para que el gobierno tenga control y equilibrio de las funciones públicas. Son los “checks and balances”, los “frenos y contrapesos” al poder, que permiten a una de la ramas limitar y controlar a las otras, todas ente sí, para evitar el poder del “monarca absolutista” y el poder “despótico” que hoy equivale al del “dictador”.
El papel del órgano o poder judicial, el de los jueces, es esencial porque en el marco del principio de división e independencia, tienen el papel de proteger al ciudadano del abuso de otros individuos garantizando la igualdad, pero fundamentalmente deben proteger al ciudadano del abuso del estado y de los excesos del gobierno.
En democracia los jueces están para garantizar la “constitucionalidad de las leyes”, esto es que las leyes emitidas por el Legislativo o las órdenes del Ejecutivo respeten los derechos fundamentales y principios establecidos en la Constitución. Los jueces están obligados a evitar el abuso y despotismo haciendo que “nadie se ponga por encima de la ley” ni tenga la pretensión de hacer “leyes infames” que en lugar de proteger violan los derechos humanos.
Por eso los dictadores del socialismo del siglo XXI controlan los jueces y todo el sistema de justicia en Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua. Con verdaderos jueces ninguna de las suplantaciones constitucionales realizadas en todos y cada uno de esos países para perpetuar a sus jefes de gobierno en el poder hubiera sucedido.
Con jueces independientes no existirían perseguidos, presos ni exiliados políticos por procesos en los que el régimen achaca sus propios crímenes a las víctimas a las que enjuicia y sentencia como los miles de casos en Cuba que incluso terminaron en fusilamientos; centenas en Venezuela con el más notable de Leopoldo López; los de Bolivia en que Evo Morales encubre sus delitos de octubre de 2003, de las masacres del Hotel Las Américas, del Porvenir, Cochabamba y decenas más.
Con división e independencia del poder, Daniel Ortega en Nicaragua no hubiera podido anular a la oposición y realizar la farsa de su reelección; ni Nicolás Maduro hubiera podido tomar el poder y no pretendería ahora la vergüenza de su “constituyente fascista”; en Ecuador no hubieran podido encubrir la corrupción como lo hacen tapando hasta ahora los nombres de los funcionarios del régimen de Correa que recibieron sobornos de Odebrecht; Evo Morales no se hubiera reelegido sin la prevaricadora sentencia que lo habilitó para operar nuevamente el fraude electoral en 2014. Son miles los hechos notorios que marcan a estas dictaduras y que provienen del uso y manipulación de la justicia que en lugar de respetar la ley sirve a los Castro, Chávez, Maduro, Correa (Moreno), Morales y Ortega para cometer y encubrir sus crímenes y corrupción.
Por eso y como paso previo a simular su re-re-reelección en 2019, en contra de sus propias normas dictatoriales y del resultado del referéndum del 21F, Evo Morales está nuevamente en el proceso de hacerle creer al pueblo boliviano que elegirán jueces, presentándole una lista manipulada donde solo están funcionarios, miembros y potenciales serviles a su régimen. Se trata de un fraude más para continuar y reforzar la concentración del poder, que es posible con una opinión publica amedrentada y una prensa libre ausente, precisamente por la amenaza de la utilización política de la justicia como método de control social.
Estas dictaduras tiene además la pretensión de ser “fundadoras” y “reformadoras”. Morales dice que reforma la justicia en la que por ejemplo, ha promulgado el nuevo Código Procesal Civil por ley 439, atribuyendo la autoría “por primera vez solo a profesionales bolivianos” y dándole el valor de “legislación descolonizadora”, pero sin mencionar que tan importante instrumento de su auto proclamada política de “dignidad plurinacional” es copia del proyecto presentado por el presidente Sánchez de Lozada (a quien derrocó y acusó de neoliberal) y que fue redactado como “anteproyecto del Código del Proceso Civil” por los abogados bolivianos Mario Cordero Miranda, Enrique Díaz Romero y Kenny Prieto Melgarejo, citado incluso como libro El Nuevo Proceso Civil, de Editorial Kipus.
Plagiar es “copiar en lo esencial obras ajenas dándolas como propias”, y cuando además se le da sentido fundacional y político por el jefe del estado plurinacional, es simplemente “corrupción”. Se trata delitos cometidos por la organización que controla hoy el Gobierno de Bolivia y todo el poder, agravados porque -otro botón de muestra- José César Villarroel Bustios, uno de los presuntos redactores del código procesal civil plagiado por el dictador Morales, es ahora candidato elogiado, destacado y seleccionado por el régimen, y seguro “elegido” como magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Así se controla la justicia en Bolivia por el socialismo del siglo XXI, con plagio y corrupción.
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