De manera inédita en la historia de la democracia española el gobierno de Madrid aplicó finalmente el artículo 155 para una comunidad autónoma que incumpla abiertamente la Carta Magna y ponga en peligro los intereses generales del estado. Una medida excepcional que aplicó parcialmente el partido gobernante de Rajoy con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, partidos constitucionalistas de la oposición, para desmantelar la intentona separatista de los independentistas de la Generalitat catalana.
Las medidas provisionales que han cesado de sus puestos a los líderes políticos del proyecto que busca romper la integridad nacional del Estado español, tendrán su final provisorio tras las elecciones convocadas para el 21 de diciembre en el territorio autonómico en crisis. En las mismas no estarán los principales instigadores del plan separatista. Unos porque sobre ellos pesan serias acusaciones de sedición, rebelión y otras acciones punibles en el campo económico. Otros, en el caso del depuesto presidente Carles Puigdemont, por estar ausente del escenario tras un polémico escape a Bruselas, donde ha establecido el centro de una lucha por reivindicar su acción política, mientras trata de evadir el alcance de la ley española.
La huida de Puigdemont hacia el centro de la política europea para muchos consiste en un acto de incoherencia y cobardía, al dejar abandonados a su suerte a los otros miembros del gabinete independentista. Pero los hechos apuntan a un plan calculado desde la estrategia de llevar el conflicto a un terreno más abierto, sensible y peligroso para la estabilidad de la Unión. Tanto que resulta sospechosa la manera dispensadora en que se mueve la comitiva de los prófugos catalanes y los apoyos que recibe. Estos se costean un abogado que cobra un promedio de 1000 euros la hora, viven en costosos alojamientos y reúnen seguidores en salones que deben pagar. Gastos que pueden justificarse desde la holgura económica de los protagonistas pero que no deja fuera la suposición del soporte que pueda provenir de bolsillos externos interesados en poner toda la tensión posible a la bomba que pone a prueba la unidad europea.
El peligro es real y toma cuerpo en los separatismos postsoviéticos de Abjasia y Osetia del Sur, la moldava Transnistria y el enclave de Nagorno Karabaj, que además de expresar su simpatía por los esfuerzos separatistas en España se aprestan a sacar provecho de la evolución de ese acontecimiento en caso de prosperar. El aliento llega por igual desde el norte italiano y del mismo territorio belga, envuelto en una situación parecida por las pretensiones de un sector de la comunidad flamenca. No es extraño entonces que la defensa del correligionario catalán haya sido asumida por un abogado flamenco, especializado en querellas relacionadas con la violación de determinados tipos de derechos humanos. Un currículo que acumula la defensa de miembros de la banda ETA, el caso de la Red Avispa en 1998 y el terrorista tuco Fehriye Erdal. Un bloque solidario al que se suman desde la trastienda las controversiales figuras de Assange y Snowden
Es válida la duda ante lo que pudiera suceder en caso de que las próximas votaciones democráticas aúpen en el gobierno a grupos y partidos que sostienen la idea de una república catalana separada de España. Cabe la pregunta si no sería más urgente la puesta en blanco y negro del impedimento explicito constitucional a cualquier movimiento que suponga la ruptura del estado. Un contexto donde resulta llamativo el cambio de los anticapitalistas de la CUP y los capitalistas ya abiertamente en poses ultranacionalistas, eurófobas y xenófobas, dispuestos a participar en las elecciones sin ocultar su determinación de concretar mediante las urnas lo que no pudieron lograr por la fuerza de la ilegalidad y la manipulación en los días grises de octubre. Es evidente la posición cambiante de los militantes de la CUP dispuestos a participar en un proceso que ellos habían rechazado por adelantado, mientras continúan creando el caos. Un ejemplo ocurrió en la convocatoria de la huelga decretada el 8 de noviembre por los CDR (Comités de Defensa de la Republica) en la que piquetes de jóvenes entorpecieron el tráfico en importantes vías de Barcelona. La presencia de niños llevados por sus propios padres a participar en esa jornada, pone de relieve el problema que ahora se extiende fuera de las fronteras regionales de la comunidad autonómica.
Hay muchos detalles aún no develados. La creación de embajadas en determinadas capitales, el propósito de trasladar el centro financiero de Cataluña a París o Estonia y la denuncia de la existencia de un plan para contratar los servicios de defensa de la naciente república a una nación extranjera, suponen actos graves en caso de probarse. Y más allá de estos aspectos se esconden otros peligros. En particular los radicalismo regionales como el que mantiene encendido rescoldos en los Balcanes o el religioso que afirma la resolución de retornar la presencia de un desaparecido califato en el seno europeo. Algo que tal vez estaba fuera de los cálculos de este golpe que habla de independencias y voluntades políticas o democráticas de derechos para una nación catalana, pero que tiene como primera consecuencia el irresponsable debilitamiento de la estructura democrática que conforma a la Europa del siglo XXI
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