En Kiev, a mediados del pasado mes de enero, un tribunal inició juicio por el genocidio de millones de campesinos ucranios durante la colectivización socialista de la tierra durante la época soviética. Tras una investigación que ordenara el entonces presidente Victor Yuschenko, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) se dedicó por meses a indagar en los documentos de los que fueron una vez archivos secretos soviéticos. Revisaron actas de confiscaciones de la tierra, directivas partidistas, juicios sumarísimos, etc.
Tras iniciar las sesiones del juicio, el tribunal responsabilizó a Iosef V. Stalin y otros dirigentes del Krenlim por el genocidio de los años treinta, que se conoce en Ucrania como Holodomor. Al mismo tiempo se suspendió el juicio porque el Código Penal ucraniano no permite que se juzguen a personas fallecidas. El tribunal solamente confirmó las conclusiones que presentó en la acusación el SBU sobre la responsabilidad de Stalin y demás líderes bolcheviques. Antes de abandonar el cargo, Yuschenko lanzó la idea de crear un tribunal internacional para juzgar los crímenes del comunismo. Para este empeño urge la cooperación de los otros países que formaron el bloque socialista en Europa del Este. En Moldavia ya inició sus labores una comisión especial que se encarga de estudiar los crímenes cometidos por el régimen comunista impuesto en el país por las tropas soviéticas, tras el pacto de amistad entre Stalin y Hitler. La comisión se creó en enero pasado, a iniciativa del presidente del parlamento moldavo, Mihai Ghimpu, quien urge a sus compatriotas a dar una valoración histórica y político-jurídica al régimen totalitario comunista que imperó en esa nación del sur europeo por décadas. Reconocen en Moldavia que se desconoce la verdad sobre el pasado comunista, la esencia del sistema y buscan así, reconoce el mandatario, evitar el establecimiento de otros sistemas similares en el futuro.
La medida moldava toma como base las resoluciones de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, PACE. Una fechada en 1996 y la más reciente en el 2006. La primera estipula la creación de medidas para desmantelar la herencia de los antiguos regímenes totalitarios comunistas y la última, condena las violaciones de los derechos humanos cometidas por los regímenes totalitarios comunistas, tanto en el pasado como en el presente. No fue el producto de una discusión acalorada ni espontánea. Todo lo contrario, el esfuerzo e investigación de muchos años. Especialistas, investigadores y parlamentarios europeos visitaron Bulgaria, Letonia, Rusia y otros países del ex bloque comunista. Se estudiaron los casos de fusilamientos, ejecuciones sumarias, los fallecidos en los campos de concentración, las víctimas de las torturas, los trabajos forzados, las hambrunas creadas por el sistema.
Votaron representantes de 46 países de la zona, que además mencionaron los casos de más de 20 países en cuatro continentes que han sufrido el comunismo como Afganistán, Angola, Benin, Camboya, China, Corea del Norte, Congo, Cuba, Laos, Mongolia, Mozambique, Vietnam, Yemen del Sur y otros que menciona el histórico documento.
Existe suficiente material para exponer ante una corte. Hay investigaciones plasmadas en el Libro Negro del Comunismo, en el Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, que de por sí es una nota acusatoria en tres tomos. La historia recuerda los tribunales de Nüremberg y Tokio. Más reciente los tribunales internacionales, bajo el auspicio de las Naciones Unidas, para juzgar los crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia, en Ruanda y para el genocidio en Camboya. El ahora propuesto tribunal no debe caer bajo la jurisdicción de la ONU, donde muchas naciones comunistas todavía tienen desde derecho al veto hasta participación en las comisiones de derechos humanos.
Polonia, Lituania o la República Checa podrían ser sedes de la Corte y con la experiencia; primero de haber padecido el sistema socialista y después de haber transitado con éxito a la democracia, tienen las credenciales necesarias para esos tesones. No es una tarea para recordar el pasado, sino para preservar el futuro, pues recuerda la resolución del PACE que “los regímenes totalitarios comunistas siguen activos en ciertos países del mundo y los crímenes continúan.”
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