"Hemos caído en el fenómeno del autoritarismo, que el autoritarismo no tiene color ideológico, termina siendo lo mismo, es decir la voluntad de alguien de quedarse en el poder, de pasar sobre la ley, de reformar a la fuerza las constituciones para que los periodos presidenciales se vuelvan indefinidos". Son las palabras del ex vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez recogidas en un artículo de EFE sobre el mal gubernativo que afecta a varios países de América. Una problemática que data del siglo XIX y de la que alertó tempranamente el pensador y religioso cubano Félix Varela en su célebre deseo manifiesto de que Cuba continuara siendo tan isla en lo político como en lo geográfico. Imagen atribuida a Estados Unidos pero que realidad apuntaba a los gobiernos surgidos por la emancipación colonial de la América española.
La referencia del escritor nica se verifica en toda su veracidad en una trama donde, con raras excepciones, la tendencia parece ser afincarse al poder por la vía electoral. Una solución perfecta para ponerle rostro “democrático” a los autoritarismos de época que cunden la región. Ocurre en Bolivia, Venezuela, Nicaragua y en Ecuador lo intentó con menos éxito Correa. El ejemplo más recientemente ocurrió en Honduras con la re elección del presidente Juan Orlando Hernández en unos sufragios señalados de fraudulentos por los partidarios de su oponente Salvador Nasralla, candidato de una coalición de conservadores e izquierdistas. La situación, que ha desatado un serio conflicto cívico, en cierta medida nos lleva a un episodio de similares alcances ocurrido en el mismo escenario hondureño, con otro protagonista pero con un desenlace totalmente diferente.
Haciendo un breve recordatorio de la historia reciente habría que ir al 28 de junio del 2009 cuando tras una crisis política de varios meses entre el entonces mandatario Manuel Zelaya, ganador en las elecciones del 2006, y los poderes de la República (Congreso, Tribunal Supremo y Corte Suprema), el presidente fue depuesto y sacado del país a la fuerza mediante un operativo que recibió la repulsa de muchos gobiernos que calificaron la acción como un golpe de estado. El problema se desató precisamente por los esfuerzos de Mel para llamar a un referendo mediante una cuarta urna electoral con el propósito de modificar la prohibición vigente en la Constitución hondureña sobre la reelección presidencial. Aunque Zelaya negó este argumento esgrimido por sus acusadores, su persistencia en promover la consulta con 400 mil firmas a favor di lugar a que la Corte Supremas le inculpara de alta traición a la patria, abuso de autoridad y usurpación de funciones. En la madrugada de aquella fecha dos centenares de militares encapuchados ingresaron sorpresivamente en la residencia presidencial para arrestar a Zelaya y deportarle a Costa Rica. Un acto prohibido por la Constitución que se puso en marcha a pesar de que el gobernante no llegó a poner en práctica su proyecto para reformar el artículo que vetaba la posibilidad de su reelección.
A nueve años de aquellos sucesos el actual presidente Juan Orlando Hernández lanza la campaña para un segundo mandato y con el apoyo de sus partidarios decide contravenir el artículo que costó la presidencia a Zelaya, sin siquiera tratar de promover una consulta para modificar la prevención constitucional. Al verificarse los escrutinios con el 72.91 por ciento de las mesas procesadas, Nasralla, obtenía un 42.96 por ciento de los votos frente al 41.49 por ciento de Hernández. El TSE aseguraba que el opositor tenía un liderazgo irreversible. El jefe del tribunal incluso le dio por vencedor. Pero con la actualización del recuento en el sitio web del TSE, al cabo de muchas horas del primer informe, la ventaja comenzó a reducirse. Las nuevas cifras difundidas en la página del Tribunal Supremo Electoral (TSE), con 82,89% de las actas escrutadas, daban 42,21% de los votos a Hernández frente a 42,11% de Nasralla. Todo esto tras una jornada en la que el sistema informático del TSE sufrió una caída de cinco horas y otras de menos tiempo. Pero más allá de las irregularidades denunciadas durante el proceso electoral, y si hubo fraude o no, el verdadero trasfondo negativo se encuentra precisamente en la decisión oficialista de buscar la reelección a toda costa.
Estados Unidos fue de los primeros países que reconoció la victoria de Hernández, en medio del estallido de violentas manifestaciones. Respaldo que poco a poco fue dando seguridad a la victoria del presidente con el reconocimiento de otros gobiernos. Como detalle curioso Cuba fue de los pocos países en hacer una declaración a través del MINREX, aunque en la misma se limitó a criticar la actitud “cómplice” de la OEA mientras ratificaba el derecho de los pueblos a la paz sin injerencias externas. Esto sin entrar a cuestionar directamente el acto que provocaba la crisis. Un detalle del nuevo signo de los tiempos que tal vez esté en conexión con la visita que realizó Hernández a La Habana en el 2017 para impulsar vínculos económicos y lazos humanitarios entre ambas naciones. Justo al término de aquella estancia el dignatario comentó que en su encuentro con Raúl Castro se avanzó más allá de lo que tenía previsto.
Finalmente las aguas parecen recobrar su cauce normal y el presidente hondureño Juan Orlando Hernández inició su segundo mandato, sin parar mientes a las airadas protestas de la oposición que continúan las protestas contra lo que afirman fue un fraude electoral. Las consecuencias han sido alertadas por varios organismos y personalidades. Entre estas, la más peligrosa es la que coinciden en señalar el escritor Sergio Ramírez y el politólogo independiente guatemalteco Renso Rosal quien ve con mucha preocupación la acción inconstitucional de la reelección presidencial en Honduras como un agravante para la perspectiva regional ante el precedente nocivo que deja para los que apuestan por esta vía para mantenerse encaramados en el poder de manera indefinida. Hechos como este les ofrecen un apoyo inestimable en la materialización de sus aspiraciones, dejando sin fuerza moral a sus críticos, que o bien silenciaron la voz crítica para respaldar al mandatario hondureño en su propósito o simplemente le respaldaron abiertamente tras la consecución del acto por el que Manuel Zelaya fue separado del cargo y deportado a la fuerza.
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